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Tue, Feb

#DefendéTuBolsillo

El transporte público es un servicio vital y necesario para el funcionamiento de toda capital. No sólo porque forma parte de la rutina diaria de una significativa masa urbana que opta por esta alternativa para trasladarse a sus respectivos trabajos y casas de estudio, huyendo del estrés de conducir su propio vehículo a través del colapso de las calles céntricas, sino que además, actúa como factor de integración social de una gran cantidad de familias de bajos recursos, posibilitándoles el acceso a un sistema de costos más soportables.

 

Ahora bien, los aumentos de los últimos meses en las tarifas de colectivos y trenes, y el próximo y anunciado aumento del pase de subte, son medidas económicas que impactan directamente en los sectores más vulnerables de la ciudadanía. Es por esta razón, que, dando uso a una serie de afiches y flyers dispersos en la vía pública y en la multiplicidad de redes sociales, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inició hace pocos días una campaña de difusión bajo la consigna: #DefendéTuBolsillo.

En ella se sugiere, entre otras medidas sociales, una extensión de la tarifa social procurando incluir una mayor cantidad de beneficiarios y una tarifa integrada del transporte para que quienes más viajan, paguen menos.

La Defensoría del Pueblo es un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera. Según lo prescribe el artículo 86 de la Constitución Nacional, su misión es la defensa y protección de nuestros derechos y garantías ante hechos, actos u omisiones de la Administración Pública. Nuestro Defensor del Pueblo, Alejandro Amor, considera que hay miles de personas que se encuentran en condiciones todavía más desfavorables que las previstas en la actual definición de tarifa social de transporte que hizo el Gobierno Nacional, quedando situaciones sin contemplar por fuera de las disposiciones vigentes.

Los viajes son subsidiados en un 55% por el Estado para determinado grupo de personas: jubilados, pensionados, beneficiarios de la asignación universal, del plan Progresar, excombatientes e incluso judicialmente se decidió extender el beneficio de estudiantes secundarios y terciarios a estudiantes universitarios, gracias a un amparo colectivo promovido por consejeras directivas de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. 

La campaña es una idea sin duda adaptada a la cibercultura que transitamos y es una buena manera de transmitir una inquietud presente al público general. La propuesta del organismo se centra en una tarifa integrada con ahorros y reducciones proporcionales para quienes realicen viajes múltiples y utilicen más de un medio de transporte con trasbordos o diferentes combinaciones. 

Coincidimos con la Defensoría del Pueblo en que se requiere de una política tarifaria de amplio alcance que contemple medidas dirigidas principalmente a los sectores socioeconómicos más débiles. El transporte público con un precio subsidiado históricamente por su aporte a la gestación de una sociedad más justa y equitativa, hoy no sólo es considerado un servicio básico sino también un derecho fundamental.

Evelyn Espinosa

 

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