El pasado 25 de abril, la Corte Suprema de Chile falló en contra del holding Cencosud por el alza unilateral de los costos de mantención de las tarjetas de crédito que ofrece dicha compañía conocida también como Jumbo Más.
Los antecedentes del caso se remontan a comienzos del 2006 cuando la empresa notifica a sus clientes que a partir de ese año -específicamente desde febrero- se realizaría una suba en los costos de mantención de dichos plásticos, pasando de 460 pesos chilenos a 990 anuales (valores que oscilan entre US$ 1 a 2 aproximadamente), significando un aumento del 115% del valor acordado en los contratos. Por tal motivo, desde el inicio del conflicto, cerca de 608 mil consumidores presentaron colectivamente una denuncia al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) – ente estatal que protege los derechos del los clientes. Dicha entidad, interpuso una demanda a la justicia por abuso excesivo de la compañía, pues, no consideró la deliberación de sus compradores para pactar dicha alza. El dictamen significó para Jumbo desembolsar a los afectados cerca de 70 millones de dólares en total para distribuir entre los damnificados.
Esta sentencia no sólo generó que la compañía tenga la obligación legal de indemnizar, sino que también generó consecuencias políticas que emergieron a posteriori; Laurence Golborne, pre candidato presidencial por el partido conservador de derecha, Unión Democrática Independiente (UDI), tuvo que dar declaraciones a la prensa respecto a su participación como Gerente General de Cencosud entre los años 2001 y 2009. Entonces, ¿Cuál fue su responsabilidad frente al alza unilateral?, dicho sea de paso, a finales del mes de abril se le adjudicaron nuevas acusaciones por omitirle a la Contraloría General de la República la declaración patrimonial de una sociedad en las Islas Vírgenes, considerada un “paraíso fiscal”. Por lo mencionado anteriormente, a finales del mes de abril, el señor Golborne declinó su candidatura a la presidencia.
Por último, a esta problemática se le agrega las investigaciones de la Contraloría General, y su divulgación en la revista chilena Qué Pasa, por las acusaciones de la máxima autoridad del Servicio de Impuestos Internos SII (Julio Pereira), institución encargada de la recaudación de los impuestos generales de la nación (similar al de la AFIP), dado que como persona particular mantenía un contrato de alquiler de terreno con la corporación, la cual le paga alrededor de 46.000 dólares mensuales.
El caso abre muchas puertas a la reflexión sobre el rol de las instituciones estatales y el mercado sobre los funcionarios públicos y los conflictos de interés. Hoy en día, para Chile, el Sernac y la Ley del Consumidor han abierto las posibilidades de los clientes para encontrar asilo frente a los abusos de las grandes y medianas empresas. Si bien el mercado interno chileno es altamente competitivo, el modelo libre “mercadista” genera el ambiente propicio para la existencia de empresas, compañías o holdings, capaces de establecer cláusulas abusivas como las implementadas por Cencosud.
Sin embargo, el Sernac, frente a este sistema mercantil tan abierto, se transforma en una institución Ad Hoc que logra de alguna manera un equilibrio relativamente justo entre las transacciones de las compañías y sus consumidores. El fallo de la justicia no podría ser otro, pues, si así lo fuera, el camino del sistema comercial chileno ya no sería cuestionable, sino que peligroso. La resolución de la Corte Suprema representa un precedente, aunque surge la pregunta de si acaso el fortalecimiento de instituciones públicas de protección al cliente sean una respuesta real a los vicios del mercado, o más bien, un analgésico para apalear los abusos del modelo. Claro está que los analgésicos disminuyen los síntomas, pero no cura la enfermedad.
Los conflictos de los funcionarios públicos son un tema de tratamiento casi quirúrgico – siguiendo con la analogía médica- pese a que en Chile se les permite a los empleados estatales poseer patrimonios comerciales mientras no generen disyuntivas entre las funciones y responsabilidades de su cargo. De este modo, hay una larga lista de casos de políticos chilenos que han ocupado y ocupan cargos públicos con inconvenientes de interés, incluyendo en su momento al mismo presidente Sebastián Piñera. Ahora le tocó a Golborne y a Pereira. ¿Hasta dónde llegan los límites de la actividad particular de los funcionarios públicos?, ¿el rol como funcionarios públicos es exclusivo o pueden tener otras actividades particulares que les generen ingresos?, ¿hasta qué punto combinar la actividad funcionaria y la de empresario?. La vocera de gobierno Cecilia Pérez, en alusión al caso de Pereira del SII destacó: “Uno siempre se pregunta ‘de dónde querían que viniéramos’, si ellos -la actual Oposición- estuvieron más de dos décadas en el poder, claramente del sector privado”. Esto explica porqué el actual Gobierno confunde “Management” con “Gestión Pública”. Si bien es un logro que una institución pública haya logrado tal fallo, no necesariamente significa que la aspirina haya curado el cáncer, pero algo es algo.
Luis Trigo S.
Analista de CECREDA
Fuentes:
www.biobiochile.cl
www.ciperchile.cl
www.cnnchile.com
www.latercera.com