Repensar la transparencia a nivel nacional como elemento de desarrollo e inclusión social. Es necesario avanzar en una mayor transparencia estatal, en vías de lograr una mayor credibilidad en el sistema y, de esa manera, evitar problemas históricos que obstaculizan la gestión, como los focos de corrupción. Algunas provincias ya están marcando la pauta con nuevas legislaciones de transparencias, ahora falta que el Estado nacional apunte en la misma dirección.
La sociedad civil también debe ser protagonista en el control y fiscalización de los actos públicos.
El pasado mes de Junio, en la Provincia de Misiones, se aprobó la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, norma que permite el acceso irrestricto a cualquier tipo de documentación que sirva de base a un acto administrativo, así como a las actas de reuniones oficiales. Esta nueva normativa busca, por medio de la publicidad de los actos gubernamentales y administrativos, el control y fiscalización por parte de los ciudadanos. Así, la Provincia de Misiones ofrece un ejemplo de desarrollo político y social, en la dirección de que la transparencia pública esté ligada al control y evitación de temas como la corrupción.
La aprobación de esta ley nos permite reflexionar sobre la correlación entre los niveles de transparencia publica y desarrollo económico y político, en el sentido de que los supuestos pasan por: a) a mayor transparencia, menor corrupción; y b) a menor corrupción mayor desarrollo económico. Estos supuestos, insertos en el debate internacional, han generado una amplia literatura relacionada con las estrategias de desarrollo nacional, en la cual la hipótesis pasa por el principio de que la corrupción pública impacta de manera directa en la economía y en su desarrollo, observando que la existencia de altos niveles de opacidad, provocan fugas de inversiones extranjeras y el surgimiento de mercado negro, entre otros fenómenos económicos.
Respecto de uno de los temas que más afectan la transparencia pública, el Doctor en Economía Daniel Kaufmann afirma que la corrupción lleva a que las personas más talentosas se dediquen a pensar en cómo beneficiarse y no a desarrollar actividades productivas que creen riquezas. Un Estado con bajos niveles de transparencia favorece los gastos públicos excesivos e improductivos y provoca la merma de los recursos para mantener la infraestructura física, entre otros aspectos. Este es un problema que debe erradicarse de las gestiones estatales no sólo en Argentina, sino en toda América Latina.
Este tema implica pensar en los costos que sufre la calidad de la democracia, la calidad de las instituciones políticas y la calidad de los funcionarios públicos. De tal manera que un Estado con altos niveles de transparencia pública y que esté vinculado con la capacidad de rendir cuentas a la ciudadanía -accountability-, den legitimidad y credibilidad al sistema político democrático y permitan que éste (el Estado) sirva al bien común.
El paso hacia adelante que da la experiencia local de la Provincia de Misiones y de otras que lo dieron antes, como Chubut (1992) y Río Negro (1985), hace pensar sobre la urgencia de buscar las estrategias para introducir el acceso libre a la información pública a nivel nacional, como el primer paso en vías de generar una mayor transparencia pública en el aparato estatal. Actualmente, a nivel nacional, existe la instancia del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, el cual -por medio de la Ley 25.917- el Gobierno Nacional antes del 31 de agosto de cada año presenta una cuenta pública macro fiscal. Sin embargo, aun falta reforzar el rol ciudadano en el control y fiscalización de los actos públicos como medio de inclusión social, con el fin de agregar un incentivo para generar estrategias de desarrollo en base a principios de transparencia pública.
Por Luis Trigo
Analista de CECREDA