Como es de público conocimiento, a partir de la corrida que sufrió el peso el último jueves 23 de enero y la convalidación de la devaluación por parte de las autoridades monetarias, varias grandes firmas determinaron una suba inmediata de precios.
En esta estrategia entraron varias empresas que poseen poder de determinación en sus cadenas de valor, ya sea porque ocupan un lugar monopólico como proveedores de insumos o porque ocupan un lugar dominante en las cadenas de comercialización, y como la historia lo demuestra, muchas de ellas quisieron obtener una renta extraordinaria de la situación, en perjuicio de otros sectores de la economía.
En la mayor parte de los casos, las subas determinadas en los precios no se correlacionaron con un incremento de igual magnitud en sus costos, ya que muchos de los insumos se producen íntegramente en el país y no han tenido un aumento mayor al que se viene observando durante los últimos meses. A esto se suma el hecho de que las compañías han comprado el stock a un precio sensiblemente menor al que luego pretendieron comercializarlo.
En este sentido, las autoridades nacionales, con el Ministro de Economía a la cabeza, anunciaron la puesta en marcha de sanciones y el pedido de una vuelta inmediata a los precios previos al 21 de enero, con especial énfasis en proveedores aguas arriba y comercializadores aguas abajo de productos electrónicos, electrodomésticos y supermercados, cuya actividad es muy sensible para la estructura económica y el bolsillo de los trabajadores.
A partir de diversas reuniones que mantuvo el Ministro con los principales empresarios del sector, se acordó una retracción de los precios a los valores de una semana atrás y el compromiso de adecuarse a una suba efectiva y real de los costos. En casos muy sensibles y específicos, en donde la producción y distribución nacional tiene un alto porcentaje de componentes importados, se acordó un esquema lógico y escalonado de subas, buscando que el impacto sobre el resto de la economía sea más adecuado al real peso sobre la suba de costos y las medidas especulativas de las empresas que poseen posición dominante no generen importantes para el resto de la sociedad.
En el marco de lo que entendemos por Responsabilidad Política Empresaria, concepto que apunta a un compromiso empresarial con la permanencia y el fortalecimiento del capital nacional y a un compromiso con el desarrollo sustentable del país, sostenemos la imperiosa necesidad de que las empresas nacionales se amolden a las recientes políticas cambiarias sin especulaciones que conlleven a una distorsión y abuso en los precios.
Asimismo, resaltamos la necesidad de sostener la lucha para que los frutos del crecimiento sean apropiados en momentos de cambios de precios tanto por grupos concentrados de la economía en detrimento de trabajadores como también para las PyMEs. Para esto, es una tarea de todos concientizar sobre los perjuicios que generan los movimientos especulativos contra la planificación y desarrollo de nuestro país.
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