Las sociedades se desarrollan y evolucionan cuando existe un sistema educativo que brinda oportunidades. En Chile, el movimiento estudiantil lleva la lucha por la justicia educativa y demanda la gratuidad en el sistema. Existen importantes diferencias de fondo entre el modelo chileno y el argentino. “Todos quisiéramos que la educación, la salud y muchas cosas más fueran gratis para todos; pero yo quiero recordar que al fin y al cabo nada es gratis en esta vida. Alguien lo tiene que pagar”, dijo el Presidente de Chile, Sebastián Piñera, el 11 de agosto del año pasado en una de las tantas intervenciones.
Ello fue como respuesta al movimiento estudiantil que se gestó con fuerza durante el 2011 en Chile y que exige como base central de sus demandas la gratuidad en la educación superior pública. Esta frase marca un principio rector establecido en el Ejecutivo chileno- que tiene larga data en las políticas neoliberales instauradas porla Dictadura de Augusto Pinochet –, que determina como supremacía la libertad de enseñanza, por sobre el derecho a la educación, ambos principios establecidos enla Constitución chilena.
En la reciente charla dictada por el Secretario de Educación argentino, Jaime Perczyk,organizada por el Centro Estratégico para del Desarrollo y Crecimiento Argentino, el funcionario expuso sobre la defensa de la gratuidad en la educación superior argentina. Explicó un concepto clave en esta materia: el modelo es no arancelado, pues ciertamente alguien tiene que pagar los costos, lo que en Argentina es responsabilidad del Estado, principio que se ha respetado desde la reforma universitaria de 1918. Esta arista es fundamental para entender las diferencias de fondo entre Chile y Argentina en este respecto. Mientras en Argentina se respeta, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, con rango constitucional, en donde se establece esta responsabilidad del Estado en educación superior, Chile- también firmante de dicho pacto- no lo hace valer.
El caso chileno
En Chile, existe un sistema mixto de educación superior, en el cual conviven las universidades privadas con las estatales. Sin embargo, en estas últimas, el alumno, o más bien las familias, deben pagar aranceles muy altos. Tomando los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Chile cuenta con las más altas tasas del mundo en el pago de aranceles. Y ese costo lo asumen las familias en un 84%, mientras que el Estado aporta un 16%. Para acceder a los planteles universitarios, los alumnos deben rendir un examen: Prueba de Selección Universitaria (PSU). De acuerdo al puntaje obtenido se puede postular a las 25 universidades del Consejo de Rectores, llamadas universidades “tradicionales” o “públicas”, creadas antes de 1981, donde se dictó la ley de formación de las entidades privadas de educación. Algunas de estas universidades, en el último año, también se sumaron a este proceso de selección. ¿El financiamiento?: existe un fondo solidario que apunta a los quintiles más bajos del nivel socio económico, en donde el Estado brinda un sistema de becas. También, se encuentra el Crédito con Aval del Estado, sujeto a la situación socio-económica del postulante. Dicho crédito contaba con una tasa de interés del 7%, tasa que se bajó a un 2%, en respuesta a las demandas del movimiento estudiantil. Este punto es muy importante, pues muchas familias cargan con una pesada deuda que cancelan una vez finalizados los estudios; ello corresponde a quienes lo lograban, pues los que, por diversos motivos debían desertar, también debían pagarlo. El resto de la gente, que no tiene acceso a ninguno de estos beneficios, debe cancelar el estudio de sus hijos con el esfuerzo familiar, o bien acudiendo a la banca privada con elevadas tasas de interés y asumiendo deudas de largo plazo.
Este escenario partió con el principio de libertad de enseñanza de la Constitución Política chilena de 1980. Antes, aludiendo a las primeras cartas fundamentales chilenas, se mantenía al Estado como responsable de la educación superior y se podía acudir a las universidades sin cancelar.
Volviendo a lo expuesto por Jaime Perczyk, éste puso en la palestra otro elemento sustancial que marca la diferencia de conceptos en materia de educación: el gasto público. Mientras que en Chile el gasto del Estado es del 3,3% del PIB; en Argentina es del 6%. Este indicador muestra la responsabilidad asumida por el Estado argentino que aun se defiende, pese a las reformas impuestas por el gobierno de Carlos Menem. Respecto de estas últimas reformas (del menemismo), se planteaba el financiamiento compartido, en donde algunas universidades podían hacer cancelar a sus alumnos, cuestión que se realiza en algunos planteles, pero con cifras bajísimas y analizando cada caso.
En Chile, este bajo aporte en educación se refleja en otra problemática: la calidad. Los bajos aportes basales que tienen las entidades de educación superior mellan en una crisis, sobre todo en temas como la investigación. Así, ninguna universidad chilena figura en los puestos de avanzada en los rankings de universidades mundiales.
Los desafíos del movimiento estudiantil chileno
El cansancio por el endeudamiento y los altos aranceles que hemos expuesto en esta columna, hicieron que los estudiantes se movilizaran con una demanda muy concreta: gratuidad en la educación superior. La respuesta del Gobierno apunta en la dirección de la frase del Presidente Piñera que abre este artículo: “todo tiene un costo”, y desde luego que está en lo cierto. El tema es que ese costo debería ser asumido por el Estado, pues la educación es un bien redistributivo que hace que los países se desarrollen con capital humano. Otra argumentación de la derecha chilena es que los más pobres no pueden financiar la educación de los más ricos. Dicha argumentación se aleja completamente de la visión de Estado republicano, pues acota a la educación como un bien de servicio más, sin atribuirle la importancia que tiene para el desarrollo de las naciones.
Otro elemento que también se encuentra en plena discusión en Chile es el lucro. Las universidades, ya sea privadas y más aún públicas, por ley no pueden tener fines de lucro. Hoy está en plena discusión un informe, emitido por parlamentarios, que denuncia a algunas universidades que, por medio de subterfugios legales, estarían lucrando. Ese escenario plantea el principio de negocio de la educación, muy alejado del espíritu republicano y público que establecieron los próceres de la patria chilena en las primeras constituciones, una vez declarada la independencia de la corona española.
Por último, la educación es un derecho humano establecido en una serie de convenios firmados por Chile y la mayoría de los países democráticos del mundo. El movimiento estudiantil chileno continúa activo con el fin de lograr sus objetivos, para recuperar el valor esencial de la educación, que es un elemento clave para el desarrollo, y que Argentina, con sus vaivenes y dificultades, ha logrado mantener como valor fundamental.
Por Víctor Hugo Moreno
Analista de CECREDA