El blanqueo de capitales es una manera de alterar el proceso de aceleración de fuga de divisas que viene presentándose desde fines de 2011, tal como remarca el propio proyecto de ley desde sus fundamentos.
Si nos remontamos un tiempo atrás, resulta llamativo que el proceso de mayor aceleración de la fuga se haya dado en los 90’, durante la década de la convertibilidad. Allí, el sector privado argentino duplicó su tenencia de activos externos, que ascendieron de 50 mil millones de dólares a aproximadamente 100 mil millones, desde 1991 al 2001, representando el 35% del PIB al final de dicho período.
Los primeros cinco años posteriores al fin de la convertibilidad, significaron una entrada neta positiva de capitales de residentes argentinos, que colaboró, en gran parte, para la financiación de la reactivación productiva en las particulares condiciones de entonces: ausencia de financiamiento externo y de crédito bancario interno. Es decir, en condiciones financieras paupérrimas, algunos sectores del empresariado privado y personas con más recursos, traían su dinero al país, en buena medida, atraídos por una expectativa de recuperación y tasas de interés considerablemente altas.
En los años siguientes, particularmente a partir de 2008, se verifica una huida masiva de activos hacia el dólar, que reconoce causas internas y externas. Primeramente hay que tomar en cuenta el inicio de la crisis financiera internacional con la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos, continuando hasta principios de 2010. Y el segundo capítulo se inicia poco antes de Octubre del 2011, a partir de problemas económicos dada una desaceleración en la tasa de crecimiento de la economía y cambios en determinadas políticas de gestión (entre los cuales podríamos mencionar la crisis energética). Por otro lado, y como factor determinante, nos encontramos con fuertes pagos de deuda con vencimientos hasta el día de hoy, pero con mayor peso en el año 2012, con la finalización del Boden de aquel año.
Teniendo presente este contexto, habría que apuntar a la trascendencia negativa que tiene el volumen de capital no declarado que existe en forma líquida en la economía argentina y que, para circular, se vale de operaciones no declaradas y, por otro lado, en su gran mayoría, con circulación fuera del país una vez fugado al exterior. Además, la existencia de dichos capitales no declarados y en dólares, representan una presión adicional para lograr una devaluación y sacar ventajas de su traspaso a la economía local.
Desde hace décadas, se denuncia que terminales automotrices, concesionarias de servicios públicos, cerealeras y una multitud de empresas de primera línea compran, venden o contratan servicios en el exterior con filiales a precios que pocas veces se controlan. La maniobra es simple: estas empresas, al facturar en el exterior, lo hacen por debajo del valor real (no declarando ganancias e ingresando al país menos divisas de las que deberían) y, en cambio, al importar, lo hacen por encima del valor real. A esto debemos sumar, por supuesto, grandes listados de evasores y operadores de lavado de dinero que tampoco son novedad.
Una gestión tributaria exitosa requiere también de la confianza y dureza en el tratamiento del delito fiscal, sin importar a quién le toque; no se trata sólo de medir la cercanía del denunciado con respecto al Gobierno. Existe un listado de poderosos, en el que figura la plana principal de asociaciones de empresarios de mayor capacidad de influencia en el país, que permanece dormido en despachos judiciales desde hace un promedio no menor a cinco años.
Por lo tanto, considerar que quienes poseen capitales en cajas de seguridad son desestabilizadores, resulta reduccionista e implicaría mirar sólo una parte. El hecho de que la agenda mediática se centre en este tipo de discusiones que implican operaciones menores, resulta una forma poco creativa, aunque todavía poderosa de socavar cualquier intento del Estado Nacional de combatir la fuga de divisas, sacando de foco a los verdaderos y grandes operadores del proceso de fuga de divisas.
En conclusión, los resultados demuestran que el fenómeno no está ligado exclusivamente a las condiciones de confianza, como se suele mencionar de diferentes sectores, sino a una decisión propia de los sectores rentistas, que son aquellos que más divisas fugan cuantas más facilidades existan para dolarizarse y especular con sus capitales. Cabe observar que, en los años posteriores a la convertibilidad, hasta 2010, la cartera de activos externos aumentó a una tasa similar a la de crecimiento del PIB, dato que resulta contundente. Con lo que, por ende, fueron años de fuerte crecimiento económico y también de búsqueda de nueva salida de capitales. Se calcula que los activos externos del sector privado sumaban en 2010 unos 173 mil millones de dólares, equivalentes al 36% del PIB.
Diego De Cunto
Analista de Cecreda