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Notas de Opinión

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Santiago, 15 de octubre de 2020

Después de casi un siglo, Chile se encuentra nuevamente ante la posibilidad de establecer un momentum constituyente proveniente desde el Pueblo. Luego de varios intentos fallidos en su historia (1823, 1828 y 1925) ¿acaso el Pueblo chileno será capaz de sortear la reticencia de los agentes conservadores o los mecanismos de auto defensa que tienen las instituciones políticas? Es que los procesos de cambio son dolorosos, críticos y paradójicos. Hoy no es la excepción., pues doloroso ha sido el levantamiento civil para dar una bofetada al durmiente Chile post dictadura, crítico en un sentido abrupto y emergente, paradójico por lo que está en juego, si bien se impuso el llamado a desplazar los enclaves pinochetistas, los efectos perversos del “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” hacen dudar si realmente es lo que queríamos, alerta a la conformidad y brota la sospecha. Pero, sin duda, el plebiscito para una nueva Constitución sigue entregando esa cuota de esperanza que impele a construir una sociedad más justa.

Ahora bien, ¿qué está en juego hoy?, ¿por qué el llamado a desplazar la Constitución del `80? La Constitución chilena es extremadamente autoritaria y sustenta principios del neoliberalismo, expresados en el principio de subsidiariedad, es decir, que el Estado no puede interferir en el ámbito de la economía, pues eso es exclusivo del Mercado. Su cariz autoritario se manifiesta en el excesivo presidencialismo –sistema de gobierno presente desde la construcción del Estado nacional en Chile- del régimen político y que ciertos derechos civiles como el derecho a reunión no están garantizados, en tanto, su lado neoliberal se expresa en que no garantiza derechos sociales, como el derecho a la educación, la salud y las pensiones, todos ellos privatizados en los años ´80s, pocos después de redactada la Constitución. Es por ello, que ninguno de los gobiernos de la Concertación por la Democracia pudieron modificar sustancialmente las instituciones pinochetistas, aunque también, cabe señalar que, muchas veces, tampoco tuvieron voluntad política para llevar adelante esa tarea. De hecho, según registros obtenidos por el analista de datos, Fernando Becerra, entre el año 2002 y 2020, solo el 6% de los proyectos de reforma constitucional fueron aprobados en el Congreso Nacional de un total de 1.009 proyectos presentados. Lo cual desmiente un proceso reformista de la Carta Fundamental.

Para entender el siniestro origen de la Carta Fundamental chilena, debemos remontarnos al momento del golpe militar. Como ha quedado consignado en varios documentos, el fin último de dicho golpe no fue solamente acabar con el experimento de la Unidad Popular, sino que arrasar de raíz con todo vestigio del Estado de Compromiso que se había venido construyendo en Chile a partir de los años ´30s. La destrucción de la Constitución de 1925 (vigente hasta ese momento), y la idea de promulgar una nueva, deja de manifiesto que los golpistas no solo buscaban terminar con el proceso de democratización comenzado con el gobierno de Eduardo Frei Montalva y profundizado con el de Salvador Allende, sino que desmantelar todo el modelo económico y social. Según se consigna en el texto “El Ladrillo”, que fue la base para instalar el modelo neoliberal, había que abolir todos los derechos sociales que, a través de los años y con tanto sacrificio, se habían instalado en la sociedad. Son esos mismos derechos por los que salió a luchar la población en octubre del año pasado: el derecho a una salud digna, a pensiones dignas, educación de calidad, entre muchas más. Ese ha sido el principal eslogan de los manifestantes, la lucha por la dignidad, la que fue arrebatada con el golpe de Estado.

Quizás al comienzo del estallido social muchos de los manifestantes no tenían conciencia de que sus demandas estaban estrechamente relacionadas con el texto constitucional, pero, al poco andar, quedó claro que estos derechos sociales y reivindicaciones no podrían tener respuesta si no se hacían sustanciales cambios a la Constitución diseñada en dictadura y en cuatro paredes como fue la Comisión Ortúzar, y eso derivó, finalmente, en el actual proceso constituyente que el próximo 25 de octubre nos llevará a un plebiscito de “entrada”, donde el electorado tendrá que decidir si “Aprueba” o “Rechaza” la redacción de una nueva Constitución y, en una segunda papeleta, se le consultará cuál será el mecanismo más adecuado para llevar a cabo esa tarea: si es una Convención Mixta, es decir, un órgano colegiado compuesto por un 50% de ciudadanos electos y 50% por parlamentarios en ejercicio; o si es una Convención Constitucional compuesta en un 100% por ciudadanos y con paridad de género.

De materializarse los resultados que pronostican todas las encuestas, es decir, el triunfo del “Apruebo” y de la Convención Constitucional, sería la primera vez en la historia de Chile que el país se otorga una Constitución proveniente desde la demanda social y diseñada por la misma, sin intermediación de las armas ni la tutela de la FF.AA o por la coacción. Sería la oportunidad, finalmente, de dar por cerrado el legado dictatorial de Pinochet.

Fuente:
Becerra, Fernando (octubre, 2020): “Proyectos de reforma a la Constitución de Chile”. www.fernandobecerra.com

Luis Gonzalo Trigo
Cienstista Político

Cristián Martínez
Cientista Político