Los decretos 1187, 1188, 1189 y 1191 publicados hoy en el Boletín Oficial con las firmas de la presidenta Cristina Fernández; Juan Manuel Abal Medina; y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino ordenan los criterios de compra, por parte de las reparticiones nacionales para los servicios bancarios con el Banco de la Nación Argentina, transporte aéreo con Aerolíneas, Austral y Lade y de combustibles con la flamante YPF.
El Estado debe impulsar políticas activas y permanentes en los sectores estratégicos y dinamizadores de la economía en los que, por una u otra razón, las fuerzas del mercado no intervienen. Tal es el caso de la Aerolínea de bandera que conecta estratégicamente el entramado provincial, la petrolera YPF puesta en función de una matriz energética que promueva el desarrollo productivo y un Banco Nación que llega allí donde el sector privado no participa, por nombrar algunos ejemplos. Estas empresas actuán como macroestructuras que fomentan el crecimiento y promueven el desarrollo económico en primer lugar de manera federal, con inclusión social y de arraigo nacional.
En este marco interactuar estratégica, ordenada y transparentemente entre el Estado Nacional como gran comprador y estas macroestructuras productivas es fortalecer las bases que sostienen el mercado interno, la industria nacional y la creación de empleo.
En este sentido una deuda pendiente en cuanto a orden se refiere son los depósitos judiciales de índole nacional que están a resguardo en el Banco Ciudad. Disponer de estos recursos en el Banco de la Nación Argentina significaría federalizar aún más el crédito a la vivienda, a la producción y al consumo interno.
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