El crecimiento económico es la sumatoria de numerosas variables macroeconómicas que convergen para producir un efecto de estabilidad, bienestar y desarrollo para la sociedad que lo disfruta. Pero debe ser profundizado mediante el avance en la unión del trabajo, la inversión, la producción, el crecimiento del empleo y el consumo, para contribuir al desarrollo económico y, por ende, al bienestar social.
El crecimiento económico con desarrollo social es una de las metas de toda sociedad dado que implica un incremento notable de los ingresos y un aumento de la calidad de vida de todos sus individuos. Existen numerosos puntos de vista desde los cuales se mide el crecimiento de una sociedad. Podrían tomarse como ejes de medición la inversión, las tasas de interés, el nivel de consumo, las políticas gubernamentales o las políticas de fomento al ahorro; todas estas variables son herramientas que se utilizan para medir el crecimiento. Es decir, el crecimiento requiere de una medición confiable y rigurosa para establecer qué tan lejos o qué tan cerca nos encontramos con respecto al desarrollo.
En primer lugar, debemos considerar qué sociedad se tomará como punto de referencia de un modelo ideal de crecimiento con desarrollo. El crecimiento no necesariamente se encuentra ligado al desarrollo, ya que éste incluye aspectos inmateriales como la libertad de pensamiento, de religión, intelectual, cultural, el acceso a la información y la calidad de la opinión pública. China, por ejemplo, cuenta con altos índices de ahorro, ingreso per cápita y consumo y con un excelente acceso a la educación en todos los niveles. Sin embargo, su propia constitución de 1975 la describe como «Estado socialista de dictadura del proletariado», por lo que algunas de las libertades normales de cualquier país occidental son limitadas o prohibidas para cualquier ciudadano chino. Otro ejemplo concreto de crecimiento sin desarrollo lo hemos vivido durante la década del 90´, ya que en la Argentina fue posible observar cómo el crecimiento con empeoramiento en la distribución del ingreso, generó un aumento de la pobreza. Se puede afirmar entonces que crecimiento y distribución no van por carriles separados si se piensa en una perspectiva de Desarrollo, sino que por el contrario están fuertemente relacionados.
Para calificar de «desarrollada» a una nación debemos incluir aspectos materiales de acceso a niveles mínimos de bienes y servicios de calidad.
Una medida homogénea que captura el bienestar de una nación al menos en lo relacionado a los aspectos materiales es el Producto Bruto Interno, que mide el valor de los bienes y servicios finales producidos al interior de una economía en un año determinado. En términos per cápita, el PBI es considerado como la medida del desarrollo económico, y, por tanto, su nivel y tasa de crecimiento son metas por sí mismas.
Si bien el PBI per cápita es una medida del desarrollo, debe tenerse cuidado en no interpretarlo como tal. El desarrollo requiere que el progreso económico no alcance a sólo una minoría. La pobreza, desnutrición, salud, esperanza de vida, analfabetismo, corrupción, deben ser eliminadas para un adecuado desarrollo. No obstante estas características se obtienen generalmente de forma natural cuando la renta per cápita aumenta.
También es necesario tener en claro que el PBI per cápita es un coeficiente del Producto Bruto Interno dividido por el número de habitantes de un país, lo que claramente no implica que si el PBI per cápita de un país es de U$D 10.000, todos los habitantes de ese país reciben esa cantidad de riqueza.
En los últimos siglos, el tema del crecimiento económico ha cobrado importancia entre pensadores y estudiosos de la economía, dada su relación que tiene con otras variables macroeconómicas, con la conducción de las políticas económicas y a raíz de su impacto sobre el bienestar presente y futuro de las personas.
La actual economía exige una rápida adaptación a los cambios. Estos se producen con rapidez y por lo tanto debemos estar preparados para crecer en la medida que nuestras propias necesidades así lo requieran.
El crecimiento se obtendrá a través de la producción, la creación de empleo genuino, la competencia leal y útil de nuestra economía, la innovación tecnológica y la técnica aplicada a la investigación, la adecuada redistribución de los ingresos del Estado, los sectores productivos.
Debe tomarse conciencia de que más deuda no traerá más crecimiento. Las políticas democratizadoras deben estar encaminadas a conseguir el desarrollo de nuestro país y el bienestar para todos. Para lograr este estado de cosas, se hace necesario que las instituciones encargadas del control judicial, político, gubernamental, empresarial -la sociedad en su conjunto-, se sienta involucrada. Lograr un punto de equilibrio donde converjan ideas superadoras, de espíritu federal y con fuerte impacto social. Deben generarse planes de desarrollo a largo plazo -de 20 o 30 años- que trasciendan los periodos de gobierno.
Ahora bien, crecimiento sin desarrollo no da proyección a un país. El Desarrollo Nacional resulta ser la capacidad de un país para mejorar el bienestar social de su pueblo, para poder avanzar hacia sociedades más equitativas e incluyentes. Y para ello el Estado tiene además la obligación de fortalecer la calidad y efectividad de las políticas monetaria y fiscal, así como promover activamente la educación, la inversión y el desarrollo productivo.
Por ello, se hace necesaria la labor conjunta de los gobiernos y encargados de ejecutar las leyes, junto con el sector privado, de forma tal que puedan implementarse y desarrollarse productos que brinden a los ciudadanos, a los empresarios y a todo aquel que busque el desarrollo, las garantías suficientes en cuanto a la seguridad de trabajo y empleo, al comercio en todas sus formas y a las transferencias de bienes y servicios.
El contexto internacional y el momento que atraviesa América Latina abren una ventana de oportunidad que los países de la región no deben desaprovechar. Además de la paulatina consolidación y fortalecimiento de los sistemas democráticos, el grueso de la región ha resistido mejor los efectos de la crisis económica y financiera gracias a una gestión macroeconómica responsable y a las reformas estructurales emprendidas en los últimos años.
Para capitalizar estas ventajas y hacer frente a los desafíos que todavía persisten, especialmente en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida y a la reducción de la pobreza y las desigualdades, el Estado puede y debe jugar un papel fundamental en la creación de empleos genuinos y de calidad; consolidando sistemas fiscales sólidos, transparentes y justos; apostando por la formación y capacitación de la población; aumentando la eficacia de las inversiones en infraestructuras; y apoyando la innovación y el desarrollo productivo.
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