Análisis y Desarrollo Político

Desafíos en la articulación de políticas públicas a los pueblos originarios

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Existen distintas experiencias realizadas tanto por ámbitos gubernamentales así como por ONG´s en generar propuestas con el objetivo de contribuir al desarrollo de las comunidades originarias en nuestro país.

 

La reforma constitucional de 1994 garantiza los derechos humanos de los pueblos indígenas en el Estado argentino al afirmar que se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos y se garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. A su vez, numerosos tratados internacionales, como por ejemplo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo reconoce la existencia de modos de organización e instituciones propias de las diferentes comunidades.

En consecuencia, es posible afirmar que en el Estado existe el derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras por parte de las comunidades aborígenes. Estas han desarrollado históricamente un vínculo con los recursos naturales que difiere considerablemente con la desarrollada por las sociedades occidentales. Este punto constituye una enorme dificultad en el afán de lograr acciones conjuntas que contribuyan al desarrollo y la inclusión de estas comunidades.

La posición adoptada por los dirigentes aborígenes busca redefinir el vínculo con un Estado al que consideran organizado para discriminar y reprimir la diversidad cultural. Por lo tanto, actualmente buscan impulsar una nueva relación entre los pueblos y el Estado con el fin de desnaturalizar las asimetrías sociales poniendo punto final a las situaciones de dominación y dependencia.

Esta iniciativa busca diferenciarse de la idea de que estas comunidades representan en la actualidad una suerte de residuos de sociedades antiguas que no han logrado integrarse a las sociedades mayoritarias, apoyados en la idea de un progreso social lineal y considerándolos como “segmentos sociales atrasados”. Históricamente, se vinculó a  estas comunidades con la intención de radicarlas o bien “integrarlos” como mano de obra precarizada con el claro objetivo de que se tornen invisibles.  

Los intentos recientes, posteriores a la modificación de la Constitución del 94 buscan un reconocimiento de las comunidades aborígenes a través de una homogeneización cultural que impide el reconocimiento de las instituciones sociopolíticas propias de los pueblos originarios. 

Si bien existen diferencias en las metodologías de lucha adoptadas por las diferentes  comunidades, un factor común es la reivindicación de la tierra fundamentada por la ocupación ancestral que poseen. Esta es considerada con un gran valor debido a que les otorga identidad simbólica, lo cual representa una enorme diferencia con el criterio utilitarista propio de las sociedades modernas que no posee un anclaje histórico y la considera prácticamente como un “medio de producción”.    

Este puede ser considerado como uno de los principales desafíos con que se encuentran las políticas públicas en su objetivo de contribuir al desarrollo e integración de los pueblos originarios. No existe una única posición con respecto a esta cuestión. El caso de la comunidad QOM ubicada en el impenetrable chaqueño representa uno de los posicionamientos más radicalizados. En su aspiración de generar una organización para solucionar sus principales problemas (alto porcentaje de la población enferma de Chagas, falta de agua potable y la dificultad para acceder a una buena atención sanitaria) la comunidad decidió hacerlo a su manera, en contraposición con los lineamientos propuestos por las autoridades gubernamentales. 

Con el objetivo de generar acercamiento y presencia territorial, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación instaló un Centro de Integración Comunitario (CIC) en la región. Para ello se convocó al Garasche (representante de la comunidad) a participar, el cual se negó a hacerlo, aludiendo que esto se trataba de la imposición de una institución en detrimento de las propias, ya que la cultura QOM crea consejo de ancianos como espacio de organización para la toma de decisiones. El pedido de la comunidad consistió en la institucionalización de este espacio en lugar del CIC.

El camino propuesto por el líder QOM Félix Díaz, quien ha mostrado buena predisposición al dialogo con autoridades nacionales, busca el reconocimiento legal a la posesión de las tierras habitadas por comunidades originarias. El representante QOM del impenetrable se opuso radicalmente a esta vía argumentando que la tierra les pertenece, en consecuencia no debían esperar ningún reconocimiento por parte del gobierno nacional.

Estas tensiones, diferencias y diversos criterios que se observan en nuestro país pueden ser consideradas lógicas y entendibles si tenemos en cuenta las amplitud de culturas y tradiciones que poseen los habitantes autóctonos. La resistencia al avance del Estado moderno se ha observado y continua siéndolo por todas las comunidades con diferentes matices. Algunas se muestran más proclives al dialogo y aceptan los criterios que propone la cultura occidental, mientras que otros, consideran a esto como una destrucción de su cultura y el dialogo se convierte en una utopía. 

No existen recetas ni fórmulas mágicas para lograr el objetivo de implementar políticas públicas que mejoren la situación de las comunidades originarias, sino más bien es el Estado (nacional o provincial) quien debe desarrollar estrategias acordes a la situación particular de cada comunidad con la misión de construir y consolidar un Estado plurinacional. 

Lic. Pablo Carranza

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