El desplazamiento de Prat Gay del Ministerio de Hacienda provocó gestos de sorpresa y satisfacción en la arena política del país. El cambio de rumbo económico enunciado por el nuevo gobierno desde su asunción trajo aparejado disputas metodológicas dentro del gabinete, que giraron en torno a la implementación del sistema. Las diferencias al interior del gobierno, y en especial al interior del equipo económico, propiciaron la toma de la decisión de Mauricio Macri.
El saliente ministro pretendió llevar a cabo una política de cambio “gradualista” en el marco de una lógica de inserción en los mercados financieros internacionales. La desregulación cambiaria, el pago de la deuda que ponía fin al default y el blanqueo fiscal fueron medidas emprendidas con éxito, considerando la orientación política del gobierno.
Sin embargo, la recesión económica, producto del aumento de la inflación y la pérdida de la capacidad de consumo y producción de la sociedad, sumadas a la carencia de las inversiones extranjeras auguradas como consecuencia inmediata de las medidas tomadas, acentuaron los enfrentamientos al interior del gobierno. De igual manera, no fueron pocas las disputas con los responsables de la coordinación y diseño político respecto a su desenvolvimiento y estilo de trabajo al interior y por fuera del equipo.
El enfrentamiento en torno a la modificación del impuesto a las ganancias, que coadyuvó a la unión de la oposición, dispuso el último quiebre en la relación entre Prat Gay y los funcionarios de la Casa Rosada.
El corrimiento de Prat Gay procuró la segmentación del Ministerio, con el nombramiento de Nicolás Dujovne en Hacienda y de Luis Caputo en Finanzas. La división del mismo se encuentra en línea con el proceso iniciado a principios de año con la creación, reorganización y configuración de los diferentes espacios del Estado Nacional.
La fragmentación de la responsabilidad en las distintas áreas gubernamentales y la consiguiente designación política para ocupar dichos cargos (muchos de ellos provenientes de sectores empresariales y corporativos), cimientan una nueva organización burocrática que pone en evidencia no sólo la ausencia de políticos “de carrera” en los puestos, sino también los probables conflictos de intereses de las diferentes dependencias. Así, el accionar del Estado puede verse inmiscuido en rumbos sectoriales diversos y contrapuestos, haciendo peligrar la construcción de un camino y mensaje unificado.
La tendencia hacia la atomización de las funciones políticas se encuentra enmarcada en un clima de “percepción de una mayor eficiencia” a través de la coordinación de figuras técnicas por áreas, haciendo disminuir cualquier tipo de personalismo y de tomas de decisión unilateral.
De igual forma, la división del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas desfigura y elimina el rol del Ministro de Economía. Este hecho, no sólo se encuentra en sintonía con una modalidad de trabajo que busca exponer en una “mesa de discusión” sobre las distintas direcciones a adoptar si no que así también, concentra las decisiones en la figura del Presidente y el Ministro a cargo de la coordinación de las áreas de trabajo.
La distinción del área de finanzas permite presuponer que se continuará apelando a la deuda pública como una herramienta de desarrollo y a la apertura para el ingreso a los mercados u organismos financieros internacionales, continuando el camino iniciado por el depuesto ministro. Asimismo, el área de Hacienda Pública promete una fuerte intervención en la búsqueda de reducir el déficit fiscal y el espiral inflacionario.
De esta manera, no se espera un cambio en las políticas adoptadas sino una profundización de las mismas, en sintonía con la tecnocratización de las funciones políticas. En este sentido, la sorpresiva decisión ofrece expectativas hacia una búsqueda de la recomposición de las distintas variables macroeconómicas y a su vez disminuye los enfrentamientos al interior del gobierno propiciando un gabinete con mayor homogeneidad de criterio.
Lic. Christian Maneffa
Analista de CECREDA