Educación

El acceso a los recursos y a la educación, una representación sobre la igualdad

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Agua y Saneamientos Argentinos (AySA S.A.) es la empresa que gestiona y administra los servicios de agua potable y saneamiento para la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de dieciocho municipios del primer cordón del conurbano bonaerense pertenecientes a las regiones Norte, Oeste, Sudeste y Sudoeste.

Su Plan Estratégico es, entre los años 2011 y 2020, lograr extender en un 100% las redes de agua potable y redes cloacales bajo un modelo de resignificación del acceso a estos recursos para que sean concebidos como un valor social.

Siguiendo este criterio es que me ha tocado recorrer numerosas instituciones educativas del Gran Buenos Aires durante cinco meses pertenecientes a los partidos de San Fernando, San Isidro, San Martín, Tigre, Vicente López, Hurlingham, Ituizangó, La Matanza, Morón, Tres de Febrero, Avellaneda, Lanús, Quilmes, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Lomas de Zamora y Escobar. El motivo fue la selección de la escuela como el principal interlocutor con la sociedad para llevar a cabo un proceso de concientización y, de esta forma, poder generar una nueva cultura en lo que respecta al cuidado racional del agua en particular y al cuidado del medio ambiente en general. 

Durante el trabajo de campo, tuve la posibilidad de intercambiar con autoridades y cuerpos docentes para proponerles este rol y en esas conversaciones me ha surgido la pregunta por la igualdad. Me brotó el interrogante de si, en este caso, fue acertado elegir a “la escuela actual” como agente de sensibilización de la obra y el servicio público. Por supuesto que lo que se intenta aquí no es dar una respuesta estática, sino que la intención principal es visibilizar una problemática en materia de educación, derechos humanos y acceso a los recursos. 

Lo que he notado, principalmente, es que la inmensidad que las obras de redes de agua potable y saneamiento han tomado en los últimos años se han asociado a la promoción de un marco de inclusión social, pero en lo que respecta a las acciones concretas se vislumbra una falta de planes integrales que respeten el conjunto de los derechos humanos. Pero ¿qué quiero decir con esto? Al presentar un proyecto de concientización en las instituciones educativas se notó que el cuidado del agua y del medio ambiente es una temática relevante y que aunque muchas instituciones públicas no tengan acceso a redes de agua potable o a cloacas, se preocupan por trabajar con proyectos que aborden estos asuntos. Lo que se ha visto es que si bien el cuidado del medio ambiente resulta significativo, las escuelas tienen que lidiar con una serie de problemáticas de índole social, quedando excedidas en sus funciones y dejando este tema un tanto relegado (o más bien hundiéndose en una cadena de variables que arrojan una necesidad de trabajo desde distintos frentes). Claro que esto no es un problema exclusivo del conurbano bonaerense o de la Argentina, sino que refleja la situación de la escuela en América Latina y en otras regiones del mundo. Refleja la crisis educativa que, como sociedad, atravesamos en estos tiempos. Quizá nuestra escuela no se encuentre protegida frente a las urgencias que plantean las inequidades sociales y, si bien somos una región privilegiada por los recursos de agua dulce que poseemos, si no se hace hincapié en garantizar los  derechos relacionados con las necesidades básicas, resulta dificultoso tratar un tema como este que por ser más global no deja de ser importante. El Estado debe ser garante de ello, creando una red integrada de acciones inclusivas y sustentables, estrategias que sean superadoras de las políticas a corto plazo, que generen un contexto propicio para avanzar integralmente en el cumplimiento de cada derecho humano. De esta manera, con mayor inversión, con políticas que permitan reconstruir a la escuela pública y privada como un espacio de integración social, de calidad y no de diferenciación y fragmentación, podrían llevarse a cabo procesos de concientización y de trabajo colectivo en mejores condiciones. 

A través de situaciones vividas, como por ejemplo que una directora tenga que atender a un agente externo a la institución mientras cambiaba de ropas a un alumno y le daba algo caliente para tomar en pleno julio,  puede sugerirse que la escuela pública ha postergado los criterios académicos para priorizar la contención social y que, en este sentido, estaría asumiendo un doble rol: por un lado el de la función asistencial relativa a estos tipos de contención y por el otro el rol de formar. Lo fundamental es la naturalización que se observa de que el primer rol reemplaza al segundo. Para que las instituciones educativas sean un agente formador, concientizador y promotor de valores, primero debe encontrarse una base de igualdad en las condiciones de aprendizaje para todos y todas. 

Si bien AySA S.A., cumpliendo con los objetivos mencionados anteriormente, ha incorporado 2.359.382 habitantes al servicio del agua potable en el período 2006-2014 y la población servida y próxima a habilitar consta de 9.293.760 habitantes[1], parece ser que muchas localidades de la provincia de Buenos Aires se encuentran en una situación de “Relegación urbana”. Me gustaría incorporar este término que fue utilizado por Loic Wacquant[2] en su libro “Los condenados de la ciudad” ya que proporciona un interesante marco analítico sobre la desigualdad urbana. Tal “relegación” viene a reemplazar a los modos de nombrar “territorios de pobreza” o “comunidades de bajos ingresos” e insiste en instalar el proceso estructural de múltiples niveles por el cual las personas son apartadas y mantenidas en localizaciones marginales más allá de los servicios a los que tengan acceso. La “Relegación urbana” se plantea a sí misma como una actividad colectiva que se refleja en los mecanismos institucionales que producen, reproducen y transforman la red de posiciones sociales. Por ello, este término permite romper con las ideas del sentido común que en general nos llevan a nombrar los procesos de relegación como “los pobres” o “los excluidos”. Demuestra que por detrás de esos modos de nombrar, existen procesos en los que todos nos vemos involucrados. Nadie suele nombrar a “la pobreza” o a “las elites” como “procesos de relegación colectiva”.

Con el ejemplo del Plan Estratégico de AySA  y la puesta en escena de la “relegación” se pretende instalar el debate acerca de la multiplicidad de variables que se entrecruzan a la hora de lograr una mayor inclusión social. Se pretende abrir un camino hacia la comprensión de que a la desigualdad hay que abordarla por todos los anversos. 

Ante este contexto, sería conveniente repensar la necesidad de realizar estudios multidisciplinarios que analicen todos estos factores relativos a la inclusión-exclusión e igualdad-desigualdad y, a su vez, repensar qué actores sociales pueden llevar adelante determinados labores según sus condiciones de posibilidad y según el marco de acción que estas condiciones les permitan. 

Los avances en materia técnica deben ir necesariamente de la mano con progresos en materia social y no solo desde la concientización. Con este ejemplo se pretende transmitir que, si bien se ha avanzado técnicamente en la expansión de las redes de agua potable y saneamiento, es necesario una acción desde la política pública que pueda hacerle frente a las problemáticas sociales restantes siempre presentes. 

Repensemos a la igualdad en tanto inicio de los derechos humanos y a los Estados como los principales garantes; y al problema de la extrema desigualdad, como el límite concreto de las políticas sociales. Ambos representan un desafío tanto para el pensamiento como para la acción. 

Serena Santos
Analista de CECREDA

[1] Datos obtenidos del sitio web de AySA S.A Agua y Saneamientos Argentinos S.A – http://www.aysa.com.ar/

[2] Profesor de Sociología de la Universidad de California, Berkeley e investigador en el Centro de Sociología Europea en París. Sus estudios se centran en la desigualdad urbana comparada, la dominación etnorracial, el Estado Penal, la corporalidad y la teoría social y la política de la razón.

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