Análisis y Desarrollo Político

El debate sobre el glifosato

Pinterest LinkedIn Tumblr

La palabra glifosato parece estar en la boca de todos hoy en día. Un concepto que antes era más bien técnico del área agronómica hoy es usado, hablado y conocido por gente de todos los campos. Pareciera que todos somos expertos cuando se trata del agroquímico más usado en el país… ¿O no es tan así?

 

El glifosato funciona como herbicida no selectivo de amplio espectro, desarrollado para la eliminación de hierbas y de arbustos, en especial los perennes. Es un herbicida total. Las plantas absorben el glifosato a través de sus hojas y otras partes verdes e interfiere con la producción enzimática de ciertos aminoácidos esenciales para el crecimiento de la planta, de esta forma, elimina las malezas.

Ahora bien, ¿por qué es tan ampliamente utilizado en nuestro país? El glifosato es el principio activo del herbicida Roundup de Monsanto. Esta empresa patentó en algunos países soja transgénica resistente al glifosato RR (roundup ready), incluyendo la Argentina. Hasta aquí toda la historia no parecería presentar ningún inconveniente, especialmente en un país sostenido en gran parte por la agricultura. Este herbicida en combinación con soja resistente pareciera formar el combo perfecto.

Vayamos para atrás unos cuantos años. En la década del ‘70 se patenta el glifosato como principio activo del Roundup; en el ‘74 se lanzó a la venta, y en la década de los ‘80s se convirtió en uno de los herbicidas más comercializados en el mercado agropecuario. Tengamos en cuenta que el pasado de los herbicidas nos lleva directamente al uso de DDT (Dicloro Difenil Dicloetano) el agroquímico que se podría decir inició el movimiento ambientalista cuando Rachel Carson escribió allá por la década de los 60’ sobre sus graves efectos en el ambiente, hecho que posteriormente desencadenaría su prohibición y la creación de diversas agencias de protección ambiental. El DDT es un herbicida organoclorado de alto peso molecular y altamente liposoluble, lo que ayuda a su acumulación en el tejido adiposo del cuerpo y su alta persistencia -tan alta que al día de hoy aún podemos encontrar concentraciones de DDT en el ambiente-.

  El glifosato, en este panorama nefasto, parecía ser entonces la solución perfecta. Y así Monsanto lo hizo creer. Todos ganaban con el uso del combo soja RR + Roundup que garantizaba la eliminación de todas las malezas. Parecía un cuento de niños donde el avance tecnológico nos había llevado a dejar atrás el DDT y diversos herbicidas muy contaminantes, para usar ahora esta novedosa sustancia que parecía casi inocua. En su etiqueta podía leerse en letras claras: biodegradable. Publicidades francesas mostraban a un alegre perro queriendo excavar un hueso bajo lo tierra que estaba rodeado de raíces. Feliz, iba a buscar su regadora llena de Roundup, ¡y listo! La planta fuera, también su hueso, y no había ningún riesgo para el animal o el suelo.

Ahora vayamos un poco más adelante en el tiempo. En 2007, Monsanto es condenada por un tribunal francés de la ciudad de Lyon a pagar varias multas después de ser declarado culpable de “publicidad engañosa”. En las etiquetas y publicidades de su producto, Monsanto afirmaba que el herbicida era “totalmente biodegradable” y que su uso dejaba “el suelo limpio”, lo cual resultó falso.  Esto no es ninguna sorpresa, ya que casi 10 años antes, en 1996, fue condenado por exactamente lo mismo en EEUU. Cambio de etiqueta y cuenta nueva, las ventas siguieron. 

Pero en 2010, un científico argentino, Andrés Carrasco (ex presidente del CONICET y jefe del laboratorio de embriología de la UBA), arremetió nuevamente contra el producto estrella de la multinacional, esta vez analizando su toxicidad en un paper publicado en la revista Chemical Research in Toxicology. En él, Carrasco realizó experimentos tanto con Roundup como con glifosato puro sobre embriones de rana y pollo. En sus resultados habla sobre diversas malformaciones que sufrieron los embriones concluyendo que el glifosato tiene efectos teratogénicos y que estos resultados podrían ser traspolables a malformaciones y enfermedades sufridas por humanos en zonas afectadas (Paganelli et al., 2010).

No pasó mucho tiempo para que la multinacional y otras empresas del rubro (Dow Chemical, Cheminova, Sygenta) armen su “contrapaper”, es decir, su respuesta a las afirmaciones de Carrasco. Éstos alegaron que, por un lado, el glifosato nunca se disponía directamente al ambiente, que las concentraciones reales utilizadas nunca llegaban a esos umbrales tóxicos y que sus resultados no eran traspolables a seres humanos (Saltimiras et al., 2011).

A su vez, Carrasco responde en 2011, afirmando que no había sido analizada toda la evidencia que él citaba en su paper  basada en estudios independientes y argumentando que las empresas sólo respaldaban sus afirmaciones con estudios de sus propios laboratorios. También habla sobre cómo parecen omitir casi intencionalmente el efecto de los coadyuvantes que ayudan a que el tóxico penetre más fácilmente la membrana celular.

Entre idas y venidas ese mismo año se conoció, a través de un cable diplomático publicado por Wikileaks, que la embajada de Estados Unidos en Argentina lo había investigado por sus publicaciones relacionadas con el uso del glifosato. Asimismo, se supo que había recibido una serie de llamadas anónimas amenazantes. En definitiva, su trabajo tuvo algunos cuestionamientos, hasta del propio Ministerio de Ciencia Y Tecnología ha apoyado, de alguna forma, el uso de glifosato en los cultivos para sostener la productividad. 

En Argentina la extensión de suelo usado para plantar soja transgénica se encuentra cerca de las 19 millones de hectáreas. No es sorpresa, entonces, el amplio uso del glifosato y la falta de investigación independiente sobre el tema, en especial en un país que va tan de la mano con el sector agrónomo. Modelos de agricultura, tanto en forma intensiva como extensiva, basados en el uso de los paquetes OGM (Organismos Genéticamente Modificados) y su correspondiente herbicida, son usados actualmente casi sin ninguna evaluación crítica, regulación rigurosa o información adecuada sobre el impacto de los distintos niveles de dosis en la salud de los humanos y el ambiente. Las empresas, respaldadas por la ley, pueden optar por no dar a conocer los coadyuvantes que utilizan en sus fórmulas y, al mismo tiempo, los estudios que hablan sobre la seguridad de dichos elementos están siempre a cargo de científicos contratados por ellos mismos. 

Frente esta realidad hay dos temas a tratar y desarrollar. Por un lado, existe la necesidad de normativas que regulen el uso de todos los herbicidas, evitando el contacto directo -de cualquier tipo- con la población y que el Estado se involucre en un rol de agente controlador. Un ejemplo en donde se llevaron a cabo modificaciones de este tipo ocurrió en San Francisco, en la Provincia de Córdoba. Allí se sancionó la Ordenanza N° 5531 que propone principalmente un control activo por parte del Estado, establece normativas que alejan la aplicación de agroquímicos de los núcleos urbanos (1000 metros para aplicación directa y 1500 metros para aplicación aérea) y estipula multas para los infractores. 

En segundo lugar, es imperante la democratización de la información en torno a todo este tema. Hoy en día existen en nuestro país fuertes intereses económicos atados al sector rural. Por esto, el debate del glifosato y de todos los agroquímicos, forma parte de una órbita que engloba más variables, en la que se pesan, por un lado de la balanza, intereses económicos de grupos multinacionales y presiones políticas y, del otro, la salud de la población y su derecho a la información. Los ciudadanos carecemos de la herramienta principal para poder actuar sobre el tema, ya que existe un manejo de la información –mejor dicho desinformación– en manos de los sectores de poder a favor de sus intereses, como ocurre siempre que se habla de negocios de tanta envergadura. 

La necesidad primordial para poder abrir cualquier debate que apunte a cambiar las reglas del juego, entonces, pasa a ser tan simple y tan difícil como el acceso a la información. Para esto, es clave la investigación por parte de todos los grupos que lo sientan necesario, pero, especialmente, investigación independiente, desatada de cualquier interés sectorial. En palabras de Carrasco: “(…) peor aún es la propagación de la desinformación. Tristemente, esta estrategia no es ninguna novedad, ya que lo mismo sucedía con los debates sobre la seguridad del tabaco en los ’70.”

María Azul Schvartzman
Analista de CECREDA

Write A Comment