La última década se caracterizó por el desarrollo de procesos de reconstrucción de las ruinas que dejó el neoliberalismo tras las crisis del 2001. La Ley de Educación Superior que se encuentra vigente fue sancionada en el año 1995 en un contexto sociopolítico muy distinto al actual.
Así, en el auge del neoliberalismo, las ideas reinantes propugnaban por la reducción del gasto público, la liberalización de la economía, la flexibilización laboral y el régimen de valorización financiera, que implicaron nuevas concepciones de la Educación, la cual adquirió una perspectiva mercantilizada.
Por lo tanto, luego de 20 años se vuelve necesario, casi obligatorio, centrarse en la problemática educativa y crear una nueva ley que sea acorde a los procesos sociales, políticos, y económicos que han ido desenvolviéndose.
En este sentido, el Kirchnerismo asumió un fuerte compromiso con la Educación en el marco de un plan estratégico para reactivar la industria nacional. Así, en diez años el porcentaje del PBI destinado a Universidades Nacionales se duplicó, se llevaron a cabo programas para incrementar la calidad de las carreras aplicadas y básicas como el PROMEI, se incrementó el financiamiento para los docentes/investigadores, se desarrolló un programa de becas que favorezca la permanencia en el sistema, se crearon catorce Universidades Nacionales logrando que haya una por provincia, se reconoció el Convenio Colectivo de Trabajo para docentes universitarios, y se alcanzó la mayor tasa de cobertura de Latinoamérica, entre otras políticas.
Por otro lado, a principios de la década del noventa y a través de la sanción de la Ley N° 24.049 se puso en marcha un proceso de descentralización educativa que implicó la transferencia a las provincias y la Ciudad Autónoma Buenos Aires de los servicios educativos de formación docente y técnico-profesional. De esta forma se generó un desprendimiento con el subsistema universitario, con diferentes niveles de calidad y modelos curriculares entre ambos, conllevando a procesos de estratificación educativa. No obstante, en esta dirección se sancionó en el año 2005 la ley de Educación Técnico Profesional, N° 26.058 que reconoce al Instituto Nacional de Educación Tecnológica como órgano articulador, y en el 2006, la ley de Educación Nacional N° 26.206, que crea el Instituto Nacional de Formación Docente y el Consejo Federal de Educación. Estos tres órganos tienen por fin evaluar y acreditar los programas de las carreras terciarias, otorgar reconocimiento a nivel nacional, y facilitar la articulación entre diferentes instituciones educativas
Antes de partir, el Frente para la Victoria pudo dejar su impronta legislativa en dos aspectos fundamentales del sistema, a través de la reforma a la Ley de Educación Superior el 30 de octubre del 2015. En primer lugar, se establece que el acceso a la educación superior es libre e irrestricto. No obstante, dicha modificación reimpulsó el debate sobre la calidad de la educación, surgiendo de esta manera, sectores que argumentaron que la masificación socavaba la calidad como si ésta estuviera basada en una perspectiva elitista donde sólo un sistema que sea excluyente incrementa sus aptitudes y como si meramente fuera una política de facilismo y demagogia. En contestación, la educación superior es considerada no sólo un derecho constitucional, sino también social y humano, que por lo tanto no puede ser negado.
Este mecanismo responde a adquirir nuevas perspectivas sobre la educación superior y su capacidad de inclusión. En este sentido, Paula Carlino explica el concepto de alfabetización académica como “el conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva de las disciplinas así como en las actividades de producción y análisis de textos requeridas para aprender en la universidad”. Así, Carlino, entiende que la queja de los docentes universitarios sobre la falta de preparación de los estudiantes no reside en la educación media, sino que es en verdad, una responsabilidad de la especificidad de la educación superior. En correspondencia, la reforma se orienta a suplantar un examen de ingreso excluyente por un curso propedéutico que otorgue las herramientas correspondientes a un buen desempeño universitario, lo que no implica que la calidad disminuya.
La segunda reforma a la Ley de Educación Superior se orienta a garantizar la gratuidad de la misma y a prohibir cualquier tipo de arancelamiento en las carreras de grado. Nuevamente, reflotaron ciertos argumentos de los años ‘90s al considerar que dicho sistema no implica una sociedad equitativa al financiar la educación de clases pudientes y no de forma focalizada a las clases de menores ingresos, como así también, facilita el retraso en la conclusión de los estudios. Estos argumentos se encuadran en un enfoque sobre financiamiento universitario de tipo costo-beneficio y eficiencia, que lamentablemente visualizan a la Universidad como una institución cerrada en sí, sin lazos con la sociedad.
En esta dirección, la función de extensión universitaria abandonó su fase mercantilizada para alcanzar un nuevo rol por el cual la Universidad y Sociedad adquieren una relación bidireccional y retroalimentada. De esta forma, diferentes políticas han promovido este vínculo con el fin que la Universidad esté a disposición de las problemáticas propias de la comunidad en la cual está inserta, generando líneas de investigación que toman como referencia los contextos de aplicación. Algunos de los programas que promueven la extensión son: “Voluntariado Universitario”, “Universidad y Secundaria”, “Universidad en los Barrios”, y “Plan FINES en Universidades Nacionales”, “Universidad, Estado y Territorio”, “Universidades en la Cuenca de la Matanza-Riachuelo”, “Vinculación Tecnológica”, “La Universidad con YPF”, “La Universidad y trabajo argentino en el mundo”, “La Universidad y la Industria”, “La Universidad y el Transporte”, y el “Programa Universidad y Municipios Argentinos”.
En este sentido, la resignificación de la función de extensión se inscribe en la concepción que la Universidad es por y para la sociedad, por lo que podría decirse que le devuelve la inversión generada.
Se entiende que luego de 20 años de sancionada la ley actual, el contexto socioeconómico y político se ha modificado y en respuesta debe generarse un nuevo marco legal que se adecúe a las necesidades actuales y a las diversas políticas educativas que se han llevado a lo largo de este período. La reforma a la ley realizada el 30/10/15 es un avance hacia ese proceso pero todavía hace falta modificar una multiplicidad de puntos.
En ese sentido, se considera que para sostener una educación de calidad se necesita incrementar el financiamiento de la educación de forma continua, regularizar las condiciones laborales de los docentes, supervisar a través de los organismos de concertación y consulta los planes de estudio, incrementar las instancias de evaluación, y generar mecanismos que contengan al estudiante a lo largo de la carrera a través de tutorías pedagógicas, becas económicas, la posibilidad de un título intermedio, la movilidad a través del sistema, entre otras.
Por otro lado, se destaca las funciones de extensión e investigación de la Universidad que permiten situarla en un rol protagonista con el vínculo con la sociedad. De esta forma, se procede a forjar una Universidad que sea transformadora de la sociedad en la cual está inserta, una Universidad abierta a la comunidad que permita la retroalimentación entre una y otra, como así también, que incremente los niveles de competitividad en la estructura productiva.
Constanza Moretti
Directora Ejecutiva de CECREDA