El pasado jueves 13 de febrero, el ministro de Economía Axel Kicillof realizó la presentación del nuevo Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano (o IPCNU). En esta nota se remarcará la importancia de contar con un indicador confiable para todo el país y las dificultades de las consultoras privadas para brindar una medición confiable. La presentación de este nuevo indicador viene a ser un principio de solución a varios inconvenientes con los que el Gobierno Nacional tuvo que lidiar en los últimos tiempos.
La necesidad de confianza
El nuevo indicador, en primer lugar, remplaza al anterior IPC, que desde hace demasiado tiempo se encontraba en franco desprestigio y se había transformado en un flanco débil por el cual se atacaban a las políticas gubernamentales. Es de recordar que los motivos esgrimidos a la hora de la anterior modificación del índice, allá por el 2007, eran que éste contaba con un “sesgo plutocrático” que había que corregir. Esto quiere decir que el anterior IPC otorgaba demasiada importancia a productos suntuarios o exóticos. Era un consumo para sectores de altos recursos y, con el aumento de la capacidad de compra de los sectores populares en los últimos años, ya no se correspondía con la realidad. Esta afirmación no carecía de validez, ya que las sociedades son dinámicas como así también lo es lo que consumen. Lo que se compra en un momento, difícilmente será lo mismo que se compre 10 años después; por tanto, no se puede medir de la misma manera. Sin embargo, el cambio no fue realizado con la precisión técnica necesaria. Es por ello que el IPC dejó de inspirar la confianza necesaria y los actores sociales ya no contaban con él como medida válida de la realidad económica y social.
Otro problema, accesorio a éste, es que el desprestigio en que terminó cayendo el IPC fue utilizado por algunos sectores para criticar otros indicadores que mostraban el éxito de algunas políticas oficiales. Los avances en educación, salud, trabajo, la baja tasa de homicidios, entre otros, fueron puestos en duda por ciertos sectores de la oposición política, económica y mediática. Esas acusaciones eran infundadas. Desde hace varios años, Argentina se caracteriza por contar con buenas mediciones a nivel internacional. Pero se veían arrastrados por la desconfianza del anterior IPC. Es de esperar que el nuevo índice permita superar estos problemas y deje de “dar pasto a las fieras” a quienes poco importan las mediciones reales, sino atacar la postura de un Estado activo en el control de la economía.
El nuevo IPCNU cuenta además con ventajas cualitativas respecto al anterior. En primer lugar, no se realizó a la ligera, sino que se tomó un tiempo considerable para revisar y probar cambios. Por otro lado, se llevó a cabo una nueva encuesta de gastos de los hogares durante 2012 y 2013. La anterior databa de 2004, por lo que ha actualizado la información sobre lo que consumen los argentinos. Finalmente, se realizaron consultas y se recibió apoyo de Institutos de estadísticas públicas en diferentes países, para afinar la metodología y hacerla válida para mediciones internacionales.
Desde el punto de vista cuantitativo, los cambios también son sensibles. El anterior índice, consideraba únicamente el consumo en la Capital Federal y el conurbano bonaerense. Si bien es cierto que es el área más poblada del país, no lo es todo, y sus resultados no se pueden extrapolar automáticamente a todas las regiones del país, que cuenta con situaciones particulares y eventos puntuales que hacen que los precios sean diferentes entre ellas. El nuevo indicador es el primero que mide la inflación en todas las regiones. Por primera vez se podrán medir los precios reales de todo el país.
La importancia de una buena medición para un Estado activo
Contar con un nuevo indicador que pueda medir fehacientemente los cambios producidos en todo el país tiene una importancia que no siempre es lo suficientemente valorada. Desde un punto de vista limitado, colabora en la evaluación de los cambios económicos y sociales en una sociedad determinada. Sin embargo, el Estado Nacional ha decidido en la última década no ser sólo un actor pasivo que contempla y mide la realidad, dejando que “la mano invisible” determine las variables socioeconómicas. Un Estado activo necesita no sólo conocer la realidad, sino tener la capacidad de medir con extrema sensibilidad cualquier cambio que pueda acontecer con ella. Para poner un ejemplo claro, imaginemos que la mortalidad infantil en el país, que viene bajando consistentemente, en un período determinado tiene una suba, por mínima que sea. Los responsables del sistema de salud del país encienden una alarma e intentan verificar si el cambio se debe a un tema coyuntural o algo a más largo plazo, y entonces proceder a intervenir. Si el rol no sólo es evaluar la realidad sino intervenir en ella, previniendo y corrigiendo cuando sea oportuno, es necesario contar con indicadores profesionales y adecuados a la actualidad social. El nuevo IPCNU va por ese camino.
Los problemas de las mediciones privadas
En los últimos tiempos diferentes consultoras privadas han intentado brindar sus propias mediciones de inflación. Con las mismas, sectores de la oposición política han realizado lo que han dado en denominar “IPC del Congreso”. Esta medición tiene que ver más con la lucha política partidaria que con una real intención de medir la realidad argentina. Pasamos a explicar por qué.
En todo el mundo, las mediciones de precios son realizadas por Institutos estatales de estadística. La razón es simple: el Estado es el único que cuenta con los recursos y la logística para llevar a cabo mediciones tan grandes y complejas. Como muestra bastará con remarcar que el IPCNU relevará 235.000 productos en 13.000 puntos de venta. Extremadamente alejado de las posibilidades de cualquier consultora privada, que cuentan con una plantilla limitada de colaboradores. Eso sin contar con que el nuevo IPCNU puede medir variaciones no sólo a nivel país, sino en las diferentes regiones. Por poner un ejemplo, la consultora Elypsis, que participa en el IPC del Congreso, realiza mediciones de productos que se publicitan online. Es un exceso de optimismo suponer que los precios que se promocionan de esta manera, representan fielmente las variaciones de precios de la economía real, donde la incidencia del comercio electrónico es todavía menor. Sin contar que no tiene para nada en cuenta los pequeños puntos de venta, como pueden ser almacenes, carnicerías y verdulerías de barrio.
Las consultoras privadas podrían actuar de buena fe en sus mediciones, pero no contarían con los recursos para hacerlo. Más difícil es defender al IPC del Congreso. Este realiza un promedio con los índices de inflación de varias consultoras. Es decir, iguala mediciones no sólo cuantitativa, sino cualitativamente diferentes. Promedia consultoras que usan diferentes metodologías, diferentes muestras, y relevan información en diferentes lugares. Metodológicamente hablando, un índice de este tipo es inaceptable y carece de valor técnico, ya que no reúne los requisitos mínimos como para ser fiable. Es como sacar un promedio entre alguien que tuviera 4 manzanas y otra persona que tuviera 2 naranjas. Sencillamente no se puede, porque son dos cosas diferentes. Aunque, si siguiéramos la lógica del IPC del Congreso, podríamos afirmar que el promedio serían 3 mandarinas. Es poco defendible entonces que los titulares de las consultoras que participan, usualmente propiedad de políticos opositores como Jorge Todesca o Carlos Melconian, o cercanas a usinas de pensamiento liberal, puedan convalidar una acción de este tipo, que sería inaceptable para cualquier estudiante de un curso universitario de metodología de la investigación. La única explicación factible es que es realizado para servir como instrumento político de sectores opositores. Es de esperar que, como corolario de la aparición del nuevo IPCNU, también se eliminen este tipo de acciones, que no agregan nada para entender la realidad argentina, más allá de una distorsión innecesaria.
Cristian Silva
Analista de Cecreda