ROMPER EL CERCO Y DARLE LUZ AL PODER JUDICIAL. Joven y mujer, Vanesa Siley es Dirigente Judicial. Se autodefine en su cuenta de Twitter como: “Mercedina, peronista, trabajadora de la justicia, Secretaria Gral. Judiciales CABA” y el martes 11 de febrero recibió a nuestros analistas para ser entrevistada sobre las leyes para “democratizar la justicia”. En medio del debate sobre el rol y las características que debe tener Poder Judicial en Argentina, ella categoriza las reformas que debería tener como “hacia dentro” y “hacia afuera”.
¿Qué nos puede decir sobre las leyes de democratización de la justicia?
Las seis leyes, salvo la elección popular de los consejeros del Consejo de la Magistratura a través del voto directo -que fue declarada inconstitucional por la CSJN-, están vigentes y requieren de su aplicación. Algunas están en principio de ejecución, resta que se reglamenten.
Para mí es un aspecto negativo que en cabeza de la Corte Suprema esté la reglamentación de las leyes. La reglamentación es un aspecto fundamental para la aplicación efectiva de una norma, para llevar a la realidad concreta una norma; esto hace que muchas leyes (como por ejemplo, el ingreso democrático) queden a mitad de camino. Esto ocurre por ser la Corte Suprema Justicia de la Nación (CSJN) la autoridad encargada de reglamentarla y por ende, llevarla a la práctica. Es un obstáculo a mi forma de ver, porque hoy en día todavía no la reglamentó y; porque la Corte, en sus pronunciamientos políticos, que también los tuvo, se opuso a la democratización de la justicia. Sabemos que aquel que se opone a un proceso legislativo y encima, en su cabeza está la reglamentación (el camino para la aplicación de la ley) hará que el camino sea sinuoso o que nunca se llegue a la reglamentación.
Yo analizo en términos generales el paquete de esas seis leyes como una democratización hacia afuera. La mayoría se fundaron en transparentar, acelerar e instalar el acceso a la justicia, por parte de los ciudadanos, por eso es hacia afuera.
Hay una única ley que cumple su función de democratizar hacia afuera y hacia adentro, que es el ingreso democrático, porque si bien es democratizar hacia afuera ya que cualquiera podría acceder a través de un sorteo de la lotería nacional (aun así hay que rendir un examen básico); establece, la normativa, que se ingresa por el rango más bajo, desde los empleados y después hay que concursar por el lugar de funcionario letrado. El hecho de que ingrese por el cargo más bajo fue un aporte nuestro a la ley, porque al principio el proyecto – cuando lo estábamos debatiendo con mis compañeros que estaban escribiendo la ley – querían hacer que se ingrese por cualquier cargo; nosotros dijimos “no” porque eso viola la carrera judicial.
La estructura en los cargos en la justicia se llama escalafón, el escalafón se determina por el cargo más bajo, que es el auxiliar, hasta el juez. ¿Cómo se crece en la carrera? Producida una vacante en un cargo intermedio o altos, todos ascenderían y la vacante efectiva sería el último cargo. Todos ascienden, de esa misma oficina o de otras. La idea es que la carrera judicial se vaya respetando acorde a la antigüedad de la persona y al mérito de la persona o idoneidad, factores objetivos: tiempo y el factor subjetivo: capacidad y desempeño en el desarrollo en la función. Nosotros quisimos que sea una ley que también sirva a los judiciales que ya trabajan, al empleado judicial, aparte es una bandera histórica del gremio.
Ahora, a mí me parece que ese paquete de leyes, que es para transparentar la justicia, también abrió una puerta o una perspectiva para democratizar hacia adentro y ese si es un deber de la propia comunidad judicial, ya sea del sindicato, como de los magistrados.
Por ejemplo: la reforma del código procesal penal se enrola en el marco de esa democratización hacia adentro. La creación de un reglamento para la carrera judicial sería otra parte de la democratización hacia adentro, recuperar el sistema de porcentualidad salarial (la famosa ley de enganche derogada por el menemismo para los empleados judiciales, es otra forma de redistribuir los salarios). Convenio colectivo de trabajo sería una forma de democratización hacia adentro increíble, es la herramienta para que los trabajadores -el rango más desprotegido y más bajo de la comunidad judicial, que son los empleados y algunos funcionarios- tengan voz y voto en las definiciones de política judicial, en las condiciones laborales, en la carrear judicial, todo lo que hace a la vida laboral.
¿Cuáles son las leyes que democratizan hacia afuera? ¿De qué formas lo hacen?
Se enroló en el paquete de leyes, te lo puedo sintetizar de las siguientes formas:
Con la declaración patrimonial jurada, para que se conozcan los sueldos de los magistrados. Fundamental, es una democratización hacia afuera, que el ciudadano conozca con nombre y apellido al funcionario público es elemental en un sistema democrático y más en un poder del Estado.
¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el Poder Judicial (PJ) y los demás poderes del Estado? No se elige por el voto (es la madre de todas las discusiones) y la otra es que no son caras visibles. Los magistrados recién ahora, como un efecto secundario colateral de la democratización de la justicia empiezan a hablar y a salir. Eso es bueno, por más que yo no comparta pronunciamientos del grupo de fiscales que se manifestarán el 18F. Es bueno que conozcamos quienes son Ricardo Sáenz, Marijuan. Son funcionarios públicos que muchas veces van a tener en sus manos la vida de la gente, la resolución de los conflictos de los ciudadanos.
La declaración jurada forma parte de la democratización hacia afuera, es transparentar, conocer a los personajes que cargan sobre sus tareas el servicio de Justicia.
La aceleración de los juicios mediante la creación de las Cámaras de Casación. Con el sistema que nosotros tenemos de control de constitucionalidad, la CSJN terminaba teniendo un trabajo inconmensurable a comparación de otras cortes de otros países, por ejemplo: Estados Unidos. Las Cámaras de Casación vienen a crear esta tercera instancia en muchos fueros ordinarios, como el comercial, el civil, el laboral; para evitar que todos esos juicios terminen en la Corte y que terminen, paradójicamente, dilatándose en el tiempo, deviniendo en abstracto muchos reclamos.
La primera y principal ley para democratizar para afuera era la elección de los consejeros. Se trató de instalar una discusión o confusión; de que en realidad el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo quería hacer que los jueces sean votados y elegidos. Y nada que ver. No pasaba por ahí. Si bien el Consejo de la Magistratura se integra por jueces, se integra por jueces que cumplen una función de administradores cuando son consejeros. El juez que es consejero, no se sienta en su banca en el Consejo de la Magistratura para ejercer de juez, es decir, para impartir justicia, hablar de sus sentencias. Se sienta en su banca como consejero, es decir, como administrador del PJ. La elección popular era hacia los consejeros, los que administran la justicia y no hacia los jueces. Esa era la principal de democratización hacia afuera.
Imaginate si quisiéramos discutir el sistema boliviano, donde son todos electos por el voto popular. No se puede, los argentinos no estamos preparados simbólicamente para dar esas discusiones. Pero por alguna discusión hay que empezar y hay que instalar el tema.
La ley de las cautelares es fundamental porque fue el tema más controvertido. ¿En qué se basó la controversia? En el nuevo paradigma de poder en Argentina y en América Latina. ¿Qué caracteriza a la cautelar? Que es pretoriana, es una aclaración pretoriana de la corte; que es un ejercicio, es más una práctica que una ley. El amparo, en cambio, tiene su ley en el artículo 43 de la Constitución Nacional.
La cautelar se basa en el principio – que también comparte con la acción de aparo – que es un sujeto desprotegido ante el Estado. Pero ese sujeto desprotegido ante el Estado, que lo marca el derecho administrativo, es el ciudadano contra un aparato gigantesco, con su poder omnipresente, omnipotente, el ejercicio legal de la fuerza, etc. Este ciudadano necesita el sistema jurídico y el sistema de derecho para protegerse de eso.
Pero hoy nos encontramos con otro paradigma frente al poder y a la distribución del poder. Primero, el poder no lo podés sentar en una mesa, como dicen muchos politólogos. El poder concentrado se divide corporativamente, hay un entramado de poder entre las entidades financieras, que tienen sus mismos intereses compartidos con las corporaciones mediáticas, que a su vez tienen sus mismos intereses compartidos con muchos poderes de Estado. Esto se divide inclusivo a nivel internacional.
Nos encontramos que este poder, más poderoso que el Estado mismo, era el que estaba utilizando las cautelares, las medidas para frenar acciones del Estado que se encuentra en ejercicio de la democracia y del normal desempeño de las instituciones. La ley de cautelares venía a regular esta nueva relación de poder, no la relación de poder que podríamos decir del siglo pasado, entre un Estado y un ciudadano. Sino entre el poder real –fáctico- y el poder del Estado, el poder democrático.
La dogmática de las cautelares, la chicana o la zoncera es “con las cautelares se va a evitar que se hagan efectivos los derechos humanos, sociales, económicos, de los jubilados, accesos la vivienda, salud, discapacidad, etc”. El CELS hizo una introducción modificatoria muy buena, donde amplió la autolimitación que la ley se hizo a sí misma para la regulación, de esta manera se introdujo: “esto no se aplicará en caso de que se afecten derechos sociales, etc”. Se amplió ese artículo, sin dejar nada afuera, y quedo clarísimo y evidente que, esta Ley de Cautelares, regulaba esta relación de poder (poderes fácticos contra el Estado). Entonces, la Ley de Cautelares viene a limitar a esos poderes (reclamos que son de orden patrimonial) en relación al poder popular democrático (el Estado).
Ley de Publicidad de Resoluciones del Poder Judicial: es fundamental, hay un sitio que es el CIJ (Centro de Información Judicial), lo maneja la CSJN, avanzó en muchas cosas en este sentido. Como reconocimiento puedo decir que esta corte tiene una capacidad de difusión, distinta a las otras. Es por el mismo sistema de redes sociales, de acceso a la información que existe en la sociedad. Sí o sí el PJ está mucho más abierto, se publican muchas sentencias, tal vez este sistema venían a emprolijar un poco lo que ya existía. Efectivamente existía. De igual manera, existir pueden existir muchas cosa. Esta ley intenta instalar un poco más la apertura de los actos judiciales y administrativos del PJ.
Por ejemplo en el PJ de la Ciudad, se respeta mucho el tema de la información pública, todos los actos de la administración del PJ son públicos, hasta incluso los salarios y la nómina de todo el personal está publicada en internet. Ahora, ¿un ciudadano común se mete en internet para ver cuánto cobra el juez que está llevando su causa? No, porque es una noción cultural, esa es una de las batallas de la democratización, es fundamental la cuestión cultura, es tanto de afuera como de adentro.
Adentro del PJ, siempre digo que lo que me sigue sorprendiendo es cómo la cuestión intrincada del poder hace que alguien reclame en contra de sus propios intereses. Cuando yo veía a muchos judiciales oponiéndose a la ley de ingreso democrático -que era la ley que iba a permitir la existencia de la carrera judicial sin lugar a dudas- no lo podía creer. Esa es una batalla cultural, por la concientización.
La movilización más masiva de nuestro sindicato, a nivel nacional, (no en la Ciudad, nosotros nos oponemos a la gestión de Piumato, somos lista opositora, ganamos casi por el 90%, con una participación del 80%) no fue por pelea de salario, ni por planta permanente, fue por oponerse a las leyes de la democratización de la justicia. Fue la movilización real de empleados judiciales máss masiva, orquestada por los propios jefes, con su habilitación. Es diferente cuando salen a pelar por sus salarios, eso una lucha entre el juez y el empleado.
Volviendo un poco al tema de las cautelares, uno de los temas del paquete con más preposición. La cautelar es un mecanismo del Poder Judicial para evitar el avance el Poder Ejecutivo, ¿hasta qué punto las cautelares perjudican esa independencia del PJ y del Poder Ejecutivo (pone en riesgo su independencia)?
En primer lugar, el Estado es uno solo. A mí no me gusta hablar de independencia del PJ, en todo caso porque el PJ es parte del Estado, la diferencia es que el PJ tiene una función, el Poder Legislativo otra y el Poder Ejecutivo otra. Cuando se dice “cuestiones de Estado no judiciables” son actos del Poder Ejecutivo que la Constitución Nacional no permite que el judicial los revise.
¿Por qué no me gusta hablar de independencia? Más allá de que es parte de lo público, porque siempre se circunscribe ese latiguillo de independencia de un poder sobre otro poder. Si hablamos de independencia también tenemos que hablar del cuarto poder. No existe la independencia del PJ, te lo digo porque soy judicial. Si hablamos de independencia del PJ, debemos decir independencia del: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y poder real y fáctico de la Argentina. Para mí no existe la independencia del PJ, ahora se está desnudando que hay relaciones entre jueces, magistrados, fiscales y demás, con ONGS destinadas a hacer lobbies para grupos mediáticos, financiadas por grupos mediáticos, que sabemos que estos tienen intenciones financieras, llenamos esa telaraña increíble.
Sabemos que es inevitable no tener una postura política siendo funcionario del Estado y el PJ es parte del Estado. Todos los que estamos en el PJ, en lugares trascendentales o de toma de definiciones, tenemos postura política, no necesariamente partidaria (eso sí está prohibido, un magistrado o juez no puede estar afiliado a un partido político). Ahora, ¿esquivarle la cuestión política a un juez? Un juez tiene opiniones políticas, hace política con sus sentencias.
Creo yo que la independencia en tanto esa palabra me parece no existe en la realidad; ahora por qué es necesaria en términos teóricos, lo podemos discutir, pero tenemos que discutir otras cosas, complejizar.
Hoy en día, cuando alguien va a un sorteo para que le toque un juez que resuelva su causa, todos se fijan que juez le toca, para ver si ese juez es afín o no al gobierno, si falló alguna vez en algo similar a favor o en contra, qué posturas tiene, si se lo ha visto en alguna asociación de magistrados, si está afiliado al gremio o no. ¿Y qué hay de independiente ahí? Si hay un tipo que no es afín al gobierno, ¿de qué es independiente?
Termino no comprendiendo la discusión, me parece añeja, de otra época, que no se ajusta a la realidad. Las cautelares, regulación de un acto procesal no puede dañar la independencia de nada, porque es una herramienta, el que la usa la lleva para un lado o para el otro, son formas de llevar a un lugar, la cuestión de fondo siempre queda en manos del juez. Por ese lado, una regulación no puede dañar la independencia, por otro lado, la independencia la tenemos que discutir desde todos los poderes, PJ, Poder Legislativo y poderes fácticos. De ahí hacemos un capítulo aparte y discutimos la diferencia de los poderes fácticos, concentrados, y el poder popular. Porque si no parece que todo está en el mismo lugar. Por otro lado, en la realidad más real, por más pragmática, la independencia real no existe.
No lo digo como algo malo, capaz es algo muy trasgresor plantearlo así o difícil de procesar, pero a mí no me parece malo que haya posturas políticas en el PJ. Me parece bueno que lo digan, que la gente diga lo que piensa, lo malo es ocultarlo, teñir bajo el manto de la independencia lo no es independiente. Decir “yo soy independiente porque soy juez”, es incorrecto. Decir: “Soy juez pero también pienso esto, esto, esto, si no fuera juez, militaría en el pro” es más transparente.
Es difícil la tarea de los jueces, me parece dificilísimo tener que sostenerse en un lugar de imparcialidad cuando, en realidad, no son imparciales, son personas humanas con definiciones. Acá es importante el proceso, como se llevan las cosas, lo demás son discusiones filosóficas entorno al Derecho. Que no hay derecho, no es que lo diga yo, lo dice la realidad objetiva del PJ, como está ahora. Y si buscamos la independencia no la vamos a encontrar nunca.
Más allá de lo político, los judiciales tienen una vida por la que transitan y eso los carga de valores…
Además hay una puja de poder real, por ejemplo, al momento de designar a los agentes judiciales. Si bien para ser juez tenés que pasar por un concurso de antecedentes (tenés que mostrar tus cualidades y tu historial) y de oposición (competís contra otros). Hay una etapa del concurso, la entrevista, donde definen los entrevistadores. Por ejemplo, necesitás 20 puntos, según el que te entreviste te pone 10, 5, 20, 4, puede ser que hayas sido el mejor entrevistado del mundo, pero si los entrevistadores tienen otro candidato, ese candidato se va a sacar 20 puntos y vos te sacas 0.
La transparencia de los concursos es fundamental. Al menos saber cómo se hacen los concursos en la Justicia para ser juez. De hecho, en su momento, en la década de los ‘90s había un acuerdo entre la UCR y el partido justicialista de designación de magistrados, entonces eran mitad y mitad para cada partido, cada uno ponía sus candidatos. De hecho Lorenzetti, era peronista y militaba políticamente. Todo se termina sabiendo.
Más allá de estas seis leyes, ¿cuáles otras propondrían ustedes para llegar a lo que ustedes imaginan como ideal del PJ que desean ustedes?
Primero el convenio colectivo de los judiciales, que no tenemos.
Después, la recuperación del sistema de porcentualidad salarial, se llamaba ley de enganche informalmente, establecía que cada cargo del escalafón del poder judicial era un porcentaje en términos salariales del salario del juez de cámara. Significa que se achica la brecha y la distancia; con este sistema de porcentualidad achicás la brecha entre el que más cobra y el que menos cobra en el PJ.
Nosotros en la Ciudad la recuperamos, a nivel nacional no existe. Hoy en día nosotros tenemos una relación de un 27% del auxiliar de servicio del juez de cámara, el que le sigue tiene el 28%, el otro el 30%. Así se va haciendo todo el escalafón. Si se crea un sistema de porcentualidad se puede subir más todavía, el objetivo siempre es llegar al 30%. Esto te permite una seguridad en términos salariales, por ende, se evitan los actos arbitrarios por parte de los magistrados, en tanto ellos sí tienen representantes en el consejo y los empleados no. Por ejemplo, muchas veces se han creado adicionales al sueldo de los magistrados que no repercutían en el sueldo de los empleados.
En la Ciudad, los magistrados se crearon un adicional por lo que cobraban un 10% más de sueldo. Nosotros salimos diciendo que ese acuerdo rompía la porcentualidad: o todos teníamos 10% más o nadie lo tenía. Y conseguimos todos un 10% máss, con la bandera de la porcentualidad.
Otro ejemplo: los judiciales de la AJB tienen una diferencia entre un 15% el que menos gana, el auxiliar de servicio gana el 15 de lo que gana el juez de cámara. Con un sistema de porcentualidad podrían acomodar ese salario. El reclamo es que en todo el país exista, una equiparación de las tareas y del salario, también a nivel nacional atravesando las jurisdicciones. Es una discusión gigante. La ley de enganche se puede recuperar.
Participación de los trabajadores en la obra social, ya que no la tenemos. Aparte, nuestra obra social tiene una característica muy particular: no está regulada por el sistema de obras sociales ni por el sistema de prepagas, es un hibrido. Se encuentra parte de todo. La Superintendencia de Riegos de Salud no interviene en los actos ni los regula. Lo regula la CSJN, además depende de ella. Regula la obra social de la cual depende. Es un problema muy grave.
La obra social es para todos los judiciales nacionales y federales, además, la Ciudad Autónoma tiene un convenio con la Corte para que también tengamos esa obra social.
Tuvimos un caso en que una compañera quería llevar el caso con nosotros, no se estaba cumpliendo la ley de fertilización asistida. Quisimos hablar con el presidente de la obra social, que se llama Aldo Juan Tonon, nunca nos quiso atender porque no nos reconocía la representatividad como sindicato de la ciudad. Tuvimos que ir con un expediente administrativo, que lo iba a tener que terminar resolviendo la Corte. Obvio que nosotros fuimos con nuestras herramientas gremiales (con la movilización, sacamos notas en diarios). Imagínense que si hubiéramos ido sólo por la vía legal, íbamos con el expediente, llegábamos a la Corte Suprema, ella resolvía en contra nuestro, ¿que hago? Un amparo, una cautelar, para respetar mi derecho individual. Imagínate que hice un amparo, contra la Corte en derechos administrativos, después llegará de vuelta a la Corte y ¿qué va a hacer, resolver en contra de sí misma? Por suerte se resolvió bien, podría haber sido mejor y puede serlo. Se sigue sin cumplir la ley. La orden social nos dio la cobertura por excepción.
A través del convenio colectivo, que regule las relaciones al interior del PJ, se establecen todas las cosas que hay que democratizar al interior: la carrera judicial, las licencias, las condiciones laborales, las condiciones de infraestructuras, los adicionales.
Hay una ley de contrato de trabajo que dice que, en donde hay más de cien trabajadores, debe haber una guardería. Eso no existe en el PJ, ni en la Ciudad ni a nivel nacional. Como nosotros no lo tenemos, fuimos y pedimos un subsidio por jardín maternal, que sea tan igual su precio como el de cualquier guardería, para que yo pueda pagar y dejar a mi hijo por siete horas. Hoy una guardería te sale tres mil pesos al mes. Nosotros conseguimos un subsidio de dos mil quinientos pesos, es móvil y se actualiza por la paritaria, el año pasado conseguimos 30% por paritaria, logramos que el jardín aumentara un 60%, debido al fuerte incremento que habían tenido los jardines en sus cuotas.
En el PJ nacional no existen ni guarderías. Estas son las paradojas del sistema democrático, en el lugar donde hay que hacer cumplir las leyes, no se cumplen. No existen guardería ni subsidio. A través de un convenio colectivo se puede conseguir. Es un ejemplo de las cuestiones que hacen de la vida interna del PJ, para acceder a una democratización. ¿Pero que es democratización? Que todos por igual puedan acceder a las mismas condiciones laborales, a la defensa de nuestros intereses, a la ampliación de nuestros derechos, eso es democratizar hacia adentro.
Además hay una cuestión fundamental, que no se hace a través de las leyes sino a través de la militancia: la cuestión cultural. En el PJ hay mucho maltrato, maltrato laboral. Porque las estructuras son de castas, conservan un formato feudal: un juez que tiene en su juzgado sus empleados. El juez es amo y señor, no solo de sus definiciones en tanto actos de justicia, sino de sus empleados. Nosotros creemos que hay que romper con ese sistema y crear sistemas de trabajo de otra manera, más parecido a lo bueno que tienen el sistema del modelo chileno (no a lo malo, que es privatizado).
Ese sistema de relaciones humanas que tienen que ver con el ingreso (“si yo te hago entrar, vos dependes de mí y se hace lo que yo digo”) y el sentirse superpoderoso. Un juez tiene mucho poder, llegan conflictos de otros iguales a él y él los resuelve, lo que él dice es lo que se debe hacer. Esa estructura psicológica se aplica al interior de las relaciones laborales.
El maltrato laboral es el problema principal que tenemos adentro en el PJ. Es a esta estructura de relaciones humanes, que se funda con este formato, a la que tenemos que derribar. Esa es una tarea de la militancia, porque hacer concientizar a las personas de que tienen derechos de no ser maltratados, de no ser abusados en sus relaciones, es muy difícil. Hasta te podría decir que hablamos de una faceta de una clase media de la sociedad, profesionales con buenos salarios, con un alto nivel de capacitación y, sin embargo, mirá la penetración cultural de relaciones que se remiten a otra época, que no se relacionan con la actualidad. El trabajar en vez de siete horas, hacerlo diez horas y no quejarse, tener que trabajar sí o sí.
Es muy difícil dar esa batalla, nosotros cuando nos toca un caso de algún compañero que está siendo maltratado, lo primero que hacemos es brindarle el apoyo de un asistente psicológico y después que hay que iniciar la denuncia. Nadie quiere denunciar porque todos los jueces son amigos y después, “si yo denuncio a un juez, ¿quién va a querer trabajar conmigo?”. Esto se hace con la militancia, con información, capacitación, hablar con los compañeros, estar al lado, generar confianza.
Yo propondría todo eso, el día que lo logremos va a ser genial. En la Ciudad estamos a punto de tener un convenio colectivo, ahora a fines de febrero, nosotros ya presentamos nuestro proyecto.
El maltrato sigue siendo el problema principal en términos gremiales y no lo podemos resolver. Es muy fuerte. Podés tener el mejor convenio colectivo del mundo, pero esas relaciones siguen estando fundadas en el poder de uno sobre el otro y no lo vas a cambiar. Aunque, mientras más fuerte sea el sindicato, menos fuerte será el poder que pueda ejercer un jefe sobre un trabajador.
¿Sería viable proponer que no haya más tercera instancia, que únicamente se llegue a segunda instancia judicial?
Es muy buena propuesta, creo que sería posible. No soy una experta, pero no lo veo inviable. Habría que ver el tema del código procesal, las funciones determinantes que tiene la segunda instancia, que puede ser el analizar la arbitrariedad del juez, que no haya habido inclinación por una de las partes, después el tema de los agravios en general; habría que determinar eso, qué otra facultad habría que darle a la segunda instancia para que sea la instancia definitiva. Se podría. En Estados Unidos funciona así, no es que hay tres instancias.
La idea es muy buena para descomprimir la Corte Suprema…
Hay que evitar caer de nuevo en lo mismo. Eso sería fundamental. Todavía no existe el contralor del controlar, no existe aquel que controle al cuerpo judicial, ese es un problema. Si está abierto a la comunidad, la comunidad es la que controla. Mientras tanto no exista el control del control, puede ser una rueda infinita.
Nos pasó con las superintendencias, que iban a controlar al transporte, la salud y demás, terminó en una corrupción total.
Para mí hay que evitar que todo tipo de reforma haga que después tengamos los mecanismos suficientes, para que después con la práctica y el devenir del tiempo no caigamos en la misma dilatación con los procesos, el mismo sistema de cajonamiento, de embarrar. Por ejemplo, la oralidad sería otra forma de agilizar la justicia, existe únicamente en el sistema penal. ¿Por qué no oralidad en el juicio civil, laboral, en todos los fueros? De esta manera agilizás la justicia y la hacés más transparente, vas a un juicio oral y tenés que hablar más claro que como escribís. Podría ser otra de las formas de agilizar la justicia, que es también democratizarla.
La sociedad en general ve a los trabajadores judiciales como sujetos privilegiados, a todos por igual, ¿qué opinás sobre esto?
Yo opino que los trabajadores judiciales, no son sujetos privilegiados. Sí, son y somos trabajadores de un poder del Estado, que tiene buenos salarios y buenas condiciones de licencias. Pero estamos y debemos estar sometidos a la ciudadanía en nuestros actos, igual que cualquier funcionario público. Tenemos obligaciones para con el ciudadano igual que cualquier funcionario del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Tenemos un oficio que es: servir justicia. Ese es nuestro oficio y eso hay que respetarlo.
Lo que creo con respecto a la ciudadanía, cómo nos ven a nosotros, claramente mal. Esto porque el PJ es oscuro, no está transparentado, no se abre a la sociedad. Soy la única judicial de toda mi familia, voy a hablar con cualquiera y tiene el preconcepto de que si trabajás en el PJ o sos garca o sos importante. Y, además, que si trabajás en el PJ podés solucionar todo, asesorar sobre cualquier cosa. Ese preconcepto está en el rango desde el último auxiliar hasta el juez de la Corte Suprema.
Estamos en la tarea de romper ese cerco y darle luz al PJ. Nuestro rol concreto es para adentro del PJ, donde tenemos muchos compañeros y hay muchos jueces amigos y compañeros, así como hay muchos que no lo son y hay muchos empleados que no quieren a su sindicato; por suerte la mayoría sí, como en cualquier lado hay de todo. Lo fundamental es que se conozca. Si no fuera por las leyes de democratización de la justicia ni siquiera se preguntarían sobre el PJ, está bueno que se empiece a hacer el análisis, las causas y las consecuencias del sistema judicial.