La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) vive actualmente, a dos años de su promulgación, un proceso dificultoso en su implementación, junto con una percepción pública limitada en cuanto a los alcances de la misma. Los grupos de la oposición política y mediática han argumentado que la Ley ha sido viciada por un comienzo marcado por la disputa del gobierno con un monopolio; análisis que durante un tiempo los ha llevado a negar los avances que implica la Ley en términos de democratización del acceso a los contenidos y la apertura de licencias a actores hasta ahora no reconocidos como potenciales emisores.
El Kirchnerismo ha cumplido sin duda un rol histórico en la motorización y la aprobación de la ley. Sirvan como ejemplo para dimensionar la cuestión los más de 70 proyectos presentados desde el retorno de la Democracia hasta la presente Ley que no han prosperado ante la reacción de los poderes económico-mediáticos del momento.
El actual gobierno ha logrado la difícil integración de mundos que históricamente han estado disociados: una fuerza partidaria con voluntad de reforma, el mundo de la academia compuesto por especialistas e investigadores, y el colectivo de grupos y organizaciones sociales que hicieron el movimiento por los 21 puntos. La elaboración de la LSCA y su decreto reglamentario ha contado con una amplia participación social, con más de 30 audiencias públicas, presentaciones en foros, aportes de particulares, asociaciones profesionales y cooperativas.
Se han dado además procesos democratizadores del espectro, como en el caso de los nuevos canales de TV Digital Abierta, con inversiones en infraestructura de parte de la Comisión Nacional de Comunicaciones y los subsidios otorgados por el gobierno para la adquisición de los decodificadores.
Sin embargo, para que la LSCA se transforme en una verdadera ley de la democracia, sólida y duradera, y que despliegue todos sus alcances, es necesario pasar a una segunda etapa que la separe del proceso de disputa gubernamental con los medios dominantes (inicialmente inevitable por otra parte dada la oposición recalcitrante de los mismos) hacia una nueva etapa en donde se incluya como parte de la generación de una Comunicación Pública más verdadera.
La pregunta que surge entonces es: ¿cómo hacer para ganar la escaramuza cultural en torno a que la LSCA deje de ser percibida, tanto por los actores políticos como por la sociedad, como una Ley K para pasar a formar parte de una Política Nacional de Comunicación (PNC) que fomente el desarrollo de una comunicación pública más democrática?
Esbozo aquí algunas ideas:
- La regulación de los procesos de comunicación masiva son sólo una parte del proceso de comunicación comunitario y social general. El desarrollo de un verdadero proceso de comunicación pública conlleva otros aspectos de base ligados con la participación, el derecho a la comunicación y a la producción cultural y a una distribución del ingreso más igualitaria que otorgue medios materiales y simbólicos a la ciudadanía. No puede desarrollarse un verdadero proceso de comunicación pública si no se la encuadra dentro de un proyecto nacional democratizador de las diferentes esferas sociales, no sólo de la comunicación. Por consiguiente, es necesario profundizar el proyecto democratizador para alcanzar una plena implementación de la Ley.
- La Ley de SCA debe considerarse en el marco de una Política Nacional de Comunicación. No puede explotar toda su potencialidad si no es incluida como parte de un todo orgánico y con objetivos de largo plazo. Sin una PNC, la LSCA no puede transformarse en una política de Estado. Este proceso debe contar con la voluntad de los actores políticos, económicos y sociales para evitar repetir la experiencia histórica de los distintos foros internacionales que han intentado recurrentemente comprometer a los gobiernos a generar políticas de estado en torno a la comunicación y que han retrocedido ante la oposición de los grupos mediáticos poderosos.
- Una PNC implica el trabajo conjunto de los diferentes actores sociales, no sólo en cuanto a la generación de contenidos, sino en cuanto a retroalimentar a los medios en función de sus intereses y cosmovisiones. La LSCA abre, en este sentido, el campo de asignación de frecuencias a actores antes relegados (Universidades, Cooperativas; Pueblos Originarios).
- La integración de los actores debe estar dada por un Estado que vele por lo público. Si lo que se busca es generar políticas de largo plazo, entonces no puede partidizarse la implementación de la Ley. Debe salirse de la trinchera, del enquistamiento defensivo y la guerra de posiciones y empezar a construirse con inclusión e integración. El rol del Estado es fundamental en este proceso. Si el Estado es sospechado de parcial, si otorga a los detractores mismos los argumentos para denigrarlo, la batalla está perdida. Debe actuarse con inteligencia. Ello implica construir con el objetivo de que la Ley pase a ser una política de estado reconocida por la oposición y los distintos actores sociales. Ganar la batalla implica generar una cultura en la cual los actores dejen de estar subsumidos en los propios intereses para ganar en visión general de largo plazo.
- La aplicación de la ley implica un proceso complejo en el que deben compatibilizarse intereses contrapuestos. Los cargos centrales en los organismos responsables de diseñar, implementar y regular en materia de comunicación, deben estar ocupados por profesionales idóneos y con experiencia en el tema. Se requiere además de la participación activa de los polos de saber como son las universidades, los institutos terciarios y los centros de investigación.
- Este proceso de comunicación pública (no estatal ni gubernamental aunque regulado desde el Estado) debe ser nacional y descentralizado.
- Debemos fomentar una comunicación pública que vaya más allá de la comunicación mediatizada; que promueva las formas de la comunicación interpersonal, institucional y comunitaria. Debemos sacar a la comunicación del reduccionismo mercantilista. La comunicación como derecho humano no puede darse sino en el marco de una comunicación pública que promueva la participación. Si logramos hacer todo esto, la batalla estará ganada.
Fernando G. Martínez
Especialista en Comunicación
Socio Fundador CECREDA
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