Este año se cumplen 40 años de la Noche de los Lápices, el secuestro y asesinato de diez estudiantes de secundaria en La Plata por parte de la Dictadura Militar. Estos jóvenes reclamaban, militaban, por el boleto estudiantil.
En el año 2006, el ex presidente Néstor Kirchner instituyó el Día Nacional de la Juventud (16 de septiembre) “con el objetivo de reivindicar la militancia y el compromiso de aquellos jóvenes que fueron desaparecidos en la última dictadura militar argentina”.[1] Otras políticas públicas que promocionan los derechos de la juventud y legitiman la participación estudiantil son la Ley Nacional del Voto a los 16 años, la Ley de promoción de Centros de Estudiantes, el proyecto de la Ley Nacional de la Juventud, y decenas de políticas relacionadas con el empleo, la salud y la educación de este sector de la sociedad. [2] Esto demuestra que, desde el Estado, en los últimos años, se entendió a la juventud no sólo como sujeto de derecho sino como un actor fundamental. Es que el movimiento estudiantil, ciertamente, es un actor protagónico en la historia de nuestro país.
Actualmente, se pueden percibir miradas heterogéneas sobre el rol que deben cumplir los jóvenes. También se ven diferentes tipos de participación, con distintos objetivos y formas: voluntariados en organizaciones no gubernamentales y religiosas, centros de estudiantes en la escuela secundaria y la universidad. En este último grupo están aquellos que inscriben su participación política estudiantil en lo partidario y los que distinguen la educación de la política, de lo ideológico. Sin embargo, cualquier sistema educativo se apoya en un proyecto político que responde a determinados intereses, esto se puede ver cuando pensamos en las propuestas pedagógicas de la Iglesia Católica de 1800, de Alberdi y Sarmiento, del peronismo, del proyecto de desperonización, de la dictadura del ’76, etc.
Según el estudio “Jóvenes, militancia y escuela media” también son diferentes las prácticas y percepciones de los estudiantes de la escuela privada y de la pública. Los primeros se enfocan en las relaciones con los docentes y directivos, mejoras edilicias y acciones solidarias. Los segundos, además, en transformar la educación y los vínculos de poder con los profesores.
Siempre es importante la participación de la ciudadanía para la construcción de la democracia, para tomar decisiones que garanticen los derechos de los ciudadanos y aporten al mejoramiento de la calidad de vida, para la construcción de la agenda pública en función de las necesidades de la sociedad en general pero también en lo local. En ese sentido, es fundamental la organización de los estudiantes para garantizar la concreción de sus derechos como jóvenes, y la conquista de más, sobre todo por su vulnerabilidad. En el 2015, según el informe de enero de 2015, “Juventud y Vulnerabilidad Social en Argentina” del Observatorio Social: “la situación socio-económica de los jóvenes de 15 a 24 años de edad es bastante preocupante. Estos sufren de manera desproporcionada de la pobreza y de la indigencia. De hecho, en la actualidad, casi el 20% de los jóvenes se encuentra excluido del sistema educativo y del mercado laboral, los dos principales mecanismos de inclusión social en esas edades. Para el 10% de los hogares más pobres, ese grupo llega a representar el 32% de los jóvenes. En todos los indicadores, los jóvenes se hallan en peores condiciones que los adultos y, en casi todos, las mujeres jóvenes enfrentan una situación peor que la de los varones jóvenes”.
Por supuesto, se debe rescatar que la participación activa es lo que permite hablar de sujetos de derechos, pero no implica dejar de lado la responsabilidad que tiene la sociedad de cuidar a este sector. Pero será la construcción colectiva y participativa la que mejorará la políticas públicas y su sostenibilidad en el tiempo. Por ejemplo, el Parlamento Juvenil del Mercosur reconoce las siguientes problemáticas: la exclusión educativa a causa del bullying, la drogadicción, las orientaciones sexuales; la infraestructura edilicia para estudiantes con movilidad reducida; el acompañamiento de las familias en la formación; la integración regional; la trata de personas; y una gran cantidad de propuestas para resolver las mismas.
Muchos años pasaron desde aquel 16 de septiembre de 1976, con más de 30 años de democracia pensar a la juventud como un actor que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones.
Como muestran las heterogéneas experiencias, los jóvenes están preparados e interesados en la participación, en la transformación y mejora de su realidad y la de otros jóvenes. En este sentido, la escuela y la universidad son lugares para su incorporación como ciudadanos en una democracia participativa. Es un desafío pensar las estrategias para seguir interpelándolos e incluir sus opiniones, críticas, propuestas para trabajar en las áreas de vacancia y garantizar sus derechos.
Julieta Saavedra Ríos
Analista de CECREDA
Bibliografía:
http://www.observatoriosocial.
https://drive.google.com/file/
http://perio.unlp.edu.ar/ojs/
http://www.desarrollosocial.
http://