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La defensa nacional: pensar un modelo para un país en desarrollo

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El desafío es amplio, ya que consiste en vencer una inercia de años y recuperar unas fuerzas armadas desprestigiadas por el accionar propio y debilitadas en el marco del desguace del Estado. Exige ponerlas a trabajar para un país que quiere integrarse y desarrollarse.

 

​Abordar cuestiones vinculadas a la defensa nacional resulta un tema sensible en muchos países de latinoamérica, especialmente en nuestro país. La aplicación brutal de la doctrina de seguridad nacional durante el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” dejó como legado a la historia argentina mas de 30.000 desaparecidos, a lo que se suman los exiliados y una política económica desindustrializadora. El final de la última dictadura militar fue coronado con la derrota de las armas argentinas frente a las fuerzas británicas que lograron imponerse sobre las islas Malvinas luego de algo más de 60 días de conflicto bélico. Se llega así a la recuperación de la democracia hacia diciembre de 1983, con un fuerte desprestigio de las fuerzas armadas a raíz de la actuación genocida en la represión ilegal, el descalabro económico y la derrota en el conflicto del Atlántico Sur.

El gobierno de Alfonsín debió concentrarse en la acuciante problemática de la deuda y afectó el presupuesto de defensa sin que se desarrollase una reforma estructural de las F.F.A.A. ni se suspendieran los principales programas de armas que se venían desarrollando. El gobierno radical debió lidiar entre una corporación castrense que se procuraba impunidad por los crímenes cometidos durante la represión y una justicia que avanzaba en la búsqueda de la verdad, con la incesante militancia de numerosos organismos de derechos humanos. Así, el desarrollo de los juicios y las citaciones a indagatorias generaban malestares, levantamientos y acuartelamientos. La conducción política de la defensa se concentró en garantizar la continuidad democrática mas que en el análisis geopolítico para la planificación de la defensa. El período presidencial siguiente, encabezado por Menem sí imprimió un carácter diferente a la política que se venía desarrollando.

El marco general de las políticas de Menem determinó un retroceso del estado en diferentes ámbitos: se privatizaron empresas, se dejó de intervenir en los procesos económicos y se resignó la política monetaria a partir de la instrumentación de la convertibilidad monetaria, dando cabal cumplimiento a las políticas propias del consenso de Washington. En el marco de reestructuración del estado, las fuerzas armadas fueron alcanzadas: se suspendieron los programas de armas más importantes (misil cóndor, submarino atómico, se desafecta del servicio activo al portaaviones 25 de mayo), se efectuó un recorte presupuestario importante y se privatizaron áreas estratégicas de la defensa, desde la venta de terrenos pertenecientes a diferentes reparticiones militares hasta el otorgamiento en concesión de la Fábrica Militar de Aviones a la norteamericana Lockheed Martin. Asimismo, y luego del brutal asesinato del soldado conscripto Carrasco, el gobierno de Menem puso fin al servicio militar obligatorio, forzando necesariamente la profesionalización de las tres fuerzas, en línea con lo que venía sucediendo en otros países del globo. Luego de reprimido el último levantamiento carapintada y llevada adelante la política de achicamiento desarrollada por Carlos Menem, la corporación militar dejó de intervenir en los asuntos políticos internos, y dejó de ser considerada un factor de poder doméstico. Este avance institucionalista y democrático se logró luego de un siglo XX muy traumático desde el punto de vista político, con múltiples rupturas del orden constitucional y violencia política. La prueba de fuego de esta aseveración parece haber sido superada durante los meses de fines de 2001 y principios de 2002, cuando se desarrolló una profunda crisis política y económica canalizada por las vías institucionales normales, sin rupturas ni presiones castrenses. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernádez se logró un proceso importante de recuperación económica y fortalecimiento del Estado como articulador de políticas.

El juzgamiento de oficiales en situación de retiro por los crímenes de lesa humanidad formó parte de la política central de estos gobiernos, sin desatar ninguna tensión de relevancia hacia el interior de las fuerzas. Ahora bien, la recuperación de la capacidad patrimonial del Estado permite aventurarse en el desarrollo de nuevas políticas y programas para la defensa que requerirán, necesariamente, la afectación de recursos económicos. Cualquier política de defensa debe necesariamente observar dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, el tinte industrialista que se le quiere imprimir a la política económica puede contar con el importante aporte de las fuerzas armadas.

Así, deben promoverse los procesos de investigación y desarrollo en el marco del relanzamiento de un complejo militar-industrial que resulte un polo de innovación técnica dominado por instituciones del estado con participación de los cuadros técnicos castrenses. En segundo lugar, el análisis de cualquier política para la defensa debe pasar necesariamente por el marco articulador que determinan los procesos de integración regional. Una alianza estratégica con el Brasil, en el marco de un Mercosur ampliado con nuevos órganos como la UNASUR o la mas reciente CELAC, determinan conjuntos de cooperación que deben ser tenidos en cuenta a la hora de la delimitación de los programas a desarrollar en lo atinente a la defensa. Así, los programas de desarrollo conjunto de armamentos y equipamientos, el entrenamiento e instrucción de oficiales y suboficiales que desarrollan las misiones de paz dispuestas por la ONU son procesos que deben continuar y profundizarse. Entendemos como positivos los eventos ocurridos en los últimos años, como el desarrollo del vehículo “gaucho” en conjunto con el Brasil, la reestatización de la fábrica militar de aviones de córdoba y el intento de colocación comercial del avión Pampa, pero señalamos que el sentido adoptado debe profundizarse. Resulta fundamental haber concluido los procesos de litigio y recelos con nuestros vecinos, que distraían los objetivos para la defensa de países que pretenden integrarse en procura del desarrollo común. El desafío es amplio, ya que consiste en vencer una inercia de años y recuperar unas fuerzas armadas desprestigiadas por el accionar propio y debilitadas en el marco del desguace del Estado, y ponerlas a trabajar para un país que quiere integrarse y desarrollarse. Dr. Rodrigo Javier Puértolas Abogado Secretario de CECREDA

 

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