Es importante que la política del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires esté orientada a mejorar la escuela pública y no a dejar en manos de privados el futuro de la educación de los niños y niñas de la ciudad.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 26, establece que toda persona tiene derecho a la educación.
La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Ahora bien, el Estado en la década del 90´ intentó, por todos los medios, que la educación pública no prosperara. La misma ciudadanía era “educada” por los medios, que imponían la idea de que la educación pública era de mala calidad y de que nuestros hijos recibirían la mejor educación en el ámbito privado.
En la cultura reinante, predominaba la idea de lo público como aquello de mala calidad. Toda esa filosofía era complementaria con una política de Estado que había llevado a la educación pública a un abandono total con la intencionalidad de llegar a privatizarla, hecho que no se logró por la lucha de nuestros maestros y trabajadores de la educación y de los sindicatos, que no negociaron los derechos del pueblo.
Hoy es otro tiempo. La sociedad comienza a crecer fuertemente como se observa desde hace años en la Argentina, con fortalecimiento de los salarios y de la economía. Se ha revitalizado la producción y se ha dado un fuerte impulso a la industria nacional. El gobierno nacional, para poner en marcha el desarrollo industrial, inició numerosas acciones tendientes a lograr que los empresarios obtengan financiación, protección hacia las industrias extranjeras y tecnología, para que el pueblo encuentre en la industria nacional propuestas a la altura de lo que ofrecen las industrias extranjeras. Este desarrollo ha dado sus beneficios; por eso, hoy muchos de nosotros no dudamos en comprar un producto producido en Tierra del Fuego al compararlo con otro producido en el extranjero. Lo que se ha conseguido en el plano nacional, no parece buscarse en el ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Hoy notamos que el Gobierno Nacional camina hacia fortalecer la educación pública y realiza toda clase de esfuerzos paralelos, como la asignación universal por hijo, que aumentó la matricula en un 25%.
Por otro lado, el programa de Conectar Igualdad, que ha generado la entrega de más de 2 millones de netbooks y que, al finalizar 2012, tiene previsto terminar la entrega de 3.7 millones de netbook. Se está reduciendo la brecha digital entre pobres y ricos. Muchos otros programas acompañan en el mismo sentido, como ser el de Construcción de Escuelas, Secundarios para Todos, Educación Sexual Integral, Promoción de la Lectura, Finalización de Estudios para Jóvenes y Adultos, Fortalecimiento de la Formación Docente. Todo conlleva al fortalecimiento de la educación pública.
Hoy, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Jefe de Gobierno Mauricio Macri, en contraposición con las metas del Gobierno Nacional, plantea -a partir de la disposición Nº DI-2012-15-DGEGE con fecha del 29/02/2012- el cierre de 221 cursos en las escuelas públicas, valiéndose de una baja en la matricula de alumnos de distintas escuelas públicas.
El asunto es simple. La escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en las mismas condiciones en las que supo estar Aerolíneas Argentinas, previo a que el Estado la recuperara.
En 2012, ha habido un aumento del 30 % en el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires a los subsidios a la educación privada. Lo que genera es una mayor brecha entre lo público y lo privado.
Pero, por otro lado, la escuela pública es incapaz de ser útil para una familia tipo de la Ciudad de Buenos Aires en la cual ambos padres trabajan, ya que la doble escolaridad no existe. Esto causa que la escuela no se encuentre a la altura de lo que necesitan los padres. No se invierte en mejorar los establecimientos y en poner a la escuela a la altura de lo que establece la ley.
Las instituciones privadas, por su parte, al recibir subsidios, pueden bajar sus cuotas lo que, sumado al aumento de salarios y al crecimiento económico, hace accesible la educación privada para mayor cantidad de alumnos.
En el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires argumentan que no se trata de cierres de grado, sino de “integración” de cursos y ponen otro ejemplo: “En el turno noche de la Escuela Nº 12, en Belgrano, había cinco divisiones para un total de 36 alumnos y ahora pasarán a ser dos cursos de 18 personas cada uno”.
Por otra parte, la UTE (Unión de Trabajadores de la Educación) informa que de aplicarse la disposición del ejecutivo, las escuelas deberán hacer frente a situaciones como un 7mo. grado de la escuela 4 del D. E. 4, que llegaría a tener 49 alumnos, o la escuela 12 del D. E. 12 donde un 5to. Grado albergaría a 40 estudiantes, por mencionar sólo algunos ejemplos. La medida generaría, además, casos como el de la escuela Nº 22 del Distrito Escolar 18, donde deberán ubicar 28 chicos en aulas que sólo tienen entre 12 y 20 metros cuadrados.
La disposición se basa en el decreto 1990, sancionado en 1997, por el cual se habilita a fusionar cursos que tengan menos de 20 estudiantes en el nivel medio o que no lleguen a 15, en el nivel primario. El Gobierno de Mauricio Macri ha dispuesto la fusión de unos 143 grados en primaria, 53 divisiones en secundaria y otras 25 secciones en escuelas técnicas de la Ciudad.
Ante este panorama, lo que hace falta es contar con un plan en el cual la escuela pública pueda corregir su brecha con la escuela privada, ser una opción para todas las familias y no un depósito de chicos de familias de menores recursos.
Es importante que la política del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se oriente a mejorar a la escuela pública y no a dejar en manos de privados el futuro de la educación de los niños y niñas de la Ciudad.
Gustavo Enrique Altieri
Vicepresidente y Coordinador del Área de Derechos Humanos del Centro Estratégico para el Crecimiento y Desarrollo Argentino (CECREDA) y Presidente de la Fundación Jóvenes por los Derechos Humanos.
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