El reciente informe realizado por la Conferencia Argentina de la Mediana Empresa (CAME) sostiene que en aproximadamente 111 ciudades de nuestro país se encuentran Mercados Informales (nombrados como “saladitas”). A su vez, si a este número se agregan los llamados manteros se totalizan más de 51 mil vendedores ilegales por más de $1.784 Millones.
Según un relevamiento producido por CAME, “la venta ilegal en las ciudades con Saladitas alcanzó los $ 1.784 millones en el primer mes de 2014; de los cuales $ 1.310 millones fueron ventas en Saladitas y $ 474 millones fueron ventas realizadas por manteros fijos en la vía pública”. A su vez, “la Ciudad de Buenos Aires (8.585 puestos), los Partidos de Lomas de Zamora (5.480 puestos) y La Matanza (4.200 puestos), San Salvador de Jujuy (2.651 puestos) y San Miguel de Tucumán (1.822 puestos) son actualmente las cinco localidades con mayor presencia de puestos ilegales”. Allí se concentra el 44,1% de los puestos detectados en las ciudades con centros comerciales informales del país.
Las ventas ilegales en estos centros comerciales no sólo significan un perjuicio para el Estado en sus diferentes esferas ya que lo imposibilita de recaudar impuestos sino que perjudica a los comercios ubicados en la zona. Diversas conclusiones pueden exponerse en este tema. Por un lado, los puestos ilegales tienen precios más bajos que los legales, observándose la incidencia de los grandes valores que han mantenido los precios en los últimos años. Por otro lado, existe una falta de control sobre los centros comerciales no registrados en la vía formal. A su vez, el mercado informal atenta contra la calidad de vida de los trabajadores puesto que los priva de beneficios sociales como obra social o aportes jubilatorios.
Para el Centro Estratégico para el Crecimiento y Desarrollo Argentino es importante mantener una oferta comercial legal que permita canalizar los beneficios de las ventas hacia los trabajadores (estando formalizados), hacia el Estado (a través de la recaudación de impuestos y su uso social) y en el ámbito urbanístico (modernizando la estructura del país). Desde CECREDA consideramos sobresaliente la reducción de la informalidad para afianzar el camino hacia el desarrollo económico y social que permite incrementar la calidad de vida en todos los aspectos. Asimismo, apoyamos los estudios realizados por diversas organizaciones como CAME, con el fin ayudar a construir herramientas que sirvan para el conocimiento y la toma de decisiones.