La Constitución Nacional sancionada en 1853 define a Argentina como un país federal. Esto significaba -y significa- que un grupo de estados -las provincias- se asocian para consolidar un poder central que los integre y represente. En consecuencia, este poder -el Estado nacional- es soberano.
Las cambiantes relaciones que se mantienen entre cada una de las provincias y el Estado nacional dependen, en cada momento histórico, de factores estratégicos, tanto económicos como políticos. Si bien la Constitución Nacional establece normas que regulan estas relaciones, el texto de las mismas es una y otra vez (re)interpretado, a fin de justificar las medidas que deciden implementarse en cada momento particular.
Estas constantes (re)interpretaciones generan la dilación de lo que debería ser un objetivo incuestionable dentro de todo país: la consolidación de un desarrollo legítimo a nivel nacional.
A la complejidad que implica trabajar articuladamente sobre un territorio tan amplio como diverso en materia de recursos naturales como el argentino, se suma la falta de compromiso de sus ciudadanos para alcanzar aquel desarrollo. En consecuencia, no basta con orientar desde el Estado nacional recursos humanos y económicos que permitan identificar, explotar y afianzar las potencialidades productivas que cada territorio -y sectores sociales que en ella se desarrollan- presenta, sino que también es menester generar una conciencia nacional acerca de la necesidad de respetar, ejecutar y defender esos emprendimientos locales.
De este modo, la implementación de programas que persigan un desarrollo económico-productivo debe estar necesariamente acompañada por medidas socio-educativas que permitan instalarlo como prioridad indiscutible entre los ciudadanos argentinos
Iniciativas como el Programa Nacional 700 Escuelas -impulsado conjuntamente por el Ministerio de Educación y el de Planificación Federal- es un buen ejemplo de política pública generada desde el Estado central, que persigue el desarrollo nacional a partir de la identificación y superación de las necesidades y demandas observadas en cada contexto local. En este sentido, los diversos objetivos planteados para cada uno de estos contextos fueron construidos a partir del lema “poner más en donde menos hay”, que -en lenguaje de este programa en particular- podría traducirse como “invertir más en infraestructura y material educativo en aquellos territorios donde históricamente menos se lo ha hecho”.
La posibilidad de avanzar en la creación y consolidación de programas similares en materia de desarrollo económico-productivo dependerá tanto de la voluntad política de los Estados central y provinciales, como del compromiso ciudadano de cada uno de los argentinos, no sólo para trabajar activamente por y en aquellos programas, sino también para defender cotidianamente la importancia de los emprendimientos locales en pos de alcanzar una nación íntegramente desarrollada.
Lic. Lucia Gutierrez
Socióloga- socia CECREDA