Este 29 de marzo se sancionó en el Senado de la Nación la Ley de Emprendedores. El Gobierno Nacional pudo aprobar el Proyecto sin votos en contra en la Sesión Ordinaria del día miércoles. Esta legislación ofrece la posibilidad de la creación de nuevas empresas en menos de 24 horas mediante gestiones realizadas vía internet.
La consolidación de una nueva forma societaria es también parte de la ley, conocida como Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), necesaria para la consolidación de una nueva empresa vía web.
A partir de que esta Ley entre en vigencia y esté la herramienta on-line para la inscripción societaria a disposición del público, en menos de 24 horas los emprendedores podrán desde la comodidad de una computadora:
- obtener un Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.L.)
- disponer de una nueva cuenta bancaria asociada a la nueva empresa.
- completar un proceso de registración de manera eficiente y sencilla.
Además, en la normativa se agregan nuevas formas de financiamientos para emprendedores, ya sea mediante un Fondo de participación estatal o mediante nuevas modalidades de venta online de acciones de las empresas.
¿Qué consecuencias traerá la nueva Ley de Emprendedores?
El fomento a las actividades productivas se hace, según voceros y representantes del Gobierno Nacional de turno, para generar empleo y reactivar la actividad económica. Generar un espacio rápido de inscripción tributaria y societaria permite a los nuevos emprendedores ahorrarse muchos costos que, hasta hoy, son producto de los plazos de inscripción, generación de la personería jurídica, un camino cargado de obstáculos administrativos que se intenta allanar.
El estímulo a emprender significa muchas cosas, más en una economía dual y compleja, como es la argentina. Significa la oportunidad para una gran cantidad de personas de realizar sus proyectos personales, poder generar vías para el desarrollo personal, familiar y colectivo. No tener que esperar entre 45 y 60 días para completar los procesos de inscripción jurídica de una nueva sociedad allana mucho este camino de autodescubrimiento y desarrollo de actividades productivas. También, es importante rescatar que la ley reglamenta un sistema para que personas con ahorros disponibles para la inversión puedan hacerlo en emprendimientos (que tengan menos de 7 años y sean administrados y dirigidos por sus dueños originales), incentivados por una baja en Impuesto a las Ganancias.
El hecho de generar nuevos emprendimientos, pequeños o medianos, de una manera más sencilla también produce efectos en los sectores empresarios más desarrollados, con mayor porción de mercado en el país. Las grandes empresas, regionales, nacionales o transnacionales se pueden ver beneficiadas por esta iniciativa. En procesos estacionales las empresas de gran escala pueden encontrar a nuevos emprendedores a su cadena de valor, estos nuevos proyectos pueden estar dirigidos a saciar la parte del mercado que las empresas no están dispuestas a integrar verticalmente. Esta integración puede generar el abaratamiento de costos para las grandes compañías, las cuales se encuentran claramente en posición dominante a la hora de entablar una negociación comercial. Las compras intermedias, la adquisición de materias primas, o la “tercerización” de procesos productivos no finales, pueden caer en manos de estas nuevas empresas consolidadas, generando externalidades positivas para los mercados concentrados, y el efecto social de este abaratamiento puede no ser siempre positivo.
Si los ideólogos de estos nuevos proyectos optan por el camino fácil de apuntar a clientes fijos y con solvencia constante, caen dentro de esta porción de mercado, y se encargan de ser proveedores a pequeña escala de empresas de gran tamaño, los efectos distributivos que se observen pueden ser indeseados.
La existencia de personas dispuestas a realizar por su cuenta labores que, hasta hoy en día, se realizan dentro de las empresas y a un precio más barato, puede tener un efecto contrario en el esfuerzo de generar nuevos puestos de trabajo, puede que empleos existentes se “reciclen”, que los encargados de realizar tareas específicas y calificadas dentro de una empresa de gran talla pasen a formar parte, en un futuro, de estos nuevos emprendimientos que son a priori más volátiles, cargados de incertidumbre.
Para que la política produzca los efectos esperados en materias de distribución, empleo, mejoras del consumo, hay instituciones que juegan un papel relevante. Las difusiones de los beneficios de las Incubadoras de Empresas, Incubadoras de Proyectos de Base Social (como en el caso particular de Misiones) o Bancos de Fomento evitan que los nuevos emprendimientos se conviertan en una nueva forma de desregulación de la actividad laboral, desprotegiendo a los trabajadores, dejando lejos de los empleados la posibilidad de acceder a servicios sociales (jubilación, licencias por enfermedad o luto, seguros laborales), generando nuevos problemas en la cadena productiva, quitando solvencia a determinados proyectos. Como alternativa a estas problemáticas, junto con la nueva Ley de Emprendedores, se crea un fideicomiso de participación estatal llamado Fondo Fiduciario Nacional de Desarrollo del Capital Emprendedor (FONDCE), el cual tendrá como finalidad generar mejoras en las condiciones de inversión, tanto para las PyMEs necesitadas de financiamiento y potenciales inversores, como para las incubadoras o aceleradores, o cualquier entidad que destine recursos al desarrollo de emprendimientos.
Por último, también es central el rol estatal en el control del acceso al crédito de estas nuevas empresas. Si bien la Ley de Emprendedores ofrece oportunidades nuevas de acceso al crédito a los que se aventuren a crear su propia empresa por este nuevo método, muchas veces la falta de conocimiento en las áreas de gestión, planeamiento, estudios de mercado o carencia de conocimientos técnicos en el área de incursión, puede terminar complicando la situación del nuevo emprendedor. No tener una buena performance luego de obtener los recursos necesarios para el emprendimiento mediante el acceso el crédito, puede generar la necesidad del fracaso total del proyecto, una desilusión y desaliento del emprendedor, sumado a todos los problemas financieros y presupuestarios que sufrirá el hogar que padezca esta contingencia.
Concluyendo, aunque la nueva Ley contenga nuevas propuestas bien diagramadas e incluya organismos de soporte para el incentivo de los emprendimientos; es mi opinión que las esperanzas ante esta nueva política de Gobierno presenta tanta incertidumbre como cualquier otra medida adoptada en los últimos tiempos en Argentina, ya sea producto de la percepción incalculable que puede tener la población de esta política, la reacción que sea producto de esa percepción y el oportuno (o no) rol que asuma el Gobierno mediante los organismos descentralizados creados para la capacitación y contención de emprendedores, nuevos y en actividad.
Pablo Ariel García
Analista de CECREDA
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