Notas de Opinión

La libertad es de todos y para todos (primera parte)

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Por: Natalia Mentil – Analista de CECREDA

 

Tus derechos terminan donde comienzan los míos. Frase muy acertada para tratar la discusión que se generó en torno a la aplicación de la Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, luego de su aprobación en el Congreso de la Nación. Aquellos multimedios debían comenzar a presentar sus proyectos de adecuación voluntaria para cumplir con los nuevos requerimientos de esta Ley. Pero, por supuesto, no todos estos grandes medios monopólicos iban a acatarla teniendo en cuenta el negocio que se estaba por desarticular. Es por eso que se dirigieron a la Corte Suprema de Justicia apelando el fallo bajo el argumento de la supuesta inconstitucionalidad de algunos artículos que componen la ley.

Sin embargo, y luego de cuatro años, esta Corte declaró la constitucionalidad de la misma, por lo que se debía comenzar con el proceso de adecuación ya no voluntaria, debido a que había culminado el plazo para presentarlo bajo esa modalidad. 

En el transcurso de la espera por el fallo del Tribunal de Justicia, estos multimedios se dedicaron a construir conceptualizaciones en torno la Ley, tales como una supuesta violación a la libertad de expresión que estaría dada por la selección de aquellas licencias que irían a concurso y que dejarían de pertenecer a un mismo grupo, y además en términos de contenidos. Por otro lado, se generaba un temor latente respecto a la posibilidad de que los empleados de estos grandes grupos se quedaran sin sus puestos de trabajo.

Respecto a la libertad de expresión, se estaba poniendo en tela de juicio un valor muy sagrado, teniendo en cuenta la historia argentina no muy lejana de nuestro país durante el período del proceso militar del ´76. Teniendo presente que los medios son uno de los principales constructores de imaginarios sociales, a través de una herramienta comunicacional tal como la sensibilización, parte de la sociedad llegaba a considerar esta denuncia. Lo que no se estaba manifestando es una de las cuestiones más importantes que tomaba la Ley, que era la posibilidad de escuchar nuevas y más voces (por eso es importante mencionar que con esta Ley se dará entidad a los canales de cable, cuestión que antes no sucedía con la Ley predecesora, la cual sólo le daba entidad a los operadores). Justamente esto iba de la mano de la libertad de expresión, de poder oír aquellas voces calladas durante tantas décadas debido a la estructura oligopólica mediática del país. 

Otra cuestión, y no menor, tiene que ver con la descentralización de los medios, la cuestión de las repetidoras que hacían que en localidades de otras provincias debía informarse en su gran mayoría con las noticias y la producción de programas de Buenos Aires y casi ninguna respecto al lugar de pertenencia. Entonces ahora, con esta Ley, los canales del interior del país no solo podrán pasar contenidos de Buenos Aires sino también tendrán que tener una cantidad importante de producción local. Es decir, los cables deberán tener por lo menos un canal local. Por eso nunca mejor puesta, a mi entender, la frase “Tus derechos terminan donde comienzan los míos”. Se trata de respetar la libertad de expresión de aquellas voces silenciadas, de entender que la libertad es para todos por igual. Si estos grandes medios monopólicos se jactaban de que su libertad estaba siendo violada, qué quedaba entonces para todas esas voces silenciadas desde hace años o que, directamente, nunca tuvieron un espacio para ser oídos. 

Con respecto a lo anteriormente mencionado, hablemos de algo que no se escuchó tan fuerte como la discusión sobre la libertad de expresión, y esto es el derecho a la información. Argentina es un Estado de Derecho. Este derecho constitucional garantiza la libertad de pensamiento, que se ve materializada en la libertad de expresión (el cual no sólo incluye a empresarios y periodistas, sino a toda la sociedad en su conjunto). Si a un ciudadano se le viola este derecho, no tendría la posibilidad de opinar y manifestar su pensamiento libremente. Por lo tanto, la Ley 26.522 sigue este derecho, haciéndolo cumplir a partir de la posibilidad de que exista la pluralidad de voces con una mayor cantidad de información disponible desde diferentes puntos de vista (en cuanto a la cuestión de la información y la responsabilidad de los periodistas, será tratado en una segunda parte de esta nota).

Por otro lado, parte de la discusión es cuando escuchábamos todo el tiempo “no va a haber más Tinelli”, cuando la Ley no aborda en ninguno de sus artículos la cuestión de contenidos en sí mismos (sólo que, como mínimo, el 30% debe ser nacional). Va a seguir estando Tinelli, Mirtha Legrand, Susana Giménez y todos aquellos programas que vemos en la actualidad.  No se trata de la programación, sino de la cantidad de licencias que puede tener una misma persona, grupo y/o empresa. Ningún canal desaparece, sino más bien lo que sucede es que cambian sus dueños

Por último, y considerando que todo esto es parte de un gran debate que abarca varios puntos, hablaremos sobre la cuestión de los posibles despidos a partir de la desmonopolización de los medios. Es muy importante que dejemos esto muy claro, y que el presidente del AFSCA explicita continuamente: todos aquellos nuevos licenciatarios deben mantener absolutamente todos los puestos de trabajo. Para asegurar esto, el nuevo licenciatario debe garantizar poder mantener la estructura del canal y sus empleados. Es decir, nadie corre el riesgo de perder su trabajo debido a la adecuación a la nueva Ley por parte de todos los multimedios. A su vez, y teniendo en cuenta la misma, se generarán nuevos puestos de trabajo debido a que se crearán nuevos medios a los largo y ancho del país que antes no existían.

Entonces, echemos por la borda el mito de que esta Ley fue creada para perjudicar al Grupo Clarín y Nación, entre otros. Dejemos en claro que la misma no es un capricho ni algo tomado de los pelos por el gobierno de turno, y recordemos que la misma se gestó a través de un largo proceso que tuvo sus inicios hace varios años por parte de organizaciones no gubernamentales y asociaciones reunidas bajo la llamada Coalición para una radiodifusión democrática, quienes generaron 21 puntos que consideraban debían ser tenidos presentes para una nueva Ley que regulara los medios de comunicación en el país. A partir de esto, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hizo un proyecto abierto a sugerencias y aportes que luego, finalmente, presentó al Congreso de la Nación. Es una ley de todos y para todos. Con sus debilidades y fortalezas, ya nadie puede negar su constitucionalidad y respeto que mantiene hacia el derecho a la información y, por ende, a la libertad de expresión. 

 

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