Notas de Opinión

La problemática del inmigrante y la xenofobia en Argentina

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Lejos estamos de la realidad europea. Racismo, xenofobia y discriminación hacia el inmigrante no alcanzan  las mismas magnitudes en nuestro país. Especialmente debido a que no contamos con una política que restringe el acceso al extranjero, obligándolo a entrar por medios ilegales que luego se traducen en medidas persecutorias, como ocurre en algunos países  del hemisferio norte.

Contrariamente la política migratoria nacional siempre se caracterizó por ser abierta e inclusiva, desde los comienzos de la nación, las políticas migratorias se destacaron por su apertura y búsqueda de atraer población extranjera que resida en el país. De igual forma la ley 25.871, sancionada en el 2003 postula “El Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social.”. Esta ley a su vez incluye que es derecho de toda persona el acceso a la salud y la educación, tanto inmigrantes en condición regular como irregular. Es importante destacar este último punto, dado que el acceso a la salud y educación gratuita atrae a un migrante limítrofe perteneciente a los sectores populares en sus países de origen y que llega a la Argentina atraído por la mejora de las condiciones de vida que representa el acceso a estos servicios.

Estos migrantes limítrofes de los sectores populares provienen principalmente de Paraguay (30,49% de la población inmigrante residente en nuestro país), Bolivia (19,12%) y Perú (8,72%)[1], que a pesar de no ser limítrofe se incluye dentro de los análisis por la proximidad y por su dinámica de inmigración y que representan más de la mitad de la población extranjera radicados en nuestro país. Son los principales focos de discriminación en la Argentina. La pertenencia a sectores carenciados, la difícil competencia por el acceso al trabajo, las problemáticas habitacionales en las villas miserias,  crean una situación de tensión entre la población local y los inmigrantes, sin importar qué generación en el país sean o hace cuánto tiempo se encuentren residiendo aquí, el argumento racial y discriminatorio surge a flote, aparecen así los repetidos argumentos de “nos roban el trabajo” o “se aprovechan de nuestros hospitales”. Se convierte al boliviano en “bolita” y al paraguayo en “paraguas”, se dice que el peruano es ladrón y que el boliviano es vago.  De esta forma se objetiviza al individuo y se reduce su condición humana e individual convirtiéndolo en un ente posible de culpar, violentar e incluso asesinar. 

Pero el problema central de la xenofobia radica en su posibilidad de uso. Una población reducida y revocada de su humanidad se convierte en pasible de ser explotadas, más allá de que sus derechos legales básicos que en nuestro país no se anulan sin importar el origen ni la forma en la que entraron, la xenofobia se convierte en recurso de la explotación económica, dado que una población que no llega a ser humana puede ser sometida a condiciones de trabajo a las que está prohibido, moral y éticamente, someter a ninguna persona. Esto se puede comprobar fácilmente en diferentes momentos de la historia, propia y ajena, con el nazismo  y con el sometimiento del indígena (salvando la gran distancia por supuesto), y de igual forma vuelve aparecer en la actualidad con los talleres esclavos que en su mayoría emplean personas procedentes de países limítrofes en condiciones de trabajo forzado.

Es en este punto donde realmente reside el riesgo extremo de la discriminación y el racismo, cuando permite el abuso de personas sin que al resto de la sociedad se movilice y horrorice suficiente como para dar fin a estas injusticias. Es lo que sucede en nuestro país, es sabido de la existencia de estos talleres en toda la ciudad de Buenos Aires y en el resto de Argentina, y en los casos en que fueron expuesto y desmantelados provocaron una repercusión momentánea pero no de gran escala como para movilizar a la sociedad, a diferencias de otros temas (igualmente importantes que no es nuestro objetivo desatender) como la inseguridad o la violencia de género.        

Es imposible negar que los gobiernos de  la última década llevaron adelante una importante ampliación de derechos y políticas sociales. Levantando como bandera los derechos humanos, los últimos gobiernos promulgaron leyes que permitieron procesos de inclusión de sectores anteriormente relegados y discriminados, dándoles derechos a los sujetos y repercutiendo en la cultura, modificando sentidos comunes conservadores que permanecían presentes en ciertos sectores de la sociedad. Se aprecia claramente en la Ley de Matrimonio Igualitario del 2010, era un reclamo histórico de la comunidad homosexual Argentina. Posteriormente con la Ley  de Identidad Género del año 2012, siendo esta última de especial relevancia ya que ordenaba el respeto a la elección de la identidad sexual adoptada individualmente y también incluía los tratamientos para esta elección en el Programa Médico Obligatorio. 

En la temática que estamos trabajando aquí, como se planteó anteriormente, la ley 25.871, sancionada en diciembre del 2003 y promulgada en enero del 2004, derogó una ley previa (22.439) llamada Ley Videla, promulgada durante la última dictadura militar, que convertía al inmigrante en un sujeto peligroso para la seguridad nacional y que, por lo tanto, podía ser detenido y expulsado por la Dirección de Migraciones sin ningún tipo de intervención o control del Poder Judicial. También negaba el acceso al sistema educativo y de salud a todo inmigrante no regularizado. Sin embargo, no parece ser suficiente, y la problemática continúa. El INADI, organismo especializado en el tratamiento de la discriminación y el racismo, parece más centrado en prevenir otros tipos de discriminación y en otro público, que cuenta con tiempo y fuerzas suficientes como para llevar adelante una denuncia por discriminación. Por ende, se presenta como una herramienta que deja bastante que desear para la solución del racismo hacia estos inmigrantes de los sectores populares.

Para finalizar debemos entender que estos sentidos comunes instalados en la sociedad Argentina no son parte esencial de la cultura nacional, ni mucho menos parte estructural del pensamiento humano. Sino que son productos de una historia particular, influidos por actores, sucesos e ideologías de nuestra historia nacional e internacional y una coyuntura actual. Resumiendo, son una construcción social y -como toda construcción- puede ser deconstruida. Aquí cabe preguntar ¿De quién es el deber de llevar adelante esta deconstrucción? Queda claro que no hay sólo un actor que debe llevarlo adelante, sino que es un compromiso de la sociedad en su conjunto. Pero pensando en el Estado, y en un gobierno que como dijimos lleva la bandera de los derechos humanos, creemos que hay una cuenta pendiente, con el inmigrante limítrofe, a seguir tratando. 

Durkheim, en el comienzo de la sociología, propuso que el Estado era un órgano de pensamiento social, un ente que se dedicaba a elaborar representaciones colectivas, que tienen como fin dirigir la conducta social. Estas representaciones son luego gestionadas por diferentes administraciones, poniéndolas en prácticas de diferentes formas. Y es de esta forma que el Estado debe influir en las representaciones de la sociedad, llevando adelante políticas que modifiquen las conductas, los pensamientos y sentidos comunes.   

Eyal Rajzman
Analista de CECREDA

 

*Datos extraídos de la base de datos INDEC, censo nacional 2010.

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