Economía

La situación económica que deja Prat-Gay

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La actual gestión encaró sus políticas económicas bajo la consigna del “sinceramiento económico”, la cual no significa otra cosa que aplicar diferentes políticas liberales que logren equilibrar y estabilizar las variables macroeconómicas por medio de mecanismos de mercado. Ello bajo el preconcepto de que así se darán señales claras y de seguridad del buen funcionamiento de la economía, a fin de lograr cautivar inversiones (tanto nacionales como extranjeras) y generar un proceso de crecimiento sostenido y empleos de calidad.

Esto se da principalmente acompañado por el argumento de solucionar las inestabilidades que las políticas kirchneristas generaron en la última década: la inflación, el déficit fiscal, el tipo de cambio atrasado, la fuga de capitales, los controles al acceso a las divisas, el empleo en negro o de mala calidad, los salarios por arriba de la productividad, etc. 

A un año de iniciar con la aplicación de políticas neoliberales, podemos ver que estos problemas no sólo se agravaron sino que se sumaron otros, como la deuda externa pública. Las políticas no pudieron mitigar los problemas anteriores y sólo generaron una recesión económica que hoy no presenta una perspectiva a futuro alentadora. La transferencia de ingresos generó una política redistributiva que no devino en un aumento en la inversión ni en la productividad de diferentes sectores; se favoreció la especulación financiera con altas tasas de interés y el endeudamiento público con diferentes organismos internacionales no financió un cambio en la estructura productiva sino que, por el contrario, se propició la fuga de capitales y el giro de regalías de empresas extranjeras a sus casas matrices. 

Si vemos algunos ejemplos, la quita de retenciones no provocó un aumento sostenido de la productividad agropecuaria ni del nivel de producción y exportaciones. Hacia Diciembre de 2015, el sector agrario apoyaba la política de baja de retenciones bajo el argumento de que “ahora se podrá ver el verdadero potencial del sector rural”; a un año de la medida, encontramos que las exportaciones de granos y aceites bajaron cerca de un 35% respecto a 2015. Esto pone en evidencia que la transferencia de ingresos hacia este sector sólo generó que se liquiden granos que ya habían sido producidos y guardados con fines especulativos, mientras que la inflación de productos alimenticios generó una disminución en el poder adquisitivo de los trabajadores al aumentar menos que proporcionalmente lo salarios, fruto de la política de desempleo implementada. 

Este proceso se retroalimentó con la fuerte devaluación, que se sumó a la redistribución del ingreso a favor de exportadores y grupos financieros que poseían una gran cantidad de activos en dólares. Mientras esto ocurría, el tarifazo impactó junto con la inflación, causando un aumento exorbitante de los costos de producción de las empresas (especialmente de las Pymes). Por la una disminución del poder de compra, las empresas no pudieron trasladar esos costos a los precio de los productos, lo que generó una fuerte caída de la utilización de la capacidad instalada. 

Sumándose a esto, las metas de inflación significaron un fuerte aumento de la tasa de interés mediante el mecanismo de compra de LEBACS. Esto activó la estrategia de bicicleta financiera, haciendo que entren dólares especulativos que se conviertan en pesos, se revaloricen a las tasas de interés que llegaban al 38% y luego, a la expectativa de devaluación, convertirse en dólares y fugarse, presentando tasas de ganancia en la divisa internacional que superaban altamente las brindadas por cualquier actividad productiva. Como fruto de esto, se manifestó el atraso cambiario, y una bomba de tiempo sobre la deuda externa, ya que el endeudamiento o la entrada de capitales privados no tenían fines que puedan generar capacidades de repago. 

Como conclusión, la caída de las retenciones significó una pérdida importante por parte del gobierno, ya que no contó con reservas internacionales que pudieran ponerse al servicio de una política de empleo y cambio estructural agresivo. Por otro lado, la transferencia de ingresos hacia los sectores acomodados implicó una caída en el nivel de vida de la mayoría de los individuos y favoreció un proceso de desindustrialización y pérdida de capacidad productiva. 

A su vez, el endeudamiento público en dólares –en lugar de crear un “escenario de inversiones”- financió la fuga de capitales y el giro de ganancias. De esta forma, no existen capacidades de repago para poder solventar las cargas futuras de interés, agravando y sumando estos problemas a los anteriores. La inflación tuvo su hito histórico desde la hiperinflación producida a finales de los años ‘80s, al ser más del 40%, y el salario se encuentra muy por debajo del máximo de la última década (con una caída del poder de compra que llega a los dos dígitos). Aproximadamente, el PBI sufrió una baja de un 3%, mientras que el sector industrial cayó aún unos puntos más. La población pobre creció exponencialmente y la deuda externa supera los 40 mil millones de dólares. La estabilidad macroeconómica, objetivo principal de esta política, está más lejos que nunca, mientras la realidad económica se encuentra en su peor momento. 

De cara al futuro, tanto las condiciones internacionales (de las que nos volvimos fuertemente dependientes) como la perspectiva de los agentes internos, presentan un contexto altamente amenazante a la estrategia económica que plantea la gestión. Frente a este callejón sin salida, el ex Ministro de Hacienda y Finanzas de la Nación no tuvo más opción que abandonar su cargo. ¿Estará aún lo peor por venir?

Diego Cúneo
Secretario de Economía

 

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