Notas de Opinión

Más de medio millón de jóvenes estudian con la ayuda del PROG.R.ES.AR

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A un año de su lanzamiento por parte del gobierno nacional, el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROG.R.ES.AR) ya cuenta con más de 565 mil beneficiarios. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dio a conocer la cifra el 26 de enero en una conferencia de prensa.

Por su parte, el ministro de Economía, Axel Kicillof, destacó que “el PROG.R.ES.AR es la continuación y el complemento de la Asignación por Embarazo, la Asignación Universal por Hijo, el programa Conectar Igualdad -con más de 4 millones de computadoras entregadas-, la construcción de 1.500 escuelas y la creación de nueve universidades nacionales. Este piso de protección social para niños y jóvenes de 0 a 24 años conforma la red de políticas de inclusión social más grande de Latinoamérica”.

Diego Bossio, director ejecutivo de ANSeS, recalcó que «el PROG.R.ES.AR «está destinado a un sector al que le costaba mantenerse en la universidad y ofrece un incentivo para contener a muchos otros en el sistema educativo, para que terminen la secundaria o se capaciten. Hay muchos chicos que podrían ingresar pero no estudian y tenemos que sumarlos».

El plan tiene como objetivo que jóvenes de entre 18 y 24 años pertenecientes a grupos sociales vulnerables puedan finalizar la escolaridad obligatoria, iniciar o continuar estudios de educación superior y realizar experiencias de formación en ambientes de trabajo.

De los más de 565 mil jóvenes inscriptos en el programa, el 44 por ciento se encuentra cursando estudios universitarios y terciarios, el 29 por ciento está terminando el secundario, el 23 por ciento realiza capacitaciones en cursos y oficios y el 4 por ciento pertenece al nivel primario. El 78 por ciento tiene entre 19 y 22 años y el 61 por ciento son mujeres.

Las provincias con mayor cantidad de inscriptos son Buenos Aires, con casi 190.000; Salta, con 42.000; Mendoza y Tucumán con 32.000; y Santa Fe, Córdoba y Chaco con 30.000.

Los requisitos para percibir el ingreso de 600 pesos mensuales establecido por el programa son tener la nacionalidad argentina; asistir a una institución educativa de gestión estatal o a centros de formación acreditados ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; estar desempleado o tener un ingreso menor que el salario mínimo, vital y móvil y que el grupo familiar del beneficiario se encuentre en las mismas condiciones. 

La forma de realización del pago es del 80% cada mes, mientras que el restante 20% se abona en tres veces, de acuerdo a la presentación de formularios de acreditación de escolaridad en los meses de marzo, julio y noviembre, y de control de salud anual en noviembre.

Hace un año, el 22 de enero de 2014, Cristina Fernández de Kirchner había presentado el plan como “un programa de respaldo a estudiantes de la República Argentina”, destinado a un sector social al que caracterizó como el de “los hijos del neoliberalismo: los chicos que sus padres no tenían trabajo o que lo perdieron, que no fueron educados en la cultura del trabajo y el esfuerzo y que necesitan de la presencia del Estado precisamente para salir adelante”.

En el decreto 84/2014, se consideraba que «es una decisión del Estado Nacional adoptar políticas públicas que permitan mejorar la situación de los grupos familiares en situación de vulnerabilidad social» y «elaborar programas de formación profesional para el empleo, tendientes a facilitar la creación de puestos de trabajo, la reinserción ocupacional, el empleo de los jóvenes y la transformación de las actividades informales».

El PROG.R.ES.AR articula el trabajo de diferentes organismos del Estado. En su comité ejecutivo participan el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), mientras que forman parte de su comité consultivo los ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo Social; Educación; Salud; Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Interior y Transporte; y Seguridad y Defensa.

A partir de 2003 comenzó en materia de protección social una etapa diferente a la mantenida durante los años previos. La política social de la etapa neoliberal se regía por la lógica mercantilista característica de todo el sistema, que se traducía en un modelo de ayuda social fundado en el asistencialismo y centrado en el trabajo. 

El Estado asistía a pocas personas excluidas del mercado, por lo que el objetivo principal de la política social se concentraba en la reproducción de la fuerza de trabajo y en tratar de lograr su reincorporación al ámbito laboral. El lugar residual otorgado a la protección social se reflejó en las condiciones de acceso restrictivas, tendientes a la reducción del número de beneficiarios, y en el bajo monto de las prestaciones. 

Ese Estado neoliberal se caracterizó por favorecer e implementar políticas de privatización, focalización de la protección social y flexibilización y tercerización laboral, en perjuicio de la fuerza de trabajo.

Entre los cambios que permiten caracterizar al actual Estado como posneoliberal se encuentran la transición de la focalización a la universalización y el abandono del mercado de trabajo como eje regulador, para dar paso a un tipo de protección social entendido como una manera de ampliar derechos. Este fue un punto clave entre los abordados para modificar las políticas estatales, dejando atrás la lógica mercantilista. 

Se reivindica la intervención estatal y se busca alcanzar una distribución de la riqueza más equitativa. Respecto al estímulo a la educación en todos los niveles, se trata de una política a largo plazo, que apuesta al futuro de manera inclusiva y que contribuye a la reducción de la desigualdad.

Durante el gobierno de Néstor Kirchner se debió dar una respuesta inmediata a la situación del país post crisis. La política social se llevó adelante con el empleo formal como eje de integración social. El Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (2002) y el Plan Manos a la Obra (2003) buscaron responder a las necesidades urgentes y a los altos índices de desocupación. 

Si bien en esa primera etapa se debieron dar respuestas a corto plazo, es posible identificar en un segundo período la capacidad de proponer políticas proyectadas a largo plazo, sobre todo a partir del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En ese sentido, la protección social abandonó el eje del trabajo como único regulador y las políticas sociales que incluyeron a la educación, comenzaron a ganar espacio.

Se pasó de la idea de protección social como asistencia a la de protección social como seguridad social. La primera está ligada directamente a una necesidad, mientras que la segunda está considerada como un derecho. Es en ese marco en el que se puede ubicar al PROG.R.ES.AR.

El programa continúa las políticas económicas y sociales implementadas desde 2003, destinadas a afianzar un modelo de desarrollo económico con inclusión social, con el objetivo de lograr mejoras en la economía que impacten positivamente en la creación de empleo y en la reducción de la pobreza y la desigualdad social. Se trata de un paso más en materia de inclusión social, a través de un estímulo que apuesta a la educación en un marco de reformas de ampliación de la seguridad social.

De esta manera, se pasó a administración estatal el sistema previsional y se amplió la cobertura de jubilados y pensionados a más de dos millones y medio de personas. Además, se crearon la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, el Programa Conectar Igualdad.Com.Ar, la Asignación por Embarazo para Protección Social, el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PRO.CRE.AR), el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, el Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FINES), el Programa Nacional de Becas Bicentenario y el Programa Nacional de Becas Universitarias.

Por otra parte, se crearon nuevas universidades nacionales y se aumentó el presupuesto de educación, que llega al 7.5% del PBI. Se trata de medidas que apuestan a la inclusión educativa y social. 

Así, el PROG.R.ES.AR apunta no sólo a que los jóvenes de sectores vulnerables puedan acceder a la educación de cualquier nivel, sino principalmente a disminuir la deserción por dificultades económicas y a promover la permanencia y el egreso de los jóvenes que concurren a las instituciones educativas públicas de nuestro país.

Gabriela Isasmendi
Analistas de Cecreda

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