Medio: BAE Negocios
Aún con más restricciones, otros países buscan copiar el modelo local
Martín de Vedia y Mitre
La madre de todas las batallas. Los procesos políticos que se iniciaron en la última década en América Latina tienen en el cambio cultural una de sus principales banderas. Y es por eso que una vez que reunieron fuerzas, caminaron hacia nuevas leyes de medios. Venezuela dio el primer paso y Argentina sumó iniciativas innovadoras, mientras que Brasil busca con precisión quirúrgica abrir un debate clausurado por los monopolios locales. En cambio, los gobiernos de Chile y México aún no se plantean esa necesidad, pese a las últimas reformas legislativas que llevaron a cabo.
Así se desprende del informe «Políticas de Comunicación en América Latina: Un Enfoque Comparado», elaborado en base a estos cinco países por el Centro Estratégico para el Crecimiento y el Desarrollo Argentino (CECREDA).
Sin embargo, el estudio concluye que más allá de la iniciativa estatal en la configuración actual del sistema de medios en América Latina, en la práctica «aún predominan estructuras en donde prima la relación oferta-demanda, y la apertura hacia la inversión privada, ya sea esta extranjera o nacional».
«En algunos casos, el mercado se ha abierto levemente, pasando de una estructura duopólica hacia una oligopólica», sostiene, luego de remarcar que entonces «los gobiernos deberán -el caso argentino es ejemplo de ello- manejar los hilos de la gobernabilidad y mantener políticas firmes si pretenden modificar este esquema históricamente arraigado».
Sucede que más allá de las iniciativas innovadoras, como la división en tercios de la propiedad de medios entre sin fines de lucro, estatales y comerciales de la ley argentina o los avances en materia del rol de los periodistas en la normativa chilena, lo que define en estos procesos es la propiedad de los medios de comunicación.
Las cláusulas antinomonopólicas son la clave. Así está parado el artículo clave de la ley de medios que impulsara la presidenta Cristina Fernández por una decisión judicial pedida por el Grupo Clarín y así, en cambio, en base a una cláusula antimonopólica de la Constitución la Corte Suprema de México paró la «Ley Televisa», hecha a medida del principal consorcio mediático azteca.
La presidenta Dilma Rousseff logró en Brasil una nueva Ley de Cable que autoriza el ingreso de capitales extranjeros y de las telefónicas, con el consiguiente lanzamiento de un plan de tendido de redes en todo el país, para pelearle a los monopolios locales mientras reúne fuerzas para dar el debate sobre una nueva ley que reemplace a la norma de 1962
No obstante, aún el 90% de la televisión por cable se encuentra dominada por Net (de Globo) y Sky, según detalla el informe. Los grupos empresariales privados que dominan el mercado comunicacional, con el 81% del share y el 77% de la facturación, son Globo (asociado con Telmex de México y que hoy es el principal multimedio de este país), Abril (asociado con Telefónica y Folha (asociado con Cisneros).
Actualmente el Partido de los Trabajadores lanzó una campaña para impulsar una nueva ley de medios que retome los avances de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Argentina y de la normativa contra el racismo y la discriminación aprobada en Bolivia, entre otros ejes. En paralelo, en Mexico el movimiento «Yosoy132» utiliza las redes sociales para pedir mayor democratización de medios, tal como también lo hace el movimiento estudiantil chileno.
La adopción de la misma norma de TV Digital, excepto Mexico, fue un primer paso en conjunto que dieron los países de la región. Con la unificación de visiones legislativas, la región apunta a estar preparada para la nueva «industria infotelecomunicacional». Argentina, según CECREDA, aportó la «Semiótica para Todos», es decir, la profundización del analisis critico de los discursos mediáticos.
Quiénes son dueños de la información en Latinoamérica
La región inició a principios de la década de los ’80 un proceso de concentración y liberalización de la industria de la comunicación que derivó en la generación de grandes consorcios mediáticos que buscan esquivar la regulación estatal.
Televisa, Grupo Salinas y Grupo Alianza Empresarial S.A., en México; Globo, Abril y Folha, en Brasil; Gustavo Cisneros, Globovisión, Televén y RCTV, en Venezuela; Clarín y Telefónica, en Argentina, y Grupo Mercurio Megavisión y COPESA, en Chile; son los que marcan el pulso de las noticias en América Latina con interconexiones entre ellos.
«Aquellos Estados que, por medio de sus leyes o debilidad, mantienen el sistema dominado por las grandes corporaciones empresariales, son muestras claras de la falta de decisión política para generar la democratización en sus sistemas de medios», afirma el informe «Políticas de Comunicación en América Latina: Un Enforque Comparado», elaborado por el Centro Estratégico para el Crecimiento y el Desarrollo Argentino (CECREDA).
En la mayoría de los países menos de cuatro grupos concentra el 80% de la comunicación.
NEGATIVO
Mexico, del Estado a extranjerizar
Desde sus inicios a la actualidad, el sistema de medios mexicano cambió aceleradamente de una fuerte presencia pública estatal hacia una liberalización y extranjerización del mercado. Las leyes Federal de Radio y Televisión (1960), de Telecomunicaciones (1995), y de Delitos de Imprenta (1917) rigen al sector
Optó por la norma de EE.UU. de TV digital. La cláusula antimonopólica de la Constitución frenó la «Ley Televisa» (2005) pero son habituales las iniciativas en su beneficio. Hay un reclamo social creciente por la democratización comunicacional.
Brasil discute una nueva normativa
El gobernante Partido de los Trabajadores (PT) impulsa en Brasil una nueva ley de medios, la anterior es de 1962, en un país donde los 4 primeros operadores de la industria concentran el 81% del share y el 77% de la facturación. Sin un norma que unifique criterios, la presidenta Dilma Rousseff avanzó con una Ley de Información y otra del Cable, que permite el ingreso de telefónicas y empresas extranjeras para competir con los pulpos brasileños. Pero la sociedad civil se queja de la restricciones a las radios comunitarias que se impusieron en los 90′.
Chile mantiene los ejes de la dictadura
La dictadura militar de Augusto Pinochet inició un proceso privatizador de los medios chilenos, a partir de la Ley General de Telecomunicaciones, de 1982, aún vigente. Se trata de un modelo, el de concentración y apertura al capital, externo y chileno, que no cambió desde entonces, más allá de las leyes de Radio y Televisión, de TV Digital (2008), que optó por la norma japonesa, de Prensa y Ejercicio del Periodismo (2001), de Radios Comunitarias (2010) y de Internet (2010) que tuvieron efectos paliativos, aunque contienen iniciativas innovadoras.
Venezuela, con fuerte peso estatal
El rol activo de algunos medios de comunicación privados en el intento de golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, en 2002, motivó un cambio en la política de medios del gobierno bolivariano que ya había impulsado dos años antes la Ley de Telecomunicaciones, que reemplazó a una de 1940. Fue así que se le dio una fuerte impronta de las iniciativas comunitarias, estatales y latinoamericanistas, como Telesur. Y sancionaron las normas de Responsabilidad Social de los medios y el Código de Ética Periodística.
Argentina, una ley de consenso
Después del debate en foros regionales, la presidenta Cristina Fernández impulsó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (2009), basada en los 21 Puntos para una Radiodifusión Democrática que habían consensuado organizaciones de la sociedad civil desde 2004. Reserva un tercio del espectro radioeléctrico para el Estado, uno para los privados comerciales y un tercero para privados sin fines de lucro, marca pautas antimonopólicas y promueve la producción local. Pero aún están trabados judicialmente dos artículos por pedido de Clarín.
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