Cuando hablamos de pobreza debemos no sólo tener en cuenta las condiciones socioeconómicas coyunturales nacionales e internacionales, sino el rol que asumen los gobiernos para enfrentar esta problemática. En este sentido, hay que prestar singular atención a las políticas sociales llevadas a cabo y la generación de empleo desde el propio Estado, siendo eje fundamental para el desarrollo humano y permitiendo mejorar la calidad de vida, a su vez produce mayores oportunidades para la inclusión de la sociedad.
Justamente, el índice de pobreza varía según la prioridad que le den los gobiernos a las políticas públicas. Con el objetivo de favorecer la movilidad social de los sectores empobrecidos, a partir del 2003 se generó un crecimiento del mercado interno basado en un proceso de industrialización y distribución del ingreso que incrementó el consumo interno. “Los esfuerzos integrales de toda política pública, en materia de vivienda, salud, educación, trabajo, economía, energía, infraestructura, seguridad social, confluirán en la profundización de políticas activas tendientes a recuperar la identidad social, es decir, la historia y la cultura, de los sujetos económicos, personificados en grupos, familias y comunidades, con fuerte base territorial.”[1]
La pobreza descendió de 54% desde el primer semestre de 2003 al 13,2% en el segundo semestre de 2009. Esto es una reducción de más del 73% e implica la superación de la situación de pobreza de, aproximadamente, 9 millones de personas. También, la situación de indigencia mostró mejorías notables pasando de un porcentaje de 27,7% al 3,5% entre el primer semestre de 2003 y el segundo semestre de 2009.
La meta establecida para el año 2015 de reducir la pobreza a menos del 20% de la población, fue alcanzada en el año 2008. A partir de ese año continúa incrementando la cantidad de personas que salen de la pobreza, alcanzando mejores condiciones de vida, aún en el marco de la crisis económica internacional.[2]
Desde el 2006 el Observatorio de la Deuda Social Argentina, creado por la Universidad Católica (ODSA-UCA), comienza a lanzar el informe, “Barómetro de la Deuda Social Argentina”, con el objetivo de presentar una alternativa a las estadísticas oficiales del INDEC (sosteniendo que las estadísticas oficiales sobre pobreza perdieron credibilidad). En términos generales, el análisis del ODSA que va del período 2010-2014 marca el proceso de recuperación económica de fines de 2009 con el aumento del consumo interno, un aumento de la inflación con mejoras en las remuneraciones de los sectores asalariados, extensión de las pensiones hacia los desocupados, la infancia y las personas mayores y el crecimiento de la inversión pública en infraestructura social. Sin embargo, según sus informes, a partir de 2012 y durante casi todo 2013 y 2014, el crecimiento se detuvo, la generación de empleo productivo se estancó, la inflación continuó en ascenso y creció el déficit fiscal.
En disenso con la medición oficial, el ODSA crea una medición multidimensional de la pobreza; diferenciándose, así, de las mediciones tradicionales centradas en los ingresos por Línea de Pobreza (LP) o Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Por lo tanto, el ODSA crea el Índice de Privación de Derechos (IPD) en el que incluye cinco dimensiones de derechos sociales: alimentación adecuada, acceso a servicios básicos, vivienda digna, logros educativos, empleo y seguridad social. En resumen, el ODSA llega a la conclusión que, durante el período 2010-2014, hubo un descenso de la situación de pobreza, dando a conocer que a finales del 2014, el 15,8% de los hogares y el 24,7% de la población es pobre.
Lo riesgoso de incluir estas dimensiones de IPD al estudio de la pobreza marca la diferencia entre los diversos resultados. Si en el informe del ODSA, se desagregan cada una de las dimensiones nombradas, se observa un efecto positivo de inversión en materia social e infraestructura urbana (planes sociales, créditos para la construcción), con lo que se muestra una reducción de la brecha de desigualdad al momento de evaluar las deudas habitacionales. En cuanto al acceso de los servicios básicos, se destaca una ampliación de los servicios domiciliarios de red, con un destacado efecto progresivo en los servicios de agua de red y cloacas. El nivel de hogares con inseguridad alimentaria no presenta cambios significativos, mientras que el indicador de necesidades básicas insatisfechas marca un leve descenso entre 2010-2014. Respecto al empleo, el ODSA muestra que se ha logrado reducir la tasa de desempleo, pero aumentando en términos relativos la tasa de subempleo inestable, con un elevado porcentaje de ocupados sin aportes al Sistema de Seguridad Social.
Lo confuso del informe se refleja con los datos que indican una mejoría en casi todas la dimensiones. “En tal sentido, la primera observación que cabe hacer es señalar que las mejoras observadas en el IPD durante el período tuvo como principal fuente los servicios básicos, en donde la carencia cayó de 17,9% a 14,9% hogares (de 20,7% a 18,9% personas); seguido por mejoras en las dimensiones de logros educativos: de 23,7% a 21,2% hogares (de 27,9% a 24,6% personas); vivienda digna: de 18,1% a 16,5% hogares (de 23,1% a 21,8% personas), y, por último, empleo y seguridad social: de 24,9% a 23,3% hogares, aunque casi sin efectos sobre la población (de 26,7% a 26,3% personas). Pero estas mejoras relativas contrastan con la carencia asociada a la alimentación adecuada, la cual no experimentó variación significativa, afectando en promedio al 13,5% de los hogares y al 16% de la población.”[3]
Las diferencias entre los índices de pobreza oficiales y los del ODSA radican en la inclusión de dimensiones al estudio de la pobreza el cual eleva sus porcentajes. Lo contradictorio del informe de ODSA se encuentra en que manifiesta un crecimiento de los ingresos de los hogares de menor nivel socioeconómico y una disminución de la desigualdad, sumado al descenso de cuatro de los cinco indicadores creados, pero el descenso de la pobreza llega a un 24,7% y no por debajo del 20% como lo sostienen los estudios oficiales.
Al respecto, Andrés Asiain marca las falencias del informe del ODSA en una columna de opinión del sábado 18 de julio de 2015 en el diario Página/12. Señalando como primera falencia que, para la medición de las canastas con que se determina el umbral de ingresos para saber quién es pobre, Barómetro considera una inflación del 201% entre 2010 y 2014, mientras que para el mismo período los índices provinciales marcan una inflación del 163% y la del Congreso de 172%, con lo que se llega a la conclusión de que ODSA-UCA sobreestima los aumentos de precios incrementando, por ende, los porcentajes de pobreza. En segundo lugar, porque utiliza una muestra de hogares que capta deficientemente los hogares con los ingresos medios-altos y altos, lo que permite tener índices de pobreza e indigencia más elevados pero mayor homogeneidad en la distribución de ingresos.[4]
Para tener un contraste, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) menciona las tendencias globales de cambio que reconfiguran el mundo, a saber: la evolución demográfica, la revolución tecnológica y la globalización acelerada. “Las opciones estratégicas para asegurar el desarrollo humano en Argentina en un mundo riesgoso e incierto presentan desafíos. En primer lugar, se requiere identificar la naturaleza de las tendencias globales de cambio. En segundo lugar, se debe avanzar sobre las políticas públicas y la construcción institucional pertinentes para implementar las opciones elegidas.”[5]
El PNUD lanzó un análisis sobre la evolución del desarrollo humano en Argentina a lo largo de las últimas cuatro décadas, señalando que a partir de 2003 el crecimiento argentino tuvo una significativa dinámica de expansión y una disminución de sus desigualdades, motorizada -principalmente- por mejoras en el nivel y distribución del ingreso.
El desafío es potenciar estos niveles, profundizar las políticas públicas llevadas adelante y hacer hincapié en las nuevas demandas de la sociedad, prestando particular atención en lo que aún no se ha atendido ni desarrollado. Innegablemente, no se puede ignorar el descenso de los índices de pobreza y el incremento de la calidad de vida de los sectores más humildes, como también el reconocimiento de que una considerable porción de la población aún necesita asistencia e inclusión social. Lo fundamental a tener en cuenta es el mantenimiento de las políticas públicas asistencialistas llevadas adelante, estas son las causantes de la caída del índice de pobreza y, a su vez, se deben conservar en pie las decisiones políticas gubernamentales que protegieron el sostenimiento de esas políticas, ante las exigencias del capital financiero internacional que atentan contra éstas.
Lic. Sebastián Concetti
Analista de CECREDA
- Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe país Argentina 2012. Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Presidencia de la Nación. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). P. 9
- Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe país Argentina 2012. Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Presidencia de la Nación. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). P. 3-4
- Barómetro de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA): “Progresos Sociales, pobrezas estructurales y desigualdades persistentes: ilusiones y desilusiones en el desarrollo humano y la integración social al quinto año del Bicentenario (2010-2014), Buenos Aires, 2015. P.219
- Ver: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-277317-2015-07-18.html
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 2013. Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2013. Argentina en un mundo incierto: Asegurar el desarrollo humano en el siglo XXI. Buenos Aires. P. 21