Análisis y Desarrollo Político

Orgullo LGBTIQ y 8N en democracia

Pinterest LinkedIn Tumblr

El grado de desarrollo de un sistema democrático puede medirse a través de -entre otros indicadores- la calidad de la relación generada entre las demandas que los diferentes sectores de la sociedad expresan y su “promoción” por parte de los representantes políticos de estos sectores.

Es decir que un sistema democrático bien desarrollado se caracterizaría por contar con representantes políticos que retomen (y trabajen en pos de) las demandas que los distintos sectores sociales presenten. 

En el marco de las movilizaciones sociales identificadas como “por el Orgullo LGBTIQ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales, Queers)” y “8N”, resulta interesante identificar el tipo de relación que los sujetos que las protagonizan mantienen entre sí y con los representantes políticos encargados de impulsar sus demandas.

Quienes se movilizan en ambas convocatorias coinciden en identificarse -al menos, inicialmente- como independientes de algún líder y/o partido político partidario. Esta autonomía otorgaría -de acuerdo a cómo ellos mismos plantean la cuestión- un alto grado de legitimidad a sus reclamos, debido a que éstos no se encontrarían orientados a la búsqueda de beneficios coyunturales sino a la defensa de sus derechos inherentes.

En el caso de los sujetos adscriptos a la movilización “por el Orgullo LGBTIQ”, vale mencionar que este año marcharán bajo la consigna “Educación en la Diversidad para Crecer en Igualdad“, lo cual representa -al menos, en el aspecto formal- un importante avance en materia de legitimidad para este sector: luego de la sanción de diversas leyes que afirman la igualdad e identidad de género, estos actores parecieran buscar introducir los fundamentos de su(s) lucha(s) en el ámbito educativo, con el objetivo de generar un mayor grado de conciencia social acerca de la importancia de la aceptación de la diversidad y posibilidad de elección de género. Es importante mencionar que los sujetos defensores de estas premisas se han venido agrupando formalmente en colectivos que les han permitido ejercer sus demandas con un mayor grado de cohesión y coherencia. En el mismo sentido, estos grupos han buscando obtener el apoyo a sus propuestas por parte de representantes políticos, lo cual les ha permitido avanzar en la defensa de sus reivindicaciones históricas. Así, el Proyecto de Ley de Identidad de Género -finalmente sancionada este año- ingresó en el Congreso -en el año 2010- con firmas de Diputados provenientes de diferentes partidos políticos, tales como GEN, Libres del Sur, Coalición Cívica-ARI, UCR, Frente Para la Victoria y Nuevo Encuentro.  

La movilización identificada como “8N” reúne a sujetos que -de acuerdo a los que ellos mismos manifiestan- se oponen a consignas tales como “reforma, inseguridad, inflación, impunidad, mentiras, corrupción, patoterismo, adoctrinamiento”, las cuales -declaran- son las que identifican el accionar del gobierno nacional. Consideramos que en el marco del juego democrático, es completamente legítimo que los diferentes actores expresen y defiendan sus intereses y necesidades. Sin embargo, resulta algo complejo identificar cuáles son las motivaciones y propuestas que “movilizan” a estos sujetos. En el mismo sentido, se dificulta hallar colectivos que los agrupen – los cuales les permitirían obtener mayor capacidad de lucha-, así como comprender por qué aún no han buscado obtener el apoyo formal de representantes políticos que “promuevan” sus demandas.

En síntesis, estamos en presencia de dos sectores que sostienen el carácter autónomo de sus movilizaciones -lo cual, desde ambos puntos de vista, otorgaría legitimidad a sus reclamos- pero que, a la hora de buscar “consolidar” sus demandas en el plano político, eligen tomar posturas opuestas: los sujetos que van por el “Orgullo LGBTIQ” han optado por agruparse y buscar representación formal, mientras que los del “8N” han preferido mantenerse como actores individuales sin agentes que encarnen sus intereses en un plano institucional. 

Vale preguntarse entonces cuál de las dos estrategias mencionadas “abona” más y mejor al desarrollo de un sistema democrático: ¿aquella que agrupa sujetos y busca institucionalizar sus demandas, o aquella que los mantiene aislados y sin promotores formales de sus reivindicaciones? Desde CECREDA consideramos que es la primera de estas estrategias la que permitirá consolidar una sociedad más justa, y luego -y como consecuencia- un sistema democrático cada vez más efectivo y dinámico.    

 

Lucía Gutiérrez, Secretaria de Políticas Sociales de CECREDA

 

Write A Comment