La Argentina vive hoy un proceso en el sector industrial que logró quebrar la tendencia histórica de la desindustrialización iniciada en la dictadura cívico militar de 1976 y profundizada, en la década de los ‘90s, a través de políticas neoliberales conservadoras, que se expresaron tanto en términos de producción nacional como de empleo industrial.
En efecto, la recuperación y, posterior ampliación de la capacidad instalada de la producción nacional, parece un elemento indispensable en el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, éste se refleja en el cambio en la composición de las importaciones. Pretender una reducción del coeficiente de importaciones en las circunstancias actuales, donde existe una fuerte presión hacia la baja de los precios internacionales de los bienes industriales, podría ser perjudicial para los trabajadores: nos podríamos encontrar en un límite en el cual la profundización de la industrialización implique la reducción de los salarios industriales.
Por ello, es de suma importancia, comenzar a profundizar el enfoque en la composición de las importaciones: entendiendo que éstas crecen más rápidamente que la producción y se orientan menos hacia los bienes de consumo -que pasaron de representar el 16% del total importado entre 1993 y 1998 al 11% entre 2004 y 2010-.
Asimismo cabe destacar que el reciente proceso de industrialización logró alcanzar un crecimiento per capita del 5,2% en el PIB industrial durante el periodo 2003-2014, mientras que entre los años 1994-2002 este PIB se contrajo un -3,0%.
Además, entre 2003-2013, se crearon 14.621 industrias de las cuales 6.108 son PYMES. Este crecimiento conquistó un aumento de 499.000 nuevos puestos de trabajo, perteneciente solamente al sector industrial. Estas cifras eran impensables entre 1996-2002, años en que se vivenció un terrible desmantelamiento del aparato productivo y la destrucción sistemática de empresas industriales.
Este crecimiento se ha logrado con decisiones políticas, en sentido de defender la industria nacional, priorizar la creación de empleo y articular con todos los actores sociales para impulsar nuevas medidas y leyes que promuevan el desarrollo productivo. Algunas sancionadas en la última década que dan cuenta de una política pública de apoyo a la industria nacional son: ley 25.872 de apoyo a jóvenes empresarios, ley 25.922 de promoción al software, el Decreto 774/05 de incentivo a la competitividad de las autopartes locales, el Decreto 1393/08 acelerando los plazos de la investigación anti-dumping, la Ley 26.539 de Promoción industrial de Tierra del Fuego y la Ley 26.770 de promoción del desarrollo y la producción de biotecnología. Ellas se agregan al intercambio compensado del régimen automotriz y a varias líneas de créditos a Pymes como los PACC, FONDEAR, FONTAR, FONSOFT, etc.
También tuvo un impacto importante en el fortalecimiento industrial, la recuperación de empresas como AEROLÍNEAS ARGENTINAS, YPF, AYSA, TRENES, FABRICACIONES MILITARES, etc.; volviendo así, a la administración nacional, cumpliendo con objetivos estratégicos, estimulando inversiones, creando empleo y fortaleciendo un entramado productivo local con el objeto de recrear más y mejores industrias en el país.
De igual manera, el Plan Estratégico Industrial 2020, ha sido una iniciativa clave para trazar políticas de Estado que trasciendan los gobiernos, involucrando a trabajadores, empresarios, universidades y al ejecutivo, buscando el objetivo de alcanzar un crecimiento anual del 7% del PBI industrial.
Argentina es uno de los países en América Latina con mayor participación industrial en el PIB, siendo uno de los pocos de la región en el que este sector no perdió participación en la última década, a pesar del boom de los commodities. Mientras que en los últimos diez años se observó en toda la región una caída en la participación de las manufacturas en el total de las exportaciones y una reprimarización en la economía, Argentina logró incrementar sus exportaciones industriales.
Finalmente, una verdadera política industrial se basa en relacionar al comercio, el mercado interno, la investigación e innovación, el empleo, el cuidado del medio ambiente y la salud pública para favorecer un desarrollo económico con inclusión social en un proceso de movilidad ascendente constante en pos de alcanzar el estado de bienestar para todos los habitantes.
Mauro Gonzalez
Presidente.