En junio del 2014, a través de la ley 26.970, comenzó a implementar una nueva política de inclusión social comandada por la ANSES: la Nueva Moratoria Provisional o Política de Movilidad Jubilatoria. La puesta en marcha de dicha ley permitirá jubilarse a quienes tienen la edad requerida pero o no cuentan con los aportes suficientes o no tienen contribuciones hechas al sistema de seguridad social.
La principal característica del plan es que la persona cuenta con el acceso para cobrar sus haberes antes de abonar la deuda previsional declarada por aportes y se le van descontando las cuotas mes tras mes.
La aplicación de este tipo de políticas reviste mucha importancia, a nivel mundial se está atravesando un proceso demográfico de envejecimiento poblacional, por lo que, la reinserción de los adultos mayores en la sociedad debe ser un propósito y un fin que se debe alcanzar.
En este contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha presentado en el marco del Día Internacional de las personas de Edad -celebrado durante el mes de octubre-, el Informe Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud[1].
Según la Dra. Margaret Chan, Directora General de la OMS, se prevé que el número de personas de más de 60 años se duplique de aquí a 2050, teniendo en cuenta de que los avances en medicina están ayudando a más personas a vivir más años, lo que exigirá importantes cambios sociales. Es por esto que el informe sugiere llevar a cabo una acción integral de salud pública para hacerle frente al proceso de envejecimiento remarcando que esta medida deberá llevarse a cabo en todos los entornos, sin importar el nivel de desarrollo socioeconómico de los países. También, pide crear políticas y programas que establezcan normas generales de accesibilidad en materia de vivienda, salud, trabajo y vulnerabilidad social, entre los más destacados.
A su vez, en el escrito, se considera que estos gastos son inversiones que fomentan la capacidad y, por lo tanto, el bienestar y la contribución de las personas mayores, ayudando además a las sociedades a garantizar los derechos fundamentales de los adultos mayores. La meta es, a través del proceso político, social y económico de “inversión en la vejez”, conducir hacia un “envejecimiento saludable”
Por su parte, retornando el análisis a la realidad Argentina, puede decirse que la Ley de Movilidad Jubilatoria forma parte de una serie de reformas que se produjeron en América Latina desde 1980, y que apuntan a lo solicitado a través del Informe Mundial de la OMS. En este sentido, en el 2009, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) han elaborado de manera conjunta el documento: “Envejecimiento, Derechos Humanos y Políticas Públicas”[2]. En él, se analizan las reformas en las legislaciones de los sistemas de jubilaciones y pensiones en los distintos países de nuestro continente; en cada Estado se introdujeron cambios estructurales en la legislación, pero por diversos motivos legales y administrativos no se han implementado. Los países con reformas son: Chile (1981), Perú (1992), Colombia (1993), Argentina (1994), Uruguay (1996), México y El Salvador (1997), Bolivia (1998), Costa Rica (2000) y República Dominicana (2003). En Nicaragua (2000) y el Ecuador (2001).
Según este documento, la sostenibilidad financiera de los regímenes de pensiones y jubilaciones se encuentra amenazada a largo plazo, debido a los cambios de la estructura demográfica de la población. Así es como, el alto nivel de desempleo y los crecientes índices de informalidad y emigración afectan de forma contundente las políticas públicas que pretenden la inclusión de las poblaciones mayores. Además, evidencia que, ciertas brechas de coberturas observadas, expresan las disímiles condiciones de acceso a las prestaciones de la seguridad social durante la vida laboral (principalmente las vinculadas a la salud), además de las desigualdades e inequidades que pueden afectar la protección de ingresos durante la vejez. También, hace hincapié en señalar la evidente paradoja de la protección en términos de equidad, ya que los grupos menos vulnerables acceden a más y mejor protección -producto del funcionamiento del mercado laboral- donde los trabajadores con empleos de mejor calidad son aquellos que presentan mayor y mejor cobertura previsional.
Por ende, debido a la dinámica laboral de la región -que se ha caracterizado por una mayor inestabilidad de las ocupaciones y una precarización del empleo, así como por un proceso de desregulación del mercado laboral- se prevé que en el futuro estas condiciones repercutan aún más en la ampliación de los sistemas de jubilaciones y pensiones, haciéndola más dificultosa.
También, es importante destacar que, este documento, afirma que en los últimos cinco años los países de la región han hecho esfuerzos graduales para mejorar la calidad de las pensiones y, de esta forma, proteger a las personas sin capacidad contributiva o ingresos. Sin embargo, aún persisten inequidades y desigualdades que requieren de decisiones más amplias de política pública para ampliar la protección a toda la población. Los países en que se han hecho esfuerzos por mejorar la calidad de las pensiones, aumentando el valor de las prestaciones son: Antillas Neerlandesas, Aruba, Chile, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay.
En el caso de Uruguay, a partir de 2005, se implementó el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES) del Ministerio de Desarrollo Social, éste otorga una prestación económica denominada “ingreso ciudadano” a aquellas personas en situación de indigencia. Del total de población beneficiaria, siete mil corresponden a personas de más de 65 años, que al finalizar el cobro del ingreso ciudadano pasarán a recibir una pensión de vejez, prestación no contributiva que otorga el Banco de Previsión Social (CEPAL, 2009).
A partir de este análisis, se resalta que -si bien se han realizado algunos avances- la cobertura universal de la seguridad social es un problema aún pendiente en la región y, ante el cambio demográfico, el reto se centra en cómo ampliar la cobertura y calidad de las pensiones y en cómo reducir las desigualdades de acceso al sistema previsional.
Así también debemos destacar una vez más los avances que nuestro país ha logrado concretar en materia de inclusión social a través de diversas políticas públicas, en especial las citadas en la presente nota.
Serena Santos
Analista de CECREDA
Fuentes oficiales consultadas: Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) www.afip.gov.ar ; Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) www.anses.gob.ar ; Información Legislativa y Documental (INFOLEG) www.infoleg.gov.ar