La inclusión social es uno de los ejes fundamentales del actual modelo de país. Las políticas de Estado orientadas a la generación de empleo y a la consolidación de un sistema de seguridad social sólido y económicamente sustentable son dos pilares fundamentales del trabajoso proceso de inclusión social.
La inclusión social fue uno de los ejes fundamentales del modelo de país que se inició el 25 de mayo de 2003 con la asunción de Néstor Kirchner y continuó 4 años más tarde con el mandato de su esposa Cristina Fernández. En este artículo se plantea que el eje fundamental de la inclusión social han sido las políticas de Estado orientadas a generar puestos de trabajo y a consolidar un sistema de seguridad social sólido y sustentable económicamente.
A grandes rasgos, el Gobierno Nacional desde 2003 impulsó el desarrollo del sistema de seguridad social basándose en dos grandes pilares. Uno de ellos fue la ampliación del sistema previsional, incluida la recuperación de los fondos de los jubilados, que antes eran administrados por empresas privadas, a manos del Estado, y el otro, la implementación del plan Asignación Universal por Hijo (AUH).
Cabe destacar que el crecimiento del sistema de seguridad social fue posible en términos financieros, en la medida que el fuerte crecimiento de la economía contribuyó a la industrialización, a avanzar en el proceso de agregación de valor, creando más de 3,2 millones de nuevos puestos de trabajo registrados en la Seguridad Social desde 2003 a la fecha.
Con el advenimiento del kirchnerismo al poder se produjo un claro viraje en el rol del Estado como ordenador del rumbo de la economía argentina, en contraste con la década del ’90. Durante la vigencia del modelo neoliberal, el Estado Nacional era un actor pasivo en la economía, completamente funcional a las grandes corporaciones transnacionales y a los organismos de crédito internacional.
El Gobierno kirchnerista aplicó un esquema macroeconómico de políticas orientadas al desarrollo de la producción y a la creación de empleo nacional, logrando encausar la economía real con metas de reducción del desempleo, principal problemática de la década anterior.
Desde el año 2006, el Gobierno Nacional implementó dos moratorias previsionales con el objetivo de aumentar la inclusión de los mayores de edad, antes desprotegidos al no poder jubilarse por carecer de los años de aportes correspondientes. Estas políticas permitieron la incorporación de aproximadamente 2,5 millones de argentinos a los beneficios del haber mínimo, es decir, de contar con una cobertura social que anteriormente no lograban alcanzar con el régimen de capitalización basado en el ahorro individual.
Mientras en 2003, sólo el 55% de los mayores en edad de jubilarse contaba con cobertura previsional, en 2011 dicho porcentaje supera el 90% de los mayores, dejando en evidencia el éxito de esa política de inclusión.
Esta medida se combinó con los aumentos por decreto presidencial de los haberes mínimos jubilatorios hasta el año 2008, cuando se sancionó la Ley de Movilidad Jubilatoria. La misma establece aumentos en todas las jubilaciones y pensiones dos veces al año (marzo y septiembre). De esta forma, la jubilación mínima pasó de $220 en marzo de 2003 a $1.434 a fin de 2011. Esto significó un aumento en el valor nominal del haber recibido de 652%. En términos reales, es decir contemplando también el proceso inflacionario, el poder de compra de las jubilaciones mínimas aumentó 160% con respecto al año 2003, deflactando por los índices de precios elaborados por los institutos de estadísticas provinciales.
A través de la Ley N° 26.425, que entró en vigencia el 9 de diciembre de 2008, se unificaron el sistema de capitalización (AFJP) y el sistema de reparto, en un único Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), basado en el sistema público solidario de reparto. Es decir, un sistema previsional administrado por el Estado Nacional donde los trabajadores en actividad (y sus empleadores) realizan obligatoriamente aportes para cubrir las jubilaciones y pensiones de la clase pasiva. A su vez, los fondos de los trabajadores que estaban en manos de las AFJP fueron nacionalizados y pasaron a integrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, administrado por el ANSES.
Por su parte, el Plan de Asignación Universal por Hijo (AUH), implementado a fines de 2009, consiste en una prestación monetaria que recibe el beneficiario por cada hijo menor de 18 años (sin límite de edad en caso de discapacidad), siempre y cuando el padre/madre o tutor no se encuentre empleado en el mercado de trabajo formal o recibiendo otro tipo de plan asistencial. Como contrapartida, debe presentar los certificados correspondientes de asistencia regular del menor al establecimiento educativo y el certificado de vacunación obligatoria.
De esta manera, se busca mejorar no sólo la redistribución del ingreso, sino también aumentar los niveles de calidad de vida a través del acceso a la salud y a la educación. Como resultado de la AUH disminuyeron los niveles de desigualdad, de indigencia y de vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos, según investigaciones de diversos centros de estudios (CONICET, Universidad de La Plata, entre otros).
A junio de 2011, 3,5 millones de niños y jóvenes son beneficiarios de la AUH. Desde su implementación, se observa un aumento significativo de la matricula escolar y de los registros en el seguro médico estatal Plan Nacer.
Sin embargo, cabe resaltar que la AUH debe ser entendida como una medida coyuntural para mejorar la calidad de vida de los más desprotegidos, garantizando umbrales mínimos que permitan su correcta alimentación. En el mediano y largo plazo, el gobierno nacional pretende alcanzar el pleno empleo formal, con trabajos de calidad, que sustituyan este tipo de medidas. Para esto se torna necesario continuar avanzando en la reconstrucción del aparato productivo nacional, desarticulado durante la convertibilidad, y puesto en marcha hace sólo 8 años atrás.
Es importante entender que el régimen de seguridad social está vinculado de forma dinámica con el crecimiento del consumo doméstico, donde ambos se retroalimentan. Así, a medida que se incorporan jubilados al sistema previsional y las jubilaciones aumentan, mayor cantidad de beneficiarios disponen de mayores ingresos, lo que trae como consecuencia un aumento del consumo y de la demanda, desarrollando el mercado interno y estimulando aún más la producción y la creación de empleo.
Indudablemente la política de expansión de la seguridad social adoptada desde el 2003 a la fecha se ubica entre las más importantes que haya evidenciado nuestro país en sus más de doscientos años de historia. El papel activo del gobierno de Néstor Kirchner y la continuación en Cristina Fernández, ha contribuido a transformar la herencia dejada por años de políticas neoliberales, que tuvieron su corolario en la crisis de 2001 y 2002 con una economía desindustrializada, con 27% de desocupación, 54% de pobreza, 27% de indigencia, 45% de mayores sin cobertura previsional e inéditos niveles de conflictividad social.
En síntesis, la seguridad social, a través de la recuperación de los fondos de los jubilados a manos del ANSES, la Asignación Universal por Hijo, y a partir del 2011, la extensión de la asignación a madres embarazadas desde el 3er mes de gestación, visualizan claramente la política de redistribución, inclusión y justicia social que promueve este gobierno, reconstruyendo una Argentina herida como consecuencia de años de convertibilidad, de privatizaciones, de flexibilización laboral y de endeudamiento.
De esta manera, el desarrollo del sistema de seguridad social descrito en el presente artículo permite resignificar el concepto de inclusión que este Gobierno plantea, ubicándolo como eje fundamental de su modelo de país. En definitiva, la mayor cantidad de jubilados incorporados al sistema previsional y de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo genera inclusión, redistribución de la riqueza e igualdad de oportunidades, para seguir transitando el camino hacia una Argentina con verdadera justicia social.
Juan Pablo Ludmer
Sociólogo UBA – socio CECREDA