“Que el poder frene al poder”

El pasado martes 5 de mayo se especuló con la probable renuncia del Dr. Ricardo Lorenzetti a su tercer período como presidente de la Corte Suprema de Justicia. De esta manera, lo había anunciado a dos de sus pares, barajando la posibilidad de no asumir su nuevo mandato por distintas presiones políticas y alegando “cansancio moral” en consecuencia, como el mismo juez lo definió.

Finalmente, sugerido por Juan Carlos Maqueda y apoyado por Carlos Fayt y la vicepresidente Elena Highton de Nolasco, fue reelegido y su autoridad confirmada mediante la acordada 11/15, por lo que seguirá presidiendo el tribunal durante el año próximo.

El magistrado ingresó en la Corte en 2004, propuesto por nuestro entonces presidente Néstor Kirchner. Sin embargo, estos últimos días revelaron una tensa relación con el Gobierno. Así, en medio de la polémica que despertó su reelección anticipada en el mes de abril, el máximo tribunal declaró inválida la lista de conjueces elegidos por el Poder Ejecutivo, justo después de que el Senado decidiera no convalidar la decisión de ampliar de cinco a nueve el número de integrantes de la Corte, en un intento oficial por retomar la política menemista.

Pese a que por ley en 2006 se redujo nuevamente ese número a la cantidad tradicional de cinco miembros, dando fin a la “mayoría automática” que reinaba en los noventa, hoy el oficialismo vuelve a proponer su ampliación a nueve o hasta doce jueces.

Entre tanto pastel mediático, las miradas fueron redirigidas a uno de los ministros más influyentes de la Corte, Carlos Fayt. Mucho se cuestionó su firma avalando el nuevo nombramiento de Lorenzetti, por haber emitido su voto desde su domicilio y no en la sala de tribunales, dado su complicado estado de salud. 

En palabras de Aníbal Fernández, actual Jefe de Gabinete, el juez no está “ni física ni mentalmente apto” para ejercer el cargo. Mientras que, por su parte, María Laura Garrigós de Rébori, presidente del Consejo de la Magistratura, puso en tela de juicio a la totalidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sostuvo que ningún miembro tiene un control psicofísico periódico de su nivel de rendimiento. 

Sucede que los 97 años del Dr. Fayt, de los cuales 32 sirvió a a la Corte, implican para unos cuantos, falta de idoneidad, y para otros, es un claro ejemplo de compromiso con la República y sus instituciones democráticas. De momento, nuestro juez inmortal, con un previo antecedente de lucha por mantener su cargo como es el fallo de 1999 que le es homónimo, promete resistir.

Consecuencia de estos hechos es el resurgimiento de algunas cuestiones tales como la “división de poderes” y la “independencia de la justicia” dentro del debate cotidiano. 

Exigirles autonomía a los tribunales parece una derivación lógica de todo Estado de Derecho. En la medida en que un juez es capaz de tomar decisiones libres de la influencia de cualquier otro actor político es independiente, y mantener aislado al poder judicial de toda manipulación partidista resulta necesario para, en definitiva, conservar intactos nuestros derechos individuales.

Parafraseando a Montesquieu, gran teórico francés, no hay libertad si el Poder Judicial no está separado del Legislativo y del Ejecutivo. Si está unido a la potestad legislativa, el poder de decidir acerca de la vida y de la libertad de los ciudadanos será arbitrario. Si está unido al Poder Ejecutivo, el juez podrá tener la fuerza de un opresor. Todo estaría perdido.  

Si bien el Barón de Montesquieu no era republicano, sino que apelaba a una monarquía moderada, sí consideraba la limitación al poder en base a su desconcentración algo ineludible como para darle a su ausencia un sentido apocalíptico. “Que el poder frene al poder” concluye y resume su saber en esa fórmula mágica.

La Corte Suprema de la Nación es desde 1863 nuestro máximo tribunal y la última instancia a la cual podemos recurrir en búsqueda de justicia. Sus integrantes son elegidos por el Presidente de la Nación con acuerdo del Senado, para lo cual se requiere una mayoría calificada de dos tercios de los miembros presentes (Art. 99 inc. 4 de la Constitución Nacional). Con esta mayoría legislativa se busca la creación de un poder judicial emancipado de la fuerza que lo propone, y suscitado en la multiplicidad de ideologías. 

Como requisito además a los jueces se les exige un mínimo de edad de 30 años, ser abogado con 8 años de ejercicio en la profesión y 6 años como ciudadano de la República Argentina. Continúan en su cargo mientras dure su buena conducta dice el art. 110 de nuestra Constitución, y ésta es la norma que les otorga a los jueces una especie de carácter vitalicio, lo que deja una sensación de resabio monárquico y por ende, antidemocrático. El ministro Fayt, de quien hablábamos, es ejemplo gráfico y suficiente.

Son innumerables las herramientas que un dirigente y sus militantes poseen para orientar una sentencia en favor de los propios intereses, por lo que es vital para el desarrollo nacional la designación de funcionarios comprometidos con su representatividad, limpios de influencias externas.

Con todo, en el diseño institucional de un país no sólo es forzoso ponerle un freno al avance sobre la Corte Suprema del gobierno de turno, e inclusive de la oposición, sino que en lo concreto tampoco resulta funcional un poder judicial aristocrático y clasista como el que tenemos. 

Es básico el balance en la distribución de poder, y puntos tales como la exención del impuesto a las ganancias, el difícil acceso a sus declaraciones juradas e incluso la administración de su propio presupuesto, dejan dudas sobre la transparencia de la institución. Son, más bien, ventajas excesivas antes que privilegios. El argumento por demás ingenuo de que refieren a temáticas donde se afecta la intangibilidad del salario de los jueces y por lo pronto menoscaban principios constitucionales, ya fue ampliamente superado por la doctrina. No se trata de una persecución, sino de hacer de su responsabilidad algo tangible.

La independencia judicial es una garantía instituida a favor de todos nosotros como ciudadanos. Con la firma tácita de un contrato social al nacer delegamos en nuestros ministros judiciales el monopolio de la fuerza y la resolución de conflictos que hacen a nuestro vivir diario, depositamos en ellos nuestra confianza. La independencia judicial es entonces un pilar que hace posible la convivencia de cuarenta millones de argentinos, debemos darle la importancia que merece.

Hoy, el prestigio de nuestra Corte Suprema de Justicia peligra, en tanto la silla que en enero Raúl Zaffaroni dejó vacante por cumplir con la edad límite fija en la Ley Fundamental, continúa vacía.

Evelyn Espinosa
Analista de CECREDA