Descentralización y Globalización son las palabras exactas para comprender qué nos dejó los noventa en la Argentina. Fue fácil culpar a aquel contexto tan estigmatizado pero, las consecuencias negativas se basaron principalmente en decisiones políticas enfocadas en un proyecto polarizador y privatizador que se fundamentaba en los requerimientos del mercado, donde unos pocos se enriquecieron, y la peor parte fue dirigida hacia la desarticulación y desconfianza en las instituciones.
Esto provocó el desarme del tejido productivo, monopolización de empresas, centralización de la economía, y desempleo, entre otras consecuencias. Es decir, la descentralización se generó desde el núcleo del Estado Nacional y se ramificó en todas sus dependencias conformándose Estados locales centralizados y autónomos.
Cada uno debía responder a las demandas, ser centros de recepción de conflictos y, a partir de allí, resignificar el plano político, económico y social. Esto se materializó en la Reforma Constitucional en 1994, donde se reconoce la autonomía de los municipios. Como se puede entender, la lógica procesual iba más allá de dicho reconocimiento. Por otro lado, la globalización intensificó este proceso, donde los Estados Nacionales ya no eran reguladores entre el mercado y el país, las fronteras se volvieron invisibles, la soberanía se tornó difusa. A partir de ese momento, fueron los municipios los que entraban directamente en la competencia del mercado, esto implicó que sea indispensable una reforma de los mismos, eran quienes debían ser atractivos para el mercado. Algo no menor es la consecuencia que trajo aparejada: el descreimiento de la política por parte de los ciudadanos argentinos.
Es este el contexto con el que se encuentra Néstor Kirchner al asumir la presidencia, le esperaba un arduo trabajo, donde una de las cuestiones más dificultosas que debía afrontar era recobrar la confianza y legitimidad de las instituciones. Esto se materializó en las Auditorías Ciudadanas impulsadas desde la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia. El objetivo era “medir la calidad de la democracia y hacerlo en los municipios por ser estos el primer lugar donde se ejercita y concreta la democracia y porque la cercanía hace más accesibles los cambios” (1). Uno de los municipios “medidos” fue el de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, el cual, como dato a tener en cuenta, fue el primer lugar donde se iniciaron los saqueos durante el 2001. Una de las cuestiones más importantes que sacó esta auditoría es que el 90% de los ciudadanos no conocía los espacios de participación ofrecidos por el municipio (siendo que desde mediados de los ´80 en esta ciudad existen juntas vecinales, que luego fueron institucionalizadas y reconocidas por medio de Ordenanzas). Es así que este es el municipio elegido como objeto de estudio para analizar esta transición a partir de un análisis comunicacional. Esta evaluación puso como objetivo general cómo se construye ciudadanía en base a la ejecución de una política pública denominada “Presupuesto Participativo” (PP) implementado a partir del 2009. El PP tuvo su primera experiencia en Porto Alegre en 1989, impulsado por el Partido de los Trabajadores, proceso que luego comenzó a contagiarse por distintos municipios de Argentina. Esta política pública, propia de gobiernos locales, consiste en designar un presupuesto (mínimo) del total que dispone un municipio, para que sean los vecinos los que decidan qué hacer con el mismo (reparar una calle, luminaria, cloacas, espacios de dispersión, talleres, etc.). La ciudad de divide en zonas (abarcando distintos barrios), en cada una se realizan asambleas, donde deciden los proyectos a presentar de acuerdo a las necesidades manifestadas por los vecinos. Luego pasan a sufragar, a realizar un día específico, en la que todos los ciudadanos mayores de 18 años votan los proyectos (sean o no pertenecientes a la zona). Los ganadores son los que se ejecutarán al año siguiente.
Más allá de las cuestiones técnicas, esto tiene una esencia mucho más profunda, que los ciudadanos no esperen todo del Estado, es decir, que sean activos e involucrados, donde las autoridades estén obligadas a rendirles cuenta y a reconocer sus derechos como tales. La construcción de ciudadanía implica un cambio cultural, por lo que los tiempos nunca son a mediano o corto plazo, por eso la importancia de continuar con un proyecto político que interprete la importancia de este cambio. En Concepción del Uruguay esta política pública fue acompañada por una Ordenanza denominada “Construcción de Ciudadanía Infantil” la cual implicaba que los alumnos de quinto y sexto grado de las escuelas primarias pudieran proponer sus proyectos para luego ser votados entre todos los demás dentro del PP, con el reconocimiento de la Directora Departamental de Escuelas para que los mismos sean realizados dentro del horario escolar. De esta manera se convierte más inclusivo, donde estos niños desde pequeños conocen sus derechos y deberes como ciudadanos, los cuales detectarán cuando estén siendo vulnerados y actuarán correctamente en base a ello.
Lo que es necesario dejar en claro es que fue un cambio notable desde el 2003, donde la ciudadanía reconoce que tiene voz, que puede gritar, que puede proponer, que tiene poder, ya no se trata de acatar políticas, sino de formar parte de las mismas, ya que sin su presencia, éstas no tendrían éxito. Hay que ser realista, construir una ciudadanía participativa e involucrada, depende de la toma de decisiones tanto a nivel estado como municipal en base a un proyecto más abarcativo, para lo cual se están dando muestras desde el Gobierno Nacional como lo es con, por ejemplo, la posibilidad del voto optativo para los ciudadanos a partir de 16 años de edad.
Por último, se debe manifestar que este análisis y evaluación del PP en dicha ciudad (donde se realizó un largo trabajo de campo y de análisis personal durante dos años) no se queda en las cuestiones técnicas, sino en su trasfondo democratizador, que busca construir ciudadanos activos, políticos e involucrados. Hubieron muchos aciertos y desaciertos en esta política pública, donde todo siempre está en el “haciendo”, pero hay algo me quedó muy claro: la participación como medio y fin, implica un camino legitimado hacia la fortaleza del estado de derecho. Por eso es importante que los ciudadanos no participen sólo ante una necesidad específica, sino que la necesidad sea esa, participar en el sentido amplio de la palabra.
1.Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia. Jefatura de Gabinete de Ministros, Presidencia de la Nación. Auditoría Ciudadana. Calidad de las Prácticas Democráticas en Municipios. Concepción del Uruguay, prov. de Entre Ríos. Agosto 2005- Noviembre 2006.
María Natalia Mentil
Lic. en Ciencias de la Comunicación y Analista de CECREDA