Notas de Opinión

Sin Pymes no hay trabajo: El Proyecto de empleo registrado y el rol de las pequeñas y medianas

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El pasado miércoles 21 la Cámara Diputados de la Nación convirtió en ley un proyecto que cuenta con diversas medidas tendientes a fomentar el trabajo registrado. Un proyecto de este tipo, es una saludable noticia para los trabajadores que se encuentran en situación precaria y para las pymes, que son las verdaderas generadoras de empleo en el país.

 

Durante la presentación del proyecto, la presidente afirmó que, detrás del desempleo, el trabajo en negro es el segundo problema más grave que afecta a los trabajadores. Se podría disentir con esta afirmación, ya que en la Argentina la desocupación en los últimos 12 años ha tenido una drástica disminución, que incluso provocó que el tema haya salido de la agenda pública. Sin embargo, el empleo no registrado no ha podido ser disminuido en la misma proporción. 

Buen trabajo, mal trabajo

La temática del empleo ha tenido una enorme importancia en la agenda pública desde hace mucho tiempo. Durante la década de 1990 y principios del 2000 el tema principal era el del desempleo, que durante todo el período estuvo cerca del 20%. Eso sin contar a los subempleados que, sumados a los anteriores provocaban que alrededor del 30% de la población económicamente activa se encontrara con problemas laborales, según se desprende de los datos relevados por el INDEC a través de la Encuesta Permanent de Hogares -o EPH –. 

Durante la siguiente década, con la nueva orientación hacia una Argentina productiva y acompañando el crecimiento económico, el  desempleo sufrió una brusca diminución. En la actualidad se ubica alrededor del 7% de la población . Sin embargo, el fenómeno del empleo no registrado no ha podido ser rebatido con la misma eficacia. Del 50% en que se encontraba a principios del 2000,  ha disminuido a un 33% de la población asalariada, que por otra parte, es poco más del 75% de la población activa del país . Argentina es un país asalariado. Si bien es probable que buena parte de quienes se encuentran trabajando en negro, anteriormente formaran parte de la masa de desocupados -con lo que su situación era a todas luces peor- no deja de ser un problema fundamental si lo que se busca es que el país tenga mejores condiciones de trabajo y apoyarse en la capacidad de consumo de amplias sectores de la población.

El trabajo en negro cuenta con tres orígenes bien diferenciados: por un lado el trabajo en el campo, fundamentalmente en la cosecha y/o recolección;  el trabajo doméstico; y finalmente en las pequeñas y  medianas empresas. Hacia este último sector va dirigido el proyecto presentado. 

Los dos primeros, históricamente han presentado niveles enormes de no registración. En el caso de las empleadas domésticas -ya que es un trabajo fundamentalmente femenino- se han planteado iniciativas para combatir esta situación, como la posibilidad de que los aportes patronales sea descontados del impuesto a los altos ingresos -o impuesto a las ganancias- y el hecho de que las trabajadoras sigan manteniendo la Asignación Universal por Hijo, lo que echa por tierra el argumento que la empleada solicita no ser registrada para no perder beneficios. 

En el trabajo rural la situación tienes otras complejidades. Constantemente los organismos estatales realizan inspecciones para detectar irregularidades. Sin embargo, no cuentan con el apoyo de los sectores empresarios ni tampoco, aunque suene extraño, de las organizaciones sindicales que representan a los peones rurales. 

La problemática en las Pymes es mucho más actual y tiene que ver con una realidad que excede a la coyuntura argentina, es decir, se explica por las características que está adoptando el capitalismo a nivel global. Desde hace varios años, estamos inmersos en el proceso que se ha dado en denominar globalización.  Nos encontramos viviendo niveles de concentración económica como nunca se ha visto. A  nivel global, hay cada vez menos grupos empresarios que se reparten cada vez porciones más grandes de la torta. Este proceso, mundial como es, no escapa a la Argentina. Estas grandes empresas cuentan con una gran productividad, y una gran capacidad de modernización y automatización de procesos, lo que las hace cada vez menos trabajo-intensivas.

 

En otra situación se encuentran las pequeñas y medianas empresas, que son las encargadas de brindar trabajo a la mayor parte de la población. El inconveniente con el que se encuentran es que es muy difícil competir con las grandes empresas, ya que no cuentan con las mismas posibilidades ni recursos. Una de las formas para subsanar esta dificultad es ajustar por la vía de los salarios, llegando en casos extremos al trabajo en negro.

Las grandes empresas no suelen contratar trabajadores en forma irregular, simplemente porque sus costos laborales son, comparativamente, mucho menores. Esto le permite asimismo brindar mayores salarios, con lo que se llevan a los trabajadores más capacitados y talentosos, los que en muchas ocasiones han sido entrenados por las pymes, que ven como la inversión en recursos humanos que han hecho no puede ser aprovechada, ya que el empleado se va a una gran empresa que recibe un recurso en el que no tuvo que invertir para su preparación y capacitación. 

Segmentación – Segregación

Si el Estado no cuenta con una política laboral activa para proteger y mejorar las condiciones de empleo, la inercia del mercado llevaría a una cada vez mayor segmentación y hasta segregación del este mercado. En la mayor parte del mundo occidental estamos viviendo un proceso donde, en la cúspide se encuentra un grupo con beneficiosas condiciones laborales, seguido de un número mayor de personas que cuentan con trabajo en forma legal, pero en condiciones más precarias –contratos basura, por poner un ejemplo-. Finalmente en la parte inferior un gran grupo que cuenta con un trabajo en condiciones desfavorables –sin aportes a la seguridad social, con el riesgo de despido permanente, con salarios más bajos y pocas oportunidades de desarrollo-. Incluso debajo de este último, se encuentran aquellos que solo tienen una integración marginal al mercado, realizando trabajos de subsistencia con una nula relevancia en términos productivos. 

El rol del Estado es, entonces, establecer políticas y regulaciones a fin de limitar las diferencias de esta segmentación a fin de asegurar posibilidades laborales lo más equitativas alcanzables. Más teniendo en cuenta que, si estas diferencias aumentan, se pasa de una situación de segmentación a una de segregación, donde los miembros de un segmento encuentran imposible pasar a otro, es decir, mejorar su situación, lo que produce, en la práctica, la eliminación de la posibilidad de movilidad ascendente. Es necesario que el Estado actúe, sobre todo en un país como Argentina, donde 3 de cada 4 personas activas, es un empleado. Y esta actuación debe desarrollarse en apoyo a las Pymes que son, en definitiva, quienes van a emplear a esos trabajadores.

Es llamativo que algunos sectores gremiales y/o partidarios que se reivindican como defensores de los trabajadores, no planteen en sus reclamos la segmentación o segregación laboral, o el trabajo en negro, ya que afecta a los sectores más vulnerables de la población. En cambio, su mayor bandera de lucha es el mal llamado Impuestos a las Ganancias -en lugar del más apropiado “Impuesto a los Altos Ingresos”-, que afecta a sólo un 17% de los empleados registrados, según datos brindados por AFIP, valor que baja al 13%  aproximadamente si se toman en cuenta los no registrados. Quienes pagan el impuesto son, claramente, los más beneficiados en esta segmentación.

El proyecto

Como dijimos anteriormente, la EPH informa que la informalidad laboral alcanza en la actualidad  el 33% de la población asalariada. Es relevante remarcar que, de acuerdo a datos brindados por el Ministerio de Trabajo, desde el 2003 se pudo romper con un proceso de crecimiento constante de la informalidad. A principios de 1980 se ubicaba alrededor del 25%  y no dejó de aumentar hasta llegar a 2002 con alrededor del 40% de asalariados en esa situación. Se hace evidente que la política económica colaboró para ese quiebre, pero también es evidente que son necesarias políticas públicas específicamente dirigidas a ese problema. 

Es importante que el plan presentado, por un lado, no proponga medidas, como simplificar el despido, que han sido recetas obligadas en la Argentina en el pasado reciente y que hoy lo son en países ricos de Europa. Estas medidas, teóricamente tendientes a promover que los empleadores no temieran contratar por los costos, lo único que provocó es que se decidan a despedir a quienes ya tenían contratados, ante la facilidad que ello significaba. Luego, si contrataba, lo hacía con contratos basura, que también venían en el paquete. Incluso algunas de las leyes en este sentido se han venido anulando en la Argentina, lo que es un saludable cambio de paradigma.

Por otro lado, también es importante que el proyecto distinga a las empresas de acuerdo a su tamaño, ya que mientras menor sea el tamaño de ellas, más dificultades encuentran y más precisan la colaboración estatal para mantener su plantilla laboral con todas las de la ley, y competir en el mercado al mismo tiempo. Sería tremendamente injusto que el proyecto abarcara a las grandes empresas, porque lo único que se conseguiría es aumentar sus, ya de por sí enormes, tasas de ganancia, a costa de perjudicar las arcas del Estado y la seguridad social.

El proyecto planteado es un paso en un sentido correcto, y más lo es el que haya sido aprobado por la totalidad de los senadores presentes, al pasar por la cámara alta. La defensa del empleo –y de las pymes, que son quienes lo otorgan- debe ser considerada política de Estado ya que es imprescindible para el bienestar actual y futuro de los argentinos.

Cristian Silva
Coordinador de Datos Estadísticos de CECREDA

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