Notas de Opinión

Sobre la obligación de petroleras y mineras de liquidar exportaciones en el país

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A través del decreto 1722 el gobierno restableció la obligatoriedad para que mineras y petroleras tengan que liquidar en la plaza local la totalidad de las divisas provenientes de ventas en el exterior (petróleos crudos y derivados, gas y minería). Esta medida busca dar mayor liquidez al mercado local y contener la disminución de reservas, últimamente destinadas en parte a contener el precio del dólar.

 

El decreto 1722, publicado en el Boletín Oficial, explica en sus considerandos que «las commodities que se exportan provenientes de las actividades minera y petrolera, recursos no renovables, cuentan con un régimen diferencial que las exime de la liquidación de divisas» que en el caso de las compañías petroleras alcanza el 70 por ciento. La medida busca, por ende, igualar las condiciones de estas empresas con las del complejo agroexportador.

Sin duda esta es una medida que tiende a igualar las obligaciones del complejo agroexportador y el complejo minero-petrolero. Esta igualación es en sí misma elogiable, sobre todo teniendo en cuenta la falta de argumentos que apunten a un trato desigual. Precisamente aquellos que sostengan un trato desigual son los que tienen la carga de la prueba.Una de las políticas que plantea el gobierno es el sostenimiento del dólar. Medidas cómo esta van en este sentido. Más allá de la obligatoriedad del decreto, siendo una medida tomada por un gobierno con alta adhesión popular y con fines loables (entre ellos, contener la inflación y evitar la disminución de reservas) no existe ningún argumento de tipo político para oponerse a esta medida, salvo la apelación a una irrestricta libertad empresaria.

No existe, sin embargo, una justificación razonable que sustente una irrestricta libertad empresaria. Existen condicionamientos legales y morales que la limitan. No está de más repetir aquí, aunque someramente, el concepto de responsabilidad social empresaria. Este concepto apunta a un compromiso por parte de la empresa con la sociedad en la que residen sus inversiones. Parte de este compromiso consiste en contribuir de diversas maneras a reducir la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de ciertos grupos vulnerables. Pero también es posible concebir que la empresa tiene una responsabilidad con la sociedad en su conjunto. Contribuir a una política gubernamental que tiende a evitar el aumento de la inflación y la disminución de reservas, podría formar parte también de la responsabilidad social de las empresas mineras-petroleras. En este caso, es el gobierno quien obliga a través de un decreto. Sin embargo, no estaría mal sostener que es posible concebir que estas medidas deberían ser iniciativas de las propias empresas. He allí un ejemplo de un condicionamiento moral. Resta, empero, una discusión aún más importante: las retenciones a las empresas mineras-petroleras, que extraen recursos no renovables de nuestro país. Esa es una discusión que nos debemos todavía en la Argentina.

 

Leandro Indavera

Filósofo, miembro fundador de CECREDA.

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