La implementación de la tarjeta SUBE fue un fenómeno bien recibido por los usuarios de transporte en la metrópolis bonaerense que trajo aparejado gran cantidad de ventajas y beneficios, tanto para los mismos usuarios como para el Estado. En estos momentos, la tarjeta está experimentando una expansión a partir de la resolución anunciada el 5 de diciembre de 2014 en su cobertura a otros medios de transportes, como, también, en su aplicación en otras regiones del país. Veamos algunas razones de cuáles son las ventajas de este proceso.
En primer lugar, la tarjeta presenta una comodidad muy grande para los usuarios, principalmente por dos razones: la facilidad de su uso y la sustitución de monedas y billetes de poco valor. Como sabemos, luego de la salida de la convertibilidad, Argentina cayó en un proceso inflacionario muy acentuado, lo que produjo, entre otras cosas, que el saldo nominal de los billetes y monedas perdiera poder de compra. Esto significa, en otras palabras, que para comprar la misma cosa en 2003 que en 2015, se necesitan más monedas o billetes del mismo valor*. Un boleto de colectivo hace una década podía comprarse físicamente con una moneda de $1, sin embargo, hoy necesitaríamos entre cuatro y cinco para pagar el mismo boleto. Esto llevó, hace algunos años, a una escasez muy grande de monedas, fenómeno que pudo ser resarcido por la aplicación de la Tarjeta Monedero y, luego, la SUBE.
Además, si bien distintas provincias ya utilizan el sistema de tarjetas, la implementación de la SUBE o de las medidas necesarias para que los ya existentes brinden información similar le brindarán al Estado Nacional datos comparables sobre el uso del transporte a nivel nacional de gran utilidad para la planificación de políticas públicas. De esta manera, se genera un sistema claro y rápido de información. En las finanzas públicas, uno de los problemas más importantes es la incapacidad del Estado de generar canales de información que sean eficientes y trasparentes. De esta forma, la tarjeta SUBE aporta al Estado grandes caudales de información sobre los usuarios, las redes de transportes, horarios, condiciones, etc., lo que le da al aparato público un mayor grado de libertad para poder ejecutar diferente tipo de políticas.
En segundo lugar, y en consecuencia con el anterior punto, esta claridad de información permite al Estado generar de forma más transparente los diferentes subsidios y transferencias que existen en el transporte público, tanto para las empresas como para los usuarios. Al poder estar centralizado el sistema de pago de la tarjeta, el Estado tiene los medios para generar su propia información acerca de los usuarios de las diferentes líneas, sin depender, para esto, de las empresas de transporte (lo que podía dar lugar a información fraudulenta). De esta forma, el sistema de subsidios se vuelve más transparente y efectivo.
El sistema de transporte es competencia de los diferentes gobiernos de las provincias. Esto lleva a una descentralización de las decisiones sobre el mismo y por lo tanto que, por ejemplo, los costos de los boletos varíen en cada lugar. Sobre este punto cabe mencionar la concentración que existe en las empresas del sector. La implementación de un sistema a nivel nacional propondría, en primer lugar, que un órgano nacional como el Ministerio del Interior no esté presente solamente en una región. Además, facilitaría el uso del servicio a los turistas, un aspecto a tener en cuenta a partir de la aplicación de políticas que alientan el turismo.
La resolución presentaría también el desafío de universalizar el valor del boleto y las tarifas reducidas que existen en cada provincia o localidad. Por nombrar algunos ejemplos:
-En San Luis el costo general del boleto es de $3,75. Hay un descuento para jubilados que pagan $2,60; también hay una tarifa diferencial “tipo obrero” para los trabajadores con un salario menor que el mínimo vital y móvil de $3,20; y los estudiantes de primarios y secundarios viajan gratis
-En Paraná el costo general es de $3,75; si se abona a bordo aumenta a $4. Los jubilados pagan $1,10; los trabajadores públicos y empleados de comercio, $2,50. Hay una diferenciación entre los estudiantes de escuelas primarias que abonan $0,30; los de secundarias, $1; y los de institutos terciarios y universitarios, $1,10. Pero además existe el boleto combinado de $5 que habilita a realizar 2 viaje combinados.
– En Santa Cruz hay dos tipos de tarjetas. La “tarjeta normal” para boleto común, combinado o pase combinado; y la “tarjeta beneficio” que es personalizada y se usa para el boleto escolar, universitarios, discapacitado y pase libre.
-En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la SUBE tiene tarifas diferenciales para: jubilados y pensionados, personal del trabajo doméstico, ex combatientes de Malvinas, beneficiarios de Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y del Programa Jefes de Hogar; cuyo valor disminuye en un 40%. Además se estableció una diferencia entre la tarifa con SUBE (de $3 a $4,70) y sin SUBE (de $6 a $9,20).
En base a lo expuesto, el sistema permitiría universalizar a nivel federal los derechos de los estudiantes, trabajadores, jubilados, ex combatientes y beneficiarios de asignaciones y programas; y el sistema del boleto combinado. No está de más pensar que este aspecto es positivo sólo cuando el gobierno es uno que toma medidas de inclusión social e igualdad; ya que lo contrario podría llevar a que se quiten estos derechos a nivel nacional más allá de las decisiones provinciales y las negociaciones con las pocas empresas transportistas.
Estos argumentos nos permiten entender por qué la ampliación del uso de la tarjeta SUBE presenta claras ventajas para la sociedad argentina, sin llegarnos a sorprender la posibilidad de que, en un futuro cercano, mecanismos similares nos sirvan no sólo para el transporte público, sino también para un gran número de transacciones cotidianas. Por ejemplo, en Tucumán se accede además a distintos beneficios en establecimientos de venta de indumentaria, alimentos, etc. Este tipo de promociones podrían ir dirigidas a PyMEs y cooperativas promoviendo el consumo de productos nacionales.
Finalmente, al momento de avanzar en la implementación de la SUBE habrá que tener en cuenta las características de cada territorio y los actores que intervienen en su política de transporte como los comercios que venden y cargan el saldo a las tarjetas y el acceso de los usuarios a los mismos.
*Este fenómeno llevó recientemente a la discusión sobre la necesidad de emitir billetes de mayor valor nominal, como los de $200 y $500.
Diego Cuneo y Julieta Saavedra Rios
Analistas de Cecreda