Con las declaraciones de Daniel Gollán, nuevo ministro de Salud, estos últimos días volvió a cobrar vida el debate sobre la despenalización del aborto. A favor o en contra, todos coincidimos en que es una cuestión que necesita ser tratada no sólo en redes sociales y medios de comunicación, sino también en el recinto.
El aborto hoy es un delito penado por los arts. 85 al 88 del Código Penal argentino, previendo dos excepciones: 1) Si se realiza con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre (aborto terapéutico) y este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2) Si el embarazo proviene de una violación y se trata de una mujer idiota o demente.
Asimismo, en el 2012 la Corte Suprema de Justicia se pronunció en favor de una interpretación amplia de los puntos anteriores. En el fallo “A. F. s/medida autosatisfactiva” quedó claro, por unanimidad en la decisión, que cualquier embarazo derivado de una violación, independientemente de la aptitud mental de la mujer, puede abortarse, no estando esa interrupción supeditada al cumplimiento de ningún trámite judicial, es decir, no se requiere de una denuncia previa o de la calificación penal del hecho, sólo hace falta una declaración jurada que lo motive.
En ese mismo fallo, nuestro máximo tribunal solicitó a las diferentes autoridades la implementación urgente de un protocolo hospitalario, y así lo hizo el Ministerio de Salud de la Nación presentando su Guía técnica para la atención integral de abortos no punibles, en la cual se proporcionan las pautas a seguir por la institución y el médico partícipe, quienes quedan exentos de toda responsabilidad civil y penal, de modo que la intervención pueda practicarse sin retrasos injustificados, a pedido de la víctima de abuso o de su representante legal, siempre que se firme antes un consentimiento informado.
A pesar de contar con un claro marco legal, este muchas veces es desconocido por los médicos especialistas que se niegan a realizar dichos procedimientos, llegando a exponer los casos al periodismo y los medios, violando el derecho a la intimidad de su paciente, o incluso denunciándolas al poder judicial en reclamo de una autorización innecesaria, como así también es obviado por aquellas mujeres que, no estando su situación comprendida en las excepciones, deciden igual someter su cuerpo a abortos clandestinos.
En este contexto tiene lugar una discusión interminable. Un extremo exige poner el foco en la alarmante cantidad de madres que pierden su vida al recurrir a medidas desesperadas para interrumpir su embarazo. La introducción en el útero de agujas de tejer, tallos de perejil, barras de plata, alambres y medicinas anti-inflamatorias, son algunos de los horrendos y primitivos mecanismos que acaban por destruir su salud física, psíquica y emocional. Mientras que en el otro extremo, los provida reclaman que se preserve el derecho a vivir de la persona por nacer, quien no tiene la culpa de las circunstancias en que fue engendrada y debería tener tanta opción como cualquiera.
En esta lucha que pareciera ser irreconciliable, abunda la intolerancia. Misóginos religiosos vs. Asesinas. Todos fanáticos. Dependiendo el argumento, se otorga el rol de víctima a la mujer gestante o a su hijo, pero ¿y si en verdad las víctimas fueran ambos? ¿Realmente nuestras opciones se limitan a sí o no? ¿Blanco o Negro? Son infinitas las posibilidades que uno descubre cuando en lugar de cerrarse en una actitud extremista, acepta que hay matices y apuesta al diálogo.
Estudios científicos indican que la vida inicia al momento de la concepción, es decir, en la unión del espermatozoide con el óvulo. La nueva célula formada, llamada cigoto, posee 46 cromosomas y un patrimonio genético único y original, distinto al de sus padres. Se trata de un individuo autónomo, con capacidad autogobernable e idónea para dirigir su propio desarrollo gracias a la producción de proteínas y enzimas humanas.
Este también es el criterio que sigue nuestra legislación al proteger el derecho a vivir de la persona por nacer desde el instante mismo en que fue concebido, en los arts. 70 del Código Civil y 19 de su reforma, e incluso en la adhesión a tratados internacionales como por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica (art. 4.1) y la Convención de los Derechos del Niño en su preámbulo y art.6.
Basándonos en lo dicho, se puede entender que cualquier maniobra abortiva, se realice con métodos caseros o por profesionales de la salud, no es una simple intervención en el cuerpo femenino, sino que hay un segundo cuerpo en quien pensar, que siente dolor y cuyo dueño no tiene voz suficiente para marchar con pancartas en favor de su vida.
La vida es un derecho absoluto, natural e inmutable. Intrínseco a todo ser humano, y su reconocimiento no debe depender de la etapa de desarrollo o del grado de inmadurez física de la persona. Tomar este criterio sería decididamente discriminatorio y hasta peligroso.
Admitir que la decisión de abortar sea libre sin cuestionar los motivos ni ponerle límite alguno, sería segregar la sociedad en individuos funcionales y queridos, y en individuos descartables.
Minusválidos, enfermos, subnormales, niños con síndrome de down, con deficiencia mental, infectados de VIH, accidentes, todos indeseados, todos potenciales clientes de una industria de muertes gratuitas ¿hay derecho?
La permisión del aborto nos convierte así en jueces darwinianos: sobrevive el más fuerte, o mejor, sobrevive quien tiene la suerte de no hacer demasiado evidente sus imperfecciones antes de pisar este mundo.
La coexistencia en un crudo mercado de creciente competencia profesional nos convence que un hijo no deseado viene a dificultar ese ritmo de vida que llevamos. Por ende, la respuesta inmediata es priorizar nuestros proyectos individuales y prescindir del obstáculo. El problema no es la competitividad, sino el avance imparable hacia el “hace con libertad” mientras exista una manera legal de evadir las consecuencias.
No obstante, existen muchas otras mujeres que en verdad no buscan la salida fácil, mujeres cuyos embarazos son frutos de delitos contra la integridad sexual. Mujeres violadas, desprotegidas, desesperadas por limpiarse de todo recuerdo y vestigio del lamentable hecho de violencia que protagonizaron; y están también las muchas otras que, producto de agobio, la confusión y el sufrimiento, comprometen seriamente su salud y se exponen no sólo a la muerte en abortos sépticos, sino al padecimiento de gravísimas infecciones, daños en los órganos y una posible esterilización.
En su mayoría, quienes sufren las peores consecuencias, proceden de zonas de bajos recursos económicos, registran un origen humilde y una pobre instrucción. Es sabido que la justicia suele ser más veloz y efectiva para aquellos con bolsillos inflados, o para el caso, el dinero permite acceder a ciertas condiciones de higiene que disminuyen significativamente los riesgos, aunque no los descartan.
Hablar de aborto seguro es una utopía, siempre hay daño y siempre hay secuelas. Poco se dice del síndrome post aborto y de las estadísticas de suicidio entre las madres que decidieron no llevar su embarazo a término. Es claro que criminalizar a estas mujeres es una estrategia cruel, pero el intentar protegerlas no se reduce a permitirles que aborten, es más que eso, se trata de garantizarles un tratamiento psicológico previo, posterior y permanente, de ofrecerles consejería, de proporcionarles la información completa.
La solución a un embarazo producto de una violación no es el aborto legal, eliminar al bebé no elimina el abuso, por el contrario añade todavía más violencia. La solución legítima es la seguridad. Está confirmado que la mayor parte de los supuestos de violación suceden dentro del ámbito familiar, por lo que al ser un delito de acción privada es vital incentivar su denuncia. Como comunidad debemos exigir la pronta encarcelación de estos psicópatas, y sobretodo debemos dejar de fabricarlos.
La solución a las muertes maternas en las clases más bajas o incluso a la sobrepoblación en localidades con un alto nivel de marginación, no es el aborto legal. La solución es dar fin a la estigmatización, impulsar mecanismos sociales de inclusión, mejorar la redistribución de riqueza, destinar mayores fondos a la educación estatal, darles a los padres una esperanza real de trabajo y progreso.
La solución para los casos en que la intimidad y privacidad de las madres fue trasgredida y violentada no es el aborto legal. La solución es incentivar una cultura de respeto, se requiere de un compromiso social para dejar de consumir la publicidad morbosa de la prensa amarillista, se debe demandar legalmente a todos aquellos médicos y profesionales que violaron su deber de confidencialidad y de reserva.
La solución a los embarazos adolescentes por imprudencias propias de la edad no es el aborto legal, es la instalación de un programa efectivo de educación sexual en las escuelas, es el acceso libre a la anticoncepción, es instar la responsabilidad parental y perfeccionar el régimen de adopción para acortar sus tiempos y trabas legales.
Despenalizando el aborto perdemos de vista un sinfín de problemáticas sociales, las dejamos atrás. Elegimos la salida rápida y módica. Elegimos continuar con la constante vulneración de estos derechos fundamentales.
Como argentinos, ya comprobamos en numerosas áreas que las soluciones a corto plazo suponen un alto precio, es hora de invertir en políticas públicas orientadas a una asistencia económica y en establecimientos de salubridad aptos para brindar la suficiente contención sanitaria, social y educativa.
Es hora de solidarizarnos y buscar una tercera vía con el enfoque puesto en la mujer vulnerable pero aun resguardando el derecho a vivir del ser humano en gestación.
Todos merecemos una vida digna.
Evelyn Espinosa
Analista de Cecreda.