Conceptos y definiciones con los cuales se puede describir el camino que atraviesa La Argentina a través del desempeño y la finalidad de políticas públicas implementadas en los últimos meses. Nuestro país no es prueba de error ni tubo de ensayo, sino que se suceden acciones y rumbos con la intención de un fin particular y no librado al azar o al desconocimiento.
El concepto de transnacionalización (1) engloba diversos significados, relaciones y hace referencia a la configuración del mundo capitalista actual en donde empresas de capitales extranjeros y con presencia en diversos países tienen un peso sobre el Estado y las políticas con el fin de maximizar su rentabilidad. La transnacionalización tiene su esencia en la integración comercial, productiva y financiera de las distintas empresas privadas a lo largo de todo el planeta tierra (2). En este sentido se da el proceso cuando el poder del Estado y sus decisiones se supeditan a los intereses de las grandes empresas. Es así que el capital transnacional adquiere cada vez más poder y presencia sobre las decisiones de los países pero con el fin de optimizar su propio beneficio sin considerar los aspectos sociales y culturales de cada Nación (3) .
El término endeudamiento no tiene margen para las distintas concepciones sino que refiere directamente al incremento de los pasivos en este caso de un país (sea en el orden Nacional, Provincial, Municipal o Empresarial). Conlleva la acumulación de deuda con diversos acreedores que pueden ser internos o externos, personas físicas o jurídicas, y el compromiso de pago para años y generaciones futuras.
Desde fines del 2015 se han implementado, con el hipotético fin de estabilizar desequilibrios macroeconómicos, un conjunto de medidas y políticas en beneficio de sectores y grupo económicos determinados. En diciembre de aquel año producto de la liberación y unificación del Mercado Cambiario, se produjo una devaluación del Peso del 32,34% para cerrar el año en un Tipo de Cambio Mayorista de $ 13 por Dólar. A su vez, a lo largo del 2016 se adicionó una nueva devaluación de la moneda nacional del 21,88%. De esta forma se dio una transferencia de ingresos desde sectores asalariados y que no comercializan con el tipo de cambio hacia sectores exportadores con un beneficio de mejora en términos de intercambio del 61,30%.
Una devaluación produce una reasignación de recursos desde el sector doméstico (las familias) hacia el sector externo. En este proceso el dinero mantiene su función extraordinaria y redistribuye ingresos de manera regresiva. En nuestro país una devaluación reduce los salarios y genera beneficios para los exportadores en detrimento de los trabajadores; si bien puede producir un descenso de importaciones, lo puede hacer a través de la caída de su demanda. La devaluación transfiere a los precios internos su modificación y disminuye aún más el poder de comprar (adquisitivo) de los asalariados.
En este orden, siempre y cuando se mantenga un tipo de cambio devaluado competitivo en favor de los sectores exportadores de materias primas y de la industria, es indispensable la mantención y aplicación continua de políticas, beneficios y asignaciones (puede interpretarse como compensaciones) de distinto tipo para los asalariados, trabajadores, jubilados y sectores más relegados, quienes son los más perjudicados o no beneficiados directamente por la existencia de un tipo de cambio devaluado.
En el ámbito cambiario, durante todo el 2016 se liberaron y quitaron restricciones para adquirir moneda extranjera sea para atesorar, comercializar o remitir al exterior, tanto para las personas físicas como jurídicas. En la búsqueda de unificar los distintos tipos de cambios y dejando de lado la estructura productiva desequilibrada (explicación en párrafo a continuación) de nuestro país se liberalizó totalmente el mercado de divisas.
En un cambio radical de visión y concepción de la economía, las medidas aplicadas se direccionaron a beneficiar al sector agropecuario, un sector que goza de ventajas comparativas naturales y una productividad particularmente alta, cuya producción se orienta en gran medida hacia el exterior y que genera una renta extraordinaria. Por su parte, el sector industrial es heterogéneo y poco integrado, centrado en bienes de consumo dirigidos al mercado interno con elevados costos de producción y una productividad mucho menor (esa situación sería la que justificó la adopción de tipos de cambio diferenciales, con un dólar más alto para proteger la industria, al menos por un tiempo hasta que se consolide e incentive su desarrollo exportador).
A su vez, la liberalización del mercado de divisas y la devaluación de la moneda mantuvo un errático diagnóstico previo, tanto del Ministerio de Hacienda como del Banco Central de la República Argentina (BCRA), puesto que ambos organismos descontaban que los distintos precios de la economía estaban indexados al tipo de cambio informal en el orden de los $ 14 / $ 15. Ésta equivocada lectura de la situación junto al sobrante de dinero en la economía y su estructura desequilibrada produjo un crecimiento de precios por encima del 47 % en 14 meses.
La inflación del 2016 en el orden del 44% no fue sólo corolario de la devaluación. Si bien por un lado se observó una inflación cambiaria producto de la depreciación del peso, por el otro se llevó a cabo una corrección en los precios de los servicios como luz, gas, agua y transporte con un incremento también en los precios de los combustibles y quita de subsidios. Este conjunto de medidas incrementaron el ritmo inflacionario dando como resultado una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.
Cabe destacar que a lo largo de todo el pasado año el BCRA se mantuvo absorbiendo pesos del mercado a través principalmente de la colocación de Lebacs (Letras del Banco Central). Este hecho si bien costoso, ha podido retirar pesos de la “calle” y evitar que el sobrante se traslade más a precios o al Tipo de Cambio. De todos modos, el costo de este accionar ha sido un creciente nivel de intereses que el BCRA debe ir pagando y un cese en el nivel de actividad de la economía.
Durante los últimos 14 meses los jubilados, trabajadores y beneficiarios de planes asistenciales han visto cómo se ha desgastado su poder de compra por el incremento de precios por encima del aumento de sus ingresos (en el orden del 31% según algunas paritarias y actualizaciones) y se ha reducido su bienestar social, situación incorporada a la transferencia de recursos producto de la devaluación.
Por su parte, ante el crecimiento de precios se da la intención del Gobierno de abrir aún más el ingreso de importaciones con el fin de crear mayor competencia en el mercado interno. Sin considerar los efectos adversos sobre el mercado de trabajo y el sector pyme.
En lo referido a los sectores agroexportadores, no sólo se han visto beneficiados por la mejora en sus precios relativos producto de la devaluación sino también gracias a la quita total de retenciones a diversos commodities y en la reducción gradual sobre la soja. De esta manera, grandes beneficiados han sido empresas internacionales las cuales son las principales grandes exportadoras de productos primarios.
La implementación de derechos de exportación o retenciones generó un tipo de cambio diferente para el sector exportador, es decir un nivel inferior al oficial. Es así que estas medidas permitieron establecer tipos de cambio diferenciales, manteniendo por un lado un nivel de rentabilidad menor para un sector (agro) que obtiene rentas extraordinarias y por otro, protegiendo el sector industrial con una productividad menor debido a sus costos, su mercado y su necesidad de insumos importados. Asimismo el cobro de derechos de exportación permite al Estado Nacional incrementar su recaudación contribuyendo al crecimiento económico y las arcas fiscales. Las retenciones compensarían (al menos parcialmente) los efectos de la estructura productiva desequilibrada, permitiendo tener un tipo de cambio más alto para la industria (sector de menor productividad) y uno más bajo para el agro (competitivo internacionalmente). De esta forma se buscaba optimizar la competitividad de toda la producción nacional, con un nivel de retenciones que tome en cuenta los cambios permanentes en las condiciones determinantes de costos.
Dentro de este sentido, es importante comprender que la fijación de un tipo de cambio elevado y la “retención” de las rentas extraordinarias, generado hacia algunos rubros no es un mero recurso fiscal transitorio del Estado, sino un mecanismo de asignación de recursos para lograr un desarrollo económico óptimo con mayor equilibrio e inclusión social.
Del análisis de la recaudación de los recursos aduaneros se observa como en el pasado año incrementaron los derechos de importación (con respecto al 2015) mostrando la apertura de la economía. Este hecho es más notorio al considerar que tanto el consumo interno como el producto han descendido.
Por su parte, puede inferirse también que la quita de retenciones al sector agropecuario no ha significado una pérdida considerable de recursos al Estado, sino ha sido una medida más bien en beneficio particular de unos pocos actores.
Todo este conjunto de políticas públicas tienen un perfil identificado con la búsqueda de crear equilibrios y generar hipotéticamente, en un mediano o largo plazo, un efecto derrame sobre el resto de la economía y sectores. Pero cabe destacar que los equilibrios son para el sector empresarial. Un capital empresario tanto nacional o internacional que ante diversas políticas se ve beneficiado con medidas o situaciones para adquirir mayor rentabilidad.
Ahora bien, la búsqueda de los supuestos equilibrios es una decisión de redistribución del ingreso, es por esto que si bien la economía necesita armonía entre sus variables, el hecho pasa por sobre quién recaen las consecuencias en la medida en que se aplican diversas políticas.
El endeudamiento nacional es otra de las acciones llevadas a cabo con intensidad durante los últimos 14 meses de Gobierno. En el 2016 La Argentina volvió a los mercados internacionales con la colocación de deuda de USD 16.500 millones en 4 bonos con diferentes plazos y una tasa promedio del 7,14% con el fin de pagarle el reclamo de deuda a un reducido grupo de fondos buitres. A su vez, la calificadora de riesgo Moody´s subió la nota de la deuda argentina de Caa1 a B3. De todos modos, esta no fue la única emisión sino que se acumula aproximadamente un stock de deuda por parte del Tesoro Nacional, el Banco Central y las Provincias por encima de los USD 72.000 Millones (4).
Un aspecto importante de destacar es que la mayoría de la deuda emitida se ha utilizado para cubrir gastos corrientes, pagar intereses, refinanciar pasivos, pagar importaciones y afrontar erogaciones transitorias del Estado. Este es el punto clave, tomar deuda no siempre es negativo sino que lo relevante sería hacerlo para invertir en actividades y políticas que repercutan en la economía productiva, en infraestructura, que propicien la creación de nuevos empleos, mayor bienestar o que se utilicen esos fondos para financiar proyectos o políticas que en el mediano o largo plazo traigan beneficios para la mayor cantidad de personas y puedan reusarse para afrontar compromisos futuros.
Al utilizar la emisión de deuda como generación de recursos para cubrir gastos se expone al país a la especulación del capital privado e internacional y se genera una vulnerabilidad externa ante diversas coyunturas. En este sentido los acreedores de la Argentina sólo requerirán el cobro de sus tenencias y no una mejora en la situación social ya que su fin absoluto es la búsqueda y obtención de máximos rendimientos financieros.
Por todo, la transnacionalización de la economía argentina se viene dando en la aplicación de políticas que benefician principalmente a las empresas (muchas de estas internacionales) y al capital especulativo, en la mejora de condiciones de sectores concentrados como el agroexportador y el de importaciones particulares, en el endeudamiento del Estado Nacional y las Provincias y en la transferencia de recursos al exterior (5).
Una parte de la transnacionalización que aún no ha sucedido ha sido la llegada de inversión extranjera directa. Si bien se espera la llegada de flujos de inversión con el fin de aplicarse a infraestructura principalmente y en menor medida a inversión industrial, al momento no ha ingresado un caudal de fondos que se trasladen a la economía real en busca de dinamismo y creación de puestos de trabajo (con posterior crecimiento).
En conclusión, la dependencia externa aparece como parte necesaria en la búsqueda del crecimiento y de la generación de empleos. Esta coyuntura se da en la necesidad de demanda de nuestros productos agropecuarios para incrementar la producción y exportaciones, en la llegada de inversión extranjera directa a través de empresas multinacionales o de organismos internacionales para el desarrollo industrial/comercial interno o la expansión de infraestructura pública (respectivamente), y en el endeudamiento externo producto de las colocaciones de deuda internacional con el fin de refinanciar pasivos, pagar intereses y obtener fondos para gastos corrientes. De esta manera, una forma de transnacionalización de la economía argentina se desarrolla con una disminución de la autonomía nacional.
Mariano Uccellatore
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