El poder puede ser considerado la facultad de realizar una acción, es decir todo aquello que estamos habilitados a hacer. Pero esta palabra forma parte de un concepto mucho más amplio que puede ser entendido como una relación de fuerzas presente en toda sociedad que instala un orden social como hegemónico, como normalidad.
En el caso de la problemática de la accesibilidad para personas con movilidad reducida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires hay una combinatoria de ambas significaciones, porque por un lado, por ejemplo, quien pretenda moverse con normalidad en una silla de ruedas realmente no va a poder, pero por otro lado esto puede ser entendido como una estrategia de poder. En este sentido, la discapacidad en tanto “cuerpo-mercancía” en desventaja no es una prioridad para esta sociedad, poniendo en juego su legitimidad social y condenando a gran parte de la población a la exclusión.
Entendiendo a la discapacidad como una relación social inscripta en los modos de producción y reproducción de una sociedad, se puede pensar que, en lugar de haber “personas con discapacidad”, vivimos en una “ciudad con discapacidad”: una ciudad a la que le faltan rampas, están rotas o hay infractores que las tapan; barreras arquitectónicas en el sistema de transporte público; veredas en condiciones intransitables; falta de ascensores y baños adaptados; estacionamientos reservados ocupados; ausencia de parques y plazas adaptadas; entre otros. De este modo se puede comprender que es el entorno el que imposibilita circular libremente, no una limitación de las personas.
Las barreras son aquellas trabas e impedimentos sociales, económicos o arquitectónicos que dificultan la integración de las personas en la sociedad. Y más específicamente, las barreras arquitectónicas son aquellos obstáculos físicos que limitan la libertad de movimiento en cuanto a la accesibilidad (vías públicas, espacios libres y edificios), el desplazamiento (medios de transporte) y la edificación (al interior de edificios y viviendas, como por ejemplo escalones, pasillos y puertas estrechas).
La Normativa Nacional, bajo la Ley N° 24.314: Accesibilidad de personas con movilidad reducida, Modificación de la Ley N° 22.431: Sistema de protección integral de los discapacitados, entiende por accesibilidad la posibilidad de las personas con movilidad reducida de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía como elemento primordial para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, sin restricciones derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico o del transporte, para su integración y equiparación de oportunidades. A su vez, la misma establece la prioridad de la supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos, arquitectónicos y del transporte.
Ampliando esto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contamos con la siguiente Normativa: Ley Nro. 962. Modificación del Código de Edificación Urbana. «Accesibilidad física para todos”; y Decreto Nro. 914 Sistema de Protección Integral de los Discapacitados. Mientras que en la Provincia de Buenos Aires está vigente la Ley número 10.592 del Régimen Jurídico Básico e Integral para la atención de las Personas Discapacitadas; y el Decreto 1149/90, Reglamentación Ley 10.592.
Esto último da cuenta que las leyes garantizan los derechos necesarios para no vivir en una ciudad con discapacidad, sin embargo la problemática no es cuestión de leyes ya que si bien las mismas existen, aún resta que sean respetadas.
Seguramente si vivimos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Provincia de Buenos Aires y hacemos el experimento de vivir unos días de rutina habitual pero teniendo movilidad reducida (lo cual temporalmente o no a cualquiera pudiera ocurrirle) lo más probable es que gran parte de los recorridos que realizamos no estén adaptados. Invito a tomarnos unos minutos para hacer este ejercicio aunque sea mentalmente y así tomar conciencia de la dimensión de esta problemática.
Para concluir, volviendo a la cuestión del poder, la discapacidad no se trata entonces de aquello que algunos no pueden hacer, sino de tener el poder para reivindicar sus derechos y así vivir en una ciudad que pueda ser para todos.
Daniela Teveles
Analista de CECREDA