Es momento de cambiar la lógica de ocupación territorial hacia una matriz acorde a los desafíos que plantea la realidad pospandémica. A las enseñanzas que vamos acumulando a lo largo de este proceso. El mundo quizás ya no se trate de la universalización globalista y esté dando paso a modos de organización en menor escala. A sustituir las formas de concentración poblacional por esquemas de distribución demográfica capaces de reconectar a los individuos con sus lugares de orígen.

Quizás por esto se revitalice la aspiración de un país federal en el imaginario popular. El timming es inapelable. Pero el federalismo no debe ser un siemple ideal ni mucho menos un relato. El federalismo se construye brindándole a cada argentino la posibilidad de ser feliz en el lugar del país que elijan habitar. Y que esa elección esté sujeta al deseo y no atada a un compendio de necesidades propias de la supervivencia.

Quienes abandonan su lugar natal lo hacen en busca de un horizonte mejor que pareciera – a los ojos del interior – estar garantizado en las grandes ciudades del país. Si bien esto quedó desmentido durante la pandemia, es innegable que además de puestos de trabajo las ciudades ofrecen recursos e infraestructura. Pero no tenemos que olvidarnos de la causalidad que sostiene este fenómeno.

Historicamente cada asentamiento poblacional se construyó sobre la base de las posibilidades productivas que la zona brindase. Si hasta la Ciudad de Buenos Aires pareciera estar diseñada por las necesidades de optimización de la actividad portuaria. Y esto es porque la actividad productiva es la encargada de regular y ordenar la vida de las sociedades. En otras palabras, las posibilidades que tenga una comunidad estarán supeditadas a la escala de su entramado productivo.

Entonces debemos aumentar la escala. Debemos crear el marco necesario de incentivo y fomento para poder construir una matriz productiva federal que atienda a las necesidades de cada región y sepa obtener de ellas los mejores resultados. Necesitamos crecer a otra escala, de otra forma. Mientras el Estado comienza a delinear políticas que multipliquen las posibilidades de crecimiento en todo el territorio nacional, los empresarios tenemos el compromiso de organizar el entramado productivo.

Abrir fábricas que generen nuevos mercados. Nuevos mercados que atraigan individuos que demandarán escuelas y hospitales. Comercios y servicios capaces de satisfacer necesidades y aspiraciones tan heterogéneas como universales. Fábricas que alimenten la identidad de cada lugar. Porque la industria construye comunidad. En este caso, pequeñas y medianas comunidades de argentinos y argentinas que viven donde desean, con felicidad.

Mauro Gonzalez.

Día a día se suceden anuncios desde distintas carteras del gobierno que refuerzan nuestra convicción sobre la clara orientación productivista adoptada para proyectar la economía del país. A pesar del obstáculo que la pandemia significó para el desarrollo – local y mundial – en nuestro país la industria creció un 7,9% en enero, con sectores que mejoraron hasta un 20% respecto de 2019 (según el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) del Ministerio de Producción de la Nación )

Pero esta recuperación es apenas un síntoma positivo. Queda mucho camino por delante para empezar a consolidar una reconstrucción significativa que reverbere en la experiencia cotidiana de los argentinos. De hecho, mientras se sientan las bases para un relanzamiento de la actividad industrial, lo urgente es la recomposición del mercado interno.

En este contexto es convocado el Consejo Económico y Social. Para redefinir las relaciones entre salarios, precios y tarifas. Para sentar un nuevo contrato distributivo que permita la posibilidad de pensar en un crecimiento sustentable. Pero esta discusión debe superar las expectativas de la inmediatez y accionar sobre la estructura económica per se. Resulta entonces un momento inmejorable para plantear la necesidad de acordar políticas productivas a largo plazo que garanticen el insumo indispensable para crear futuro: previsibilidad.

Los empresarios PYMEs necesitamos previsibilidad. Necesitamos un marco normativo consensuado que nos permita planificar nuestras inversiones independientemente del signo político gobernante. Porque lejos de los lugares que nos asigna el sentido común de la desindustrialización, los empresarios PYMEs creemos en la inversión productiva y el desarrollo de una industria nacional de excelencia que mejore las condiciones socioeconómicas de nuestro pueblo mientras construye soberanía.

Necesitamos estabilidad para crecer. Crecer para generar más puestos de trabajo. Más puestos que generen mejores salarios. Mejores salarios que robustecen el mercado interno. Necesitamos reinsertarnos en el círculo virtuoso del crecimiento con inclusión. Y la única manera de garantizar este camino es mediante la acción conjunta de todas las gremiales empresarias y los sindicatos de trabajadores. 

La historia argentina ha demostrado que oscilar entre proyectos industrializadores y matrices de especulación financiera es un fenómeno, cuanto menos, esperable. Como también ha quedado de manifiesto que los modelos productivistas generan condiciones que favorecen la movilidad social, aumentan las tasas de empleo y crean escenarios de estabilidad social. En esta línea debemos insistir para consolidar políticas económicas a largo plazo que aseguren la continuidad de un proceso de desarrollo inclusivo a pesar de las embestidas neoliberales.

Ahora es el momento de las PYMES.

Mauro Gonzalez
Presidente
Centro Estrategico para el Crecimiento y Desarrollo Argentino (CECREDA)
Empresario Pyme Textil

Sin importar la forma que la ideología neoliberal tome para gobernar nuestro país, su plan económico se repite sistemáticamente: apertura de fronteras para productos importados, quitas de subsidios a la producción y desregulación cambiaria en nombre del libre mercado y la integración internacional. Pero en definitiva, este tipo de medidas no tienen otra intención más que favorecer un clima de especulación y acumulación financiera en detrimento de todo proyecto de desarrollo industrial.

También sistemáticamente, todas estas aventuras liberales han sido reforzadas con campañas comunicacionales que supieron erosionar hasta el estigma al empresariado nacional. Claro que los tiempos cambian y los mensajes se adecúan. Aquella silla colapsando en la pantalla chica parecería hoy poco más que una sátira. Los conceptos se actualizan porque los resultados de los grupos focales así lo demandan. Pero los planes no cambian.

La última experiencia neoliberal nos costó el cierre de 25 mil empresas argentinas mientras el entonces presidente, Mauricio Macri, nos explicaba las virtudes de la competitividad. Instalaba ideas como la ineficiencia, los altos costos laborales o el grado de sindicalización de nuestros trabajadores con el único fin de ocultar la verdadera intención de su gobierno: desmantelar el entramado productivo nacional.

Los mensajes se adecúan, pero los planes no cambian. Se construye sentido común a través de discursos mientras se refuerzan las vías de acción política. Se argumenta la aniquilación. Porque cabe aclarar que no fue la capacidad retórica de Macri lo que contuvo a gran parte de la dirigencia gremial empresaria, sino la intervención de las entidades que nos representan. Ya fuera de hecho o mediante el uso de influencias.

Ningún modelo neoliberal admitirá jamás una visión de desarrollo industrial porque necesitan pobreza, desempleo e inequidad para funcionar. La idea de competitividad trafica concentración económica y geográfica, postergación del mercado interno y precarización laboral. Entonces, las pequeñas y medianas empresas son atacadas no por su falta de competitividad, sino porque representan una amenaza ética para estos modelos.

Ya no podemos ignorar la variable cultural a la hora de planificar nuestra actividad. Tenemos la obligación de proyectar políticas empresariales que contemplen esta noción para generar un compromiso mayor con el resto de la sociedad. El empresario PYME está llamado a ser un nuevo sujeto social, capaz de comprender que su lugar está junto a los trabajadores y cada uno de los argentinos que aspira a la construcción de un país más justo. De lo contrario, todos los esfuerzos que hagamos serán sepultados eventualmente ante otra embestida neoliberal.

La asimetría de fuerzas nos obliga a estar en el territorio. Debemos unirnos para amplificar nuestro mensaje. La responsabilidad social no debe ser reducida a acciones aisladas y políticamente correctas. Debe ser un actitud revolucionaria. Una militancia permanente y dinámica que permita a la ciudadanía descubrir la importancia de la industria nacional. Tenemos que demostrarle a cada habitante de nuestro país que las pequeñas y medianas empresas están listas para construir un futuro mejor.

Cuando empezamos a transitar las primeras semanas de la pandemia, en un escenario de completa incertidumbre, algunos pensadores y referentes políticos imaginaban la posibilidad de un cambio radical en nuestro modo de acumulación a nivel global. Surgió entonces un espíritu humanizador de la economía que se sostenía en la convicción de que el capitalismo salvaje estaba implosionando y ya no podría dar respuesta a las necesidades de una sociedad empobrecida y muy golpeada.

Esta parábola parece casi anecdótica. Poco tiempo tuvo que pasar para que esta ilusión se desmorone ante la evidencia de un mundo que recrudece sus mecanismos coercitivos para asegurar la concentración de riqueza por parte de los grandes ganadores de siempre. Las empresas transnacionales desoyeron las necesidades de la sociedad y amenazaron con despidos. Los grandes pooles exportadores especularon con la liquidación de divisas y la provisión de alimentos. Y los bancos, sencillamente, fueron fieles a su tradición.

Hacia fines de marzo, el Gobierno Nacional dispuso la creación de una línea de créditos al 24% anual con 3 meses de gracia para que las pequeñas y medianas empresas pudieran acceder al capital necesario para sobrevivir a la pandemia y conservar los puestos de trabajo. Y a pesar de las sanciones que poco después aplicaría el Banco Central, las entidades financieras se mantuvieron reticentes a otorgarlos alegando que los beneficiarios representaban un alto riesgo de incobrabilidad. La casa siempre gana.

Hacia fines de 2015, la intermediación financiera representaba el 3,95% del PBI y se ubicaba en el undécimo lugar del ranking que ordena las 12 actividades con mayor influencia en el valor agregado nacional. Las políticas económicas adoptadas por el gobierno de Mauricio Macri significaron la suba de casi un punto porcentual de participación, alcanzando el 4,92% y una consecuente escalada a la novena posición. Como contrapartida, la industria – que hasta 2015 encabezaba el ranking en cuestión como la actividad que más valor agregado generaba – descendió al segundo lugar. 

Las mentes más obtusas (o simplemente cómplices) alegaron que ninguna entidad privada ingresa al mercado con la intención de perder. Ni siquiera admitirán la posibilidad de que estos reduzcan sus márgenes de ganancia en un contexto donde casi todos estamos perdiendo. Pero esta simplificación no es inocente. Dista de ser una lectura errónea. Es el intento manifiesto de velar las intenciones de un sistema que está configurado para favorecer la especulación financiera en detrimento de todo intento industrializador.

La banca privada ha sabido obstaculizar (hasta a veces desvanecer) los intentos de cada pequeña y mediana empresa del país que quisiera acceder a los programas impulsados por el Ejecutivo para sostener la producción y el trabajo. La pobreza y el desempleo no pueden ser leídas solamente como consecuencias del capitalismo salvaje, sino que son además su insumo indispensable. 

La casa siempre gana. Y gana más aún con cada vez que pierde la producción. Entonces, ¿por qué habría de responder a las necesidades de la industria nacional? Las pequeñas y medianas empresas de todo el país necesitan una alternativa. Las PYMEs necesitamos una banca especializada destinada al desarrollo sustentable de nuestro entramado productivo a través de créditos para bienes de producción y programas de inversión. Necesitamos la apuesta concreta. Un pleno al futuro industrial de nuestro país.

Mauro Gonzalez

La pandemia no solamente ha afectado toda la actividad económica a nivel global, sino que también ha lastimado la estructura misma que organizaba las relaciones de producción. En todas partes del mundo vemos como los estados comienzan a hacer especial énfasis en la necesidad de repensar la matriz distributiva de las naciones.

En este sentido, se instala una idea de justicia tributaria. Una trasferencia de recursos desde los sectores más acaudalados hacia las inmensas mayorías que son más afectadas por la crisis. Por todas las crisis. En resumidas cuentas, un impuesto a los grandes patrimonios.

Esta discusión ya se ha instalado en la agenda de países como España, Italia, Rusia, Suiza, Brasil, Chile, Bolivia y Ecuador. Sean proyectos oficiales o iniciativas de la oposición, el tema se ha tornado ineludible hasta en los Estados Unidos. Aún en Alemania, donde ya existe una política tributaria altamente distributiva, analizan actualizaciones dada la dimensión de la crisis.

La Argentina no es excepción. Especialmente, después de un período en el que los dueños de las mayores riquezas se beneficiaron con blanqueos, magros controles de capitales, transferencias millonarias del Estado y – en consecuencia –  más concentración.

Quizás por eso resulten tan insostenibles los argumentos en contra del aporte extraordinario. Porque no están sujetos a ninguna premisa sólida o verificable. Porque inclusive se opone a la voluntad de gran parte del electorado que estos voceros del poder dicen representar. La resistencia a este aporte solidario es la punta de lanza de una cruzada de los sectores mas concentrados por mantener el status quo.

Porque ante la materialización de una contribución excepcional podremos comenzar a imaginar un sistema tributario progresivo. Pensar en transferencias planificadas que incentiven la producción nacional. Superar la falacia de creer que la inversión y el trabajo dependen de aquellos que siempre han preferido los réditos de la especulación financiera.

Esta experiencia indefectiblemente pondrá en crisis varios lugares comunes sobre el rol del Estado en la organización de nuestra sociedad. O al menos nos servirá para confirmar que no es la intervención estatal lo que inquieta, sino que se intervenga dando respuesta a las necesidades de los sectores más vulnerables y las demandas de los grupos que aspiran al desarrollo soberano. En definitiva, lo que inquieta es un horizonte de justicia social.

Mauro González
Centro Estrategico para el Desarrollo y Crecimiento Argentino (CECREDA)
Empresario Pyme Textil